A la hora de analizar las consecuencias de la doble insularidad, sorprende la falta de estudios que se han elaborado sobre la cuestión, pese a la importancia que este condicionante tiene en la vida de los habitantes de las Islas no capitalinas.
Los análisis que se han realizado no sólo son escasos sino que en la mayoría de las ocasiones se aborda este factor como un capítulo más dentro de los efectos de la insularidad y la ultraperiferia. Pero la realidad es que casi el 20% de la población de Canarias sufre las consecuencias de vivir en enclaves alejados y además lo padece diariamente en casi todos los pasos que da en su vida: cuando compra, llena el depósito de su coche, va al médico o se traslada fuera de la Isla. Pocos pueden dudar de que el factor doble insularidad siempre resta.
De ahí la necesidad de que se cuente lo antes posible con un informe en el que se refleje cuánto, cómo y cuándo los habitantes de las islas no capitalinas se ven afectados por vivir donde viven. Éste fue el motivo que impulsó hace algunos meses al diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, a presentar una iniciativa parlamentaria para que la Consejería de Economía elabore un informe que avance en este sentido. Pese a que la propuesta fue aprobada por unanimidad en la Cámara regional, poco más se ha hecho desde entonces. No es raro que durante el último debate del estado de la nacionalidad, el propio Curbelo haya tenido que recordar el compromiso adoptado.
Contar con este estudio significa dar un paso significativo a la hora de tener un diagnóstico lo más cerrado posible sobre la desventaja con la que se ven obligados a jugar los habitantes de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. En esta misma línea se enmarca la propuesta de ASG, también presentada en el Parlamento y aprobada en el Cabildo de La Gomera, con los fondos en solitario del grupo de gobierno encabezado por Curbelo, para que se cree un fondo interinsular de solidaridad con estos enclaves.
Su dotación no sería menor al 30% de las inversiones con las que anualmente cuenta el Gobierno canario y serviría precisamente para compensar las consecuencias negativas derivadas de la doble insularidad en aspectos como el transporte, sanidad, mercancías, dependencias y servicios sociales. El presidente del Cabildo invita a la oposición integrada por el Partido Popular (PP), PSOE, Sí se puede y Nueva Canarias (NC-ADG) a explicar a los vecinos su negativa a apoyar la propuesta.
Pero el objetivo de Curbelo va más allá. El diputado regional quiere que estos territorios cuenten con un estatuto diferenciado que garantice sus financiación. De esta manera se daría vía libre a un marco jurídico singular dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF), en el que se incluyan medidas estructurales destinadas a compensar a estos territorios, incluida La Graciosa. El reto es afianzar acciones permanentes porque «si las desventajas son invariables también lo deben ser las medidas para compensarlas», señala Curbelo.
En otra ocasión ASG defendió que los 160 millones del Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE), se dediquen a contrarestar los efectos de la doble insularidad. Curbelo también solicita un trato especial para estos enclaves en el reparto de los 2.000 millones de fondos europeos que llegarán el próximo lustro. “No estamos hablando de una cuestión política sino económica. Nuestra tarea es conseguir que todos los habitantes de Canarias puedan disfrutar de las mismas oportunidades sin depender de donde vivan”, indica. El presidente del Cabildo cita, como ejemplo, los gastos que representa para una familia de las islas periféricas que sus hijos estudien en la Universidad. O los desembolsos inasumibles para un pensionista que tenga que desplazarse a un hospital de las islas capitalinas.
Entre los escasos informes que se han elaborado para cuantificar los efectos de la doble insularidad, está el suscrito por el madrileño Centro de Estudios Económicos Tomillo a principios de la pasada década por encargo de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea (UE). No obstante, hace cinco años se llevó a cabo una revisión de estos trabajos y de esta manera se pudieron actualizar los datos. Como resultado ha trascendido que las Islas periféricas soportan un sobrecoste cercano a los 908 millones de euros anuales derivados de los efectos de la doble insularidad. El Centro calculó que el carácter ultraperiférico de Canarias da lugar cada año a un gasto que cifró en 5.080 millones. También se plantean otros datos como que el precio del transporte de mercancía por mar es el doble que en Baleares con lo cual las empresas de las islas periféricas han llegado a pagar 180 millones de más al año por este concepto.
