De jornada histórica para las Islas periféricas puede calificarse el pasado 25 de abril. Ese día el Consejo de Gobierno de Canarias dio el visto bueno a la tramitación en el Parlamento autónomo de la Proposición de Ley (PL) para la creación de un Fondo de Solidaridad Interinsular (FSI). Una medida contemplada en el Estatuto de Autonomía pero cuyo contenido y alcance real hasta ahora había pasado desapercibido. En esencia, el artículo 57 del Estatuto recoge la posibilidad de que el Gobierno canario destine partidas económicas concretas a inversiones dirigidas a paliar los efectos de la doble insularidad.
La idea ha sido impulsada por los diputados de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y será debatida en las próximas fechas en el Parlamento canario. Básicamente la solicitud pasa por que se reconozca el hecho de la doble insularidad, entendida como un conjunto de sobrecostes y limitaciones estructurales que afectan a la población de las Islas no capitalinas. Para ello se apuesta por la creación del FSI, cuya financiación correrá a cargo de los presupuestos autonómicos.
Los criterios para fijar el reparto se basarían en la población relativa, saldo migratorio, desempleo, superficie y dispersión territorial. Su destino no es otro que financiar proyectos de inversión efectuados por la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos que promuevan la creación de renta y riqueza en las islas de La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa.
El diputado de ASG, Casimiro Curbelo Curbelo, afirma que la idea final es hacer lo posible para evitar la implantación de lo que denomina, «una Canarias a dos velocidades, entre Islas capitalinas y no capitalinas». El también presidente del Cabildo de La Gomera, recuerda las diferencias existentes que se plasman en hechos cotidianos como la carestía de la cesta de la compra, el transporte o el déficit de servicios públicos como la sanidad y educación.
El sobrecoste de la doble insularidad es una realidad innegable y así lo recogen algunos informes como el elaborado por el Centro de Estudios Económicos Tomillo, que lo cuantifica en alrededor de 1.000 millones por ejercicio. Curbelo recordó que el Parlamento aprobó el pasado año, también por iniciativa de ASG, una proposición para proceder a la actualización de este tipo de datos. Y es que resulta fundamental contar con una base sólida que sirva para cuantificar y compensar a los residentes de estos territorios a través de instrumentos como el propio Fondo.
En la PL que defiende ahora la creación del FSI, se apunta que para decidir su dotación y el programa de actuaciones debe crearse una Comisión Especial, integrada por representantes del Gobierno canario, cabildos y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). En cualquier caso los miembros natos son aquellos que en cada momento ocupen la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno canario, consejeros de Hacienda y Economía, presidentes de las instituciones insulares y siete representantes de la Fecam.
El Fondo se encuadra en una serie de acciones desplegadas históricamente con el fin de compensar la lejanía e insularidad y favorecer la creación de actividades económicas que permitan el empleo y el desarrollo. Pero lo cierto es que estas iniciativas, por muy loables y bienintenciondas que sean, siempre han tomado a Canarias como realidad única sin contemplar mayores diferencias. Y todo ello, pese a que los siete territorios se agrupan, cada vez más claramente, en dos dimensiones diferenciadas.
Por un lado, están las islas capitalinas, muy pobladas y que concentran la mayor parte de las actividades económicas y por otro las no capitalinas, menos pobladas, con mercados subsidiarios y una alta dependencia del abastecimiento a través de las capitalinas. Otra definición incluye a las Islas orientales -Lanzarote y Fuerteventura-, con una creciente población y una intensa actividad turística y las occidentales, -La Gomera, El Hierro y La Palma-, débilmente pobladas, con escasos recursos económicos y una alta dependencia exterior.
En la propuesta parlamentaria se refleja que, después de siglos de aplicación de leyes y medidas excepcionales para compensar la lejanía e insularidad, lo cierto es que el Archipiélago padece en la actualidad índices de paro superiores a la media estatal e indicadores de pobreza preocupantes. La recesión económica ha dado lugar a un deterioro de las políticas especiales para Canarias, con lo cual la vida se ha vuelto más cara y las carencias en transporte público, comunicaciones, coste de productos disponibles y demás, son mayores.
Pero en el caso de las Islas no capitalinas, la realidad es que la situación se ha vuelto aún más insostenible, de manera que los sobrecostes se sitúan cuatro puntos por encima de los de Tenerife y Gran Canaria. De ahí se deriva la necesidad de adoptar un modelo de financiación para Canarias que contemple criterios de solidaridad y que financie estas diferencias por tratarse de un territorio ultraperiférico. O lo que es lo mismo, debe desarrollarse una acción legislativa transversal que impregne todas y cada una de las políticas que se realicen en la Comunidad autónoma.
“No se trata de un problema ideológico, sino de una cuestión económica y social. Es evidente que las poblaciones se regulan por sí mismas en función de la suficiencia de las actividades económicas. Pero es inaceptable que los mercados marquen siempre la pauta porque al final invariablemente acabarán beneficiando a los más ricos”, ha indicado Curbelo.
