Las represivas campañas nacionales de seguridad puestas en marcha a lo largo de 2015 han supuesto un asalto contra derechos y libertades fundamentales, entre ellos, la libertad de prensa, han denunciado en un comunicado conjunto Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, ambas organizaciones han denunciado que profesionales de la comunicación y otras personas que expresan sus ideas a través de los medios de comunicación tradicionales y en el ámbito digital sufrieron persecución, amenazas, encarcelamiento, secuestros, tortura e incluso fueron asesinados el año pasado.
Asimismo, han expresado su preocupación por todos los casos en los que se vulnera el derecho a la libertad de prensa en el mundo y han exigido el fin del acoso y el hostigamiento hacia periodistas, estudiantes, escritores, artistas, manifestantes o cualquier persona que busque expresar públicamente sus ideas. Igualmente, han manifestado su preocupación respecto a la «autocensura motivada por el miedo».
«Acusaciones como ‘incitar a la subversión contra el poder del Estado’, ‘difundir informaciones falsas’ o ‘incitar a la violencia’ se han convertido en la fórmula para hacer callar a quienes disienten de las opiniones de gobiernos o grupos armados«, ha denunciado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
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«La lucha contra el terrorismo está sirviendo de coartada para limitar en numerosos países la libertad de información con leyes represivas. Es el caso de Francia, Egipto, Rusia o Turquía», ha subrayado por su parte la presidenta de RSF en España, Malen Aznárez.
Asimismo, ha puesto el acento en que «diversos grupos armados realizan asesinatos, secuestros y ataques de todo tipo contra los periodistas y blogueros que se han convertido en sus objetivos». Por ello, ha defendido que «es imprescindible establecer un mecanismo concreto para su protección que se aplique en la legislación internacional, como el puesto del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Seguridad del Periodista».
Fotoperiodista egipcio
Para ambas organizaciones, «un caso flagrante» es el del fotoperiodista egipcio Mahmud Abu Zeid, conocido como Shawkan, detenido desde agosto de 2013 por tomar fotografías de una protesta que fue violentamente reprimida por parte de las fuerzas de seguridad.
El fotoperiodista «se enfrenta a cargos falsos específicos, entre ellos ‘ingreso en una banda criminal’, ‘asesinato’ o ‘participación en una concentración con fines de intimidar, crear terror y poner la vida de personas en peligro'», han recordado.
Mahmoud Abu Zeid ha negado todos los cargos, pero si es declarado culpable, han advertido, podría ser condenado a muerte. Su próxima vista judicial está prevista para el próximo 10 de mayo, por lo que Amnistía Internacional y RSF han exigido «su liberación inmediata e incondicional».
Además, han invitado a los internautas a utilizar el hashtag #FreeShawkan desde sus cuentas de Twitter para mostrar su apoyo al reportero egipcio encarcelado, apadrinado por periodistas de RSF España, y unirse así a la campaña internacional en favor de su libertad.
Puntos calientes
Por otra parte, ambas organizaciones han llamado la atención sobre cuatro «puntos calientes» en lo que a la libertad de prensa se refiere en 2015: Egipto, Turquía, México y Rusia.
En el caso de Egipto, han subrayado que, con 24 periodistas encarcelados durante 2015, es uno de los países donde más se ha restringido el derecho a la libertad de información. Además de a Shawkan, durante el año pasado se enjuició a varios periodistas que trabajaban para medios informativos críticos con las autoridades egipcias o vinculados con grupos de oposición por divulgar «noticias falsas», entre otros cargos penales de motivación política.
Los tribunales impusieron largas penas de prisión a varios y condenaron a muerte a uno de ellos por crear presuntamente «comités de medios de comunicación» y «dirigir y financiar un grupo prohibido», han añadido, resaltando que los que fueron encarcelados presentaron recursos ante el Tribunal de Casación, que anuló su sentencia condenatoria en diciembre y ordenó que se les juzgara de nuevo.
En lo que se refiere a Turquía, fue el país europeo que más periodistas encarceló en 2015, entre ellos aldirector de ‘Cumhuriyet’, Can Dündar, y a su redactor jefe Erden Gul, acusados de espionaje, divulgación de secretos de Estado y colaboración con una organización terrorista, tras publicar en el diario que los servicios de Inteligencia habían transferido armas a un grupo armado en Siria, en 2014. De ser declarados culpables podrían ser condenados a cadena perpetua.
Además, numerosos periodistas y medios de comunicación críticos fueron objeto de una «fortísima presión», han explicado, recordando que varios periodistas fueron despedidos por sus directores por realizar reportajes o comentarios críticos con el presidente Erdogan; sitios web de noticias, incluidos amplios sectores de la prensa kurda, fueron bloqueados por «motivos poco claros» en virtud de órdenes administrativas, con la ayuda de un poder judicial dócil; y la Policía acosó y agredió a periodistas que informaban desde la región suroriental, predominantemente kurda.
En México, durante 2015 continuaron las amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores de Derechos Humanos. A pesar de la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en 2012, la falta de recursos y coordinación provocó que no se ofreciera la protección adecuada, según Amnistía y RSF.
Así, la cifra de peticiones de protección en virtud del Mecanismo se mantuvo constante, y aunque aproximadamente el 90% de ellas fueron aceptadas, persistió la impunidad por amenazas y agresiones. Según datos de RSF, ocho periodistas fueron asesinados en 2015, en cinco de cuyos casos aún se desconoce la razón de su muerte, y en lo que va de 2016, ya han sido asesinados cuatro periodistas.
Por último, en Rusia, el control directo del Estado sigue siendo el mayor obstáculo para la libertad de prensa, en opinión de las dos organizaciones. Durante 2015, la política editorial de la mayoría de los medios de comunicación reprodujo fielmente las opiniones oficiales sobre sucesos clave del ámbito nacional e internacional al tiempo que las autoridades ampliaban su control sobre Internet, procediendo al cierre de miles de web.
Las violaciones del derecho a la libertad de expresión afectaron a la sátira política; a la información difundida por activistas LGBTI; a la información sobre protestas públicas, y a los textos religiosos, entre otros ámbitos. Además, continuó el hostigamiento a medios de comunicación y periodistas independientes, han añadido.