La Fundación apunta que la doble insularidad hace que algunos componentes del sobrecoste global tengan una incidencia relativa más alta en las empresas de las islas no capitalinas. Es el caso del derivado del transporte de mercancías y de viajes como consecuencia de la actividad, muy relacionados con la fragmentación insular y las dificultades de accesibilidad interinsular. En ambos supuestos el ratio sobrecoste por la facturación es más bajo en las islas capitalinas: un 3,37% frente a 5,86% para el sobrecoste de transporte de mercancías y 0,28% frente a 0,56% para el de viajes. Además, ya que el incremento de transporte de mercancías representa prácticamente el 50% del total, también de manera agregada las empresas de las islas no capitalinas se ven afectadas en mayor medida por la sobrecarga de ultraperiferia. En concreto, el tanto por ciento de ratio sobrecoste – facturación se sitúa en el 8,9% para las empresas de las islas no capitalinas frente al 7,35% que corresponde a las ubicadas en Tenerife y Gran Canaria.
Las conclusiones del estudio elaborado por la Fundación no dejan demasiado espacio para la duda: la fragmentación de las Islas da lugar a costes adicionales para las empresas que sobre todo se concretan en multiplicación de personal y de infraestructuras, además de acentuar los ya de por si elevados desembolsos de la ultraperiferia. “Por lo tanto a los inconvenientes y dificultades genéricas de las regiones ultraperiféricas hay que añadir, en el caso de Canarias, las dificultades y costes adicionales que entraña operar en un territorio fragmentado en siete islas”. Todo este cúmulo de impedimentos ha dado lugar a que sea imposible la implantación de nuevas actividades e impulsar la expansión empresarial.
Otro estudio sobre este fenómeno fue elaborado por el profesor Roberto Fernández Llera, de la Universidad de Oviedo y Santiago Lago Peña de la de Vigo en 2010. En el mismo se apunta que la doble insularidad contribuye a frenar el desarrollo de las comunicaciones interinsulares, repercute en el mercado regional canario poco integrado y añade una dificultad para la promoción de un destino turístico único en el exterior. También representa un menoscabo para la equidad en el acceso a algunos servicios básicos.
Hace también una década los investigadores, Ignacio Abasolo, Lidia García, Raquel Aguiar y Asier Amador, hicieron un estudio monográfico sobre lo que ocurre con los servicios sanitarios. El informe se basó en una amplia encuesta y datos estadísticos y sus conclusiones vienen a ratificar lo que todo el mundo presuponía: la doble insularidad no sólo condiciona la oferta de trabajo y encarece los costes de provisión y abastecimiento de productos, sino que representa igualmente una limitación en el uso de los servicios sanitarios públicos perjudicando a los residentes en las Islas no capitalinas.
En líneas generales, excepto La Palma, los habitantes de estos enclaves utilizan menos los servicios hospitalarios y de urgencias. Estas diferencias no se explicarían por las características relacionadas con la necesidad sanitaria ni con factores demográficos o socioeconómicos. En cualquier caso los investigadores ratifican que los residentes en estas Islas se ven perjudicados por la doble insularidad, hasta el punto de haberse creado un problema de equidad en los servicios sanitarios.
Y lo es así por dos hechos fundamentales: estos contribuyentes disponen de menos infraestructuras y dotaciones sanitarias que Gran Canaria y Tenerife, a cuyos hospitales de referencia tienen que acudir en muchas ocasiones. Pero además la fragmentación del territorio y la proliferación de instalaciones múltiples, hace que no se aprovechen las economías de escala de provisión sanitaria. La consecuencia directa es que se incrementan los costes medios.
Entre los resultados obtenidos está que los residentes de Fuerteventura y Lanzarote van menos al médico general que los de La Palma o La Gomera, que a su vez están por debajo de la media de los habitantes de las islas capitalinas. Además, los habitantes de las Islas periféricas apenas acuden una o dos veces al año al especialista, frente a una media de tres en el caso de Tenerife y Gran Canaria. No habría diferencias en cuanto a urgencias u hospitalizaciones. Los informes sugieren que existe un efecto “isla no capitalina” en el uso de los servicios sanitarios, aunque los resultados están condicionados por factores como las necesidades sanitarias a nivel individual, entre otros. El estudio en realidad dejó varias puertas abiertas que los investigadores instaron a cerrar en futuros trabajos.