Miembros del Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción ha presentado hoy un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial en el que denuncian la «crisis permanente» de la justicia en La Gomera.
En el escrito, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, el presidente de la asociación, Pedro Medina, recuerda que cinco jueces han pasado en tres años por el juzgado de San Sebastián.
Expone que ese juzgado casi nunca ha estado cubierto con un juez titular y cuando lo ha estado ha sido por muy poco tiempo, y también se indica en el escrito que los jueces se ven obligados a sacar el trabajo diario y las causas más complejas, que algunas datan de 2007, «se han ido relegando».
Alude Medina a la «considerable» carga de trabajo que implica el desempeño de las funciones en un único juzgado de primera instancia, instrucción y violencia de género, y advierte de la escasez de funcionarios.
Denuncia que están paralizadas en la fase de instrucción varias diligencias previas en las que están investigados y denunciados destacados políticos, empresarios y funcionarios, entre los que se encuentra el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo.
Pedro Medina asegura que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias no colaboró cuando fue requerida a pagar un peritaje y «han transcurrido ya más de 4 años y aún no se ha realizado dicho peritaje», indica.
Otro ejemplo de retraso, según Medina, son las diligencias instruidas por el incendio de 2012, que, al ser elevadas al TSJC tras el aforamiento de Curbelo, los magistrados han devuelto al juzgado de San Sebastián porque «no consta practicada diligencia alguna de investigación de los hechos denunciados» después de casi 4 años.
A su vez, la jueza que instruye las diligencias previas por atentado a la autoridad de Curbelo en Madrid en 2011, dijo en marzo de 2013 que se encontraba a la espera de que el fiscal presentara el escrito de acusaciones y «cinco años después siguen sin ninguna resolución», señala.
Pedro Medina subraya la alarma social que causan estas dilaciones y falta de respuesta por parte de la administración de justicia «ante los que se piensa que son poderosos y pueden controlar todo».
Alerta de que tanta dilación puede llevar a la prescripción de alguno de los presuntos delitos.
«Estas situaciones causan una gran alarma social al ver que por hechos que cualquier ciudadano sería juzgado en un par de meses, éstos transcurren los años sin que avance la investigación y puedan o no ser enjuiciados», agrega.
En el escrito, Medina pide al Consejo General del Poder Judicial que adopte las medidas necesarias para que el funcionamiento del juzgado de primera instancia e instrucción de La Gomera sea eficaz en la atención al ciudadano.