La proposición de ley pretende la creación de un marco jurídico estructural que aborde, por primera vez, la compensación de los efectos derivados de la doble insularidad y los sobrecostes visibles e infinitos que se producen en las Islas no capitalinas. La PL se inspira en el reconocimiento de la doble insularidad como un hecho real y un factor limitado, por un lado.
Y por otro, en el concepto de la solidaridad interterritorial que se contempla en la propia Constitución, como un mecanismo y principio general para compensar territorios y avanzar en la igualdad. Pero de forma más concreta, el artículo 57 del Estatuto de Autonomía prevé la creación de un Fondo de Compensación que sirva para financiar inversiones y corregir los desequilibrios territoriales.
La propuesta fue debatida en el transcurso de un pleno celebrado por el Cabildo de La Gomera y salió adelante con los votos en solitario del grupo de gobierno, formado por ASG. Acto seguido los dirigentes de esta formación política invitaron a la oposición a explicar su negativa a apoyar la moción. Una postura que quedaría luego aún más en entredicho cuando el Gobierno regional, integrado por el PSOE y CC, dieron vía libre a su tramitación parlamentaria.
Una vez cumplida la aprobación en el Cabildo, será posible que la institución defienda la iniciativa legislativa en la Cámara regional. En estos momentos ASG estudia si presentarla a través del Cabildo, una vez que fue aprobada en pleno, o por medio del grupo parlamentario mixto en el que están integrados. «Pero no hay duda alguna de que se debe tramitar lo antes posible porque consideramos de absoluta prioridad la adopción de estas medidas estructurales», indica Curbelo.
Ahora la PL seguirá los trámites habituales. Volverá al Parlamento para su toma en consideración y, de ser aprobada, se someterá al dictamen de los juristas que forman parte del Consejo Consultivo. Luego se abrirá el plazo de enmiendas y se constituirá el grupo de trabajo que dará forma a la ponencia. Ésta debe recibir el visto bueno de los servicios jurídicos antes de que vuelva de nuevo al pleno del Parlamento para su previsible aprobación definitiva. En su momento, el portavoz de ASG remitió una carta a los diferentes grupos con el fin de informarles sobre el contenido de la propuesta y solicitar su apoyo.
El vicepresidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo, aplaude la creación del fondo por considerar que tendrá consecuencias “muy positivas” en la futura evolución de las Islas periféricas. Perestelo tacha de “evidente” que el desarrollo económico de estos enclaves “es mucho más complicado”, pese a que la triple paridad, –sistema electoral que da igual número de escaños al conjunto de Islas periféricas que a las capitalinas– “ha situado a La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, en el mapa político”.
Pero el miembro de CC en La Palma, considera que todo este esfuerzo aún no es suficiente, “y prueba de ello son las cifras a las que diriamente debemos hacer frente: más paro y una cesta de la compra más cara que en el resto del Archipiélago”. En este desafortunado contexto la posibilidad de que las Islas periféricas se acojan a un Fondo de Solidaridad supone “una oportunidad que no debemos desaprovechar”. Perestelo no quiso concretar la dotación de este Fondo pero recordó que hay estudios que pueden servir como referencia.
Narvay Quintero, representante de CC en El Hierro y consejero de Agricultura del ejecutivo regional, tacha de «fundamental» la propuesta e indica que en varias ocasiones desde la Isla del Meridiano han llamado la atención sobre la necesidad de poner en marcha medidas de este tipo. Pero previamente, coincide en que es preciso cuantificar y contabilizar el coste real de la doble insularidad. Especialmente sangrante le parece el caso del desembolso que implica el transporte de mercancías desde Gran Canaria y Tenerife a las islas no capitalinas y que no se contempla en la actualidad en la concesión de subvenciones.
Quintero dice que aunque es necesario el estudio sobre el coste de la doble insularidad para conocer la dotación real del fondo, también es un hecho comprobado que el incremento usual en los distintos sectores y servicios se suele situar en un 30%. Un caso especialmente llamativo es el desembolso que significa pagar estudios universitarios a los hijos, un dinero que va a parar directamente a las islas capitalinas y genera un movimiento económico en Tenerife y Gran Canaria que también debe ser tenido en cuenta.
Quintero plantea que si las acciones para evitar la Canarias a dos velocidades impregnaran todas las políticas del ejecutivo autónomo, quizás ni siquiera hace falta una mayor dotación en los presupuestos regionales, sino un mejor reparto de las partidas.
El consejero culmina con una reflexión: «No es de recibo que vayamos a Madrid y a Bruselas pidiendo un tratamiento diferenciado y luego en Canarias no compartamos esa solidaridad con quienes peor lo están pasando. Hay que dar un ejemplo de coherencia». Pese a que su discurso pueda parecer un tanto duro, Quintero indica que en general y excepto casos muy puntuales, sí percibe esa sensibilidad en los sucesivos ejecutivos autónomos y en las islas capitalinas.
