Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha dirigido toda su artillería para ahogar a la oposición. El jefe del Estado decretó este viernes un Estado de Excepción y Emergencia Económica que suspende garantías constitucionales ante la posibilidad de un “golpe” contra su Gobierno. “He decidido aprobar un nuevo decreto que me dé el poder suficiente para derrocar el golpe de Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente nuestro país y para enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria en este momento”, dijo.
Hoy, Maduro ha anunciado además su decisión de iniciar ejercicios militares de la Fuerza Armada venezolana (FANB) para prepararse para «cualquier escenario», tras informar de unos supuestos planes de intervención planeados en el extranjero.
Además, el presidente venezolano ha pedido al poder judicial y la cancillería que inicie los trámites pertinentes para abrir un juicio internacional contra el exmandatario colombiano Álvaro Uribe por instar a gobiernos extranjeros a colaborar con una intervención militar en el país suramericano: “Un juicio internacional debería salirle a Uribe Vélez por amenazar con el uso de la fuerza a nuestra patria, a la patria de Bolívar”.
El alcance del Estado de Excepción es de momento incierto. Maduro no ha detallado cómo aplicará este nuevo “estado de excepción” que, según la oposición, podría restringir las álgidas protestas callejeras contra su Gobierno. Jesús “Chuo” Torrealba, secretario general de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha calificado la medida como un “autogolpe” al Estado venezolano. “Esto es, técnicamente, un ‘autogolpe’ porque ha ignorado al Parlamento. Para que este decreto tenga validez legal ha debido ser discutido antes por la Asamblea Nacional de Venezuela y eso no se hizo”, comentó ayer en medio de una concentración opositora hecha en Caracas para pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) –controlado por el chavismo– que agilice los trámites para convocar este año a un referendo revocatorio contra el mandato del sucesor de Hugo Chávez.
El decreto resulta una carta en blanco para el Gobierno. Además de suspender algunos derechos establecidos en la Constitución Nacional de Venezuela, la medida concede a Maduro la potestad de actuar contra quienes considere enemigos de la economía o la soberanía del país.
LA LUCHA CONTRARRELOJ PARA EL REFERÉNDUM DE REVOCACIÓN
La oposición al chavismo se concentró ayer en Caracas, a pocos metros de una movilización oficialista, para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) —dominado por el chavismo— que concluya la verificación de las firmas recaudadas para iniciar una consulta popular que destituya al presidente Nicolás Maduro.
Esta es la segunda manifestación realizada esta semana en el país sudamericano para exigir celeridad al Consejo Nacional. Pero el organismo comicial continúa sin ofrecer respuestas a la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por eso, Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y excandidato presidencial, ha convocado a una nueva movilización nacional para el próximo miércoles hasta las sedes del Consejo Electoral en Venezuela.
La oposición está a contrarreloj. Si hacen un referendo antes del 10 de enero y pierde Maduro, en Venezuela se convocaría a nuevas elecciones presidenciales. Pero si se realiza el revocatorio después de enero, el vicepresidente asumiría el poder hasta 2019.
El proceso revocatorio es largo y consta de varias etapas. El MUD consiguió recoger casi dos millones de firmas, que logró consignar el pasado 3 de mayo en el CNE.
Este organismo tardó no obstante más de un mes en entregar a la oposición el formato de las planillas necesarias para recaudar las primeras firmas del 1% del padrón electoral. Solo accedió a la petición de la MUD tras una amenaza de movilización nacional en protesta por la demora.
El próximo paso es que el CNE valide estas firmas y luego entregue unas nuevas planillas que deben ser firmadas por el 20% de los electores (casi cuatro millones) durante tres días consecutivos. En un eventual referéndum, los adversarios de Maduro deberán obtener un voto más que los obtenidos por el presidente en las elecciones sobrevenidas del 14 de abril de 2013. Todo este proceso podría demorar más de siete meses.
El ardid del golpe
La crisis económica ha derivado en una máxima tensión en el país suramericano. En los últimos dos meses se han producido fuertes protestas callejeras y saqueos en distintas regiones de Venezuela, solo sofocadas por la intervención policial. La alta inflación (180.9% en 2015), la escasez de alimentos y medicinas, los cortes de electricidad y el racionamiento del agua y las trabas para una salida del gobierno de Maduro han colocado a la población en los límites de hostilidad.
Pero el chavismo no cede ante el reclamo. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, ha expresado su incondicionalidad al mandatario venezolano: “La FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) se suma a todo el poder nacional contra la injerencia, el golpe de Estado y la guerra económica”.
El decreto de Emergencia Económica que, originalmente, tuvo una duración de 60 días, fue aplicado por primera vez a mediados del mes de enero por el Gobierno. Maduro, golpeado por la pérdida del Congreso, aprobó esta medida para supuestamente atender con plena libertad de criterios la debacle financiera del país caribeño.
Pero la Asamblea Nacional –dominada por la MUD– rechazó las intenciones presidenciales por considerar que la crisis podía ser solucionada sin necesidad de otorgar poderes especiales al Ejecutivo que, supuestamente, solo acentuarían la intervención del Estado sobre el sector empresarial.
Maduro venció en su propósito, entonces. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –controlado por el oficialismo– invalidó mediante una sentencia la decisión de los parlamentarios. Solo fue una de las jugadas del Supremo contra el Parlamento, pues desde que la oposición logró la mayoría en la Asamblea Nacional –en las elecciones del 6 de diciembre– se ha desencadenado una confrontación de poderes públicos en el país.
El Estado de Excepción y Emergencia Económica, ahora, no tiene fecha de vencimiento. Maduro ha adelantado que la medida puede postergarse hasta el próximo año: “Esto nos permite durante los meses de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente el año 2017, recuperar la capacidad productiva del país”.
Para la oposición este decreto se trata solamente un ardid más que intenta atornillar al impopular mandatario venezolano. Nada ha frenado la estrepitosa caída de la economía de la nación petrolera. En cambio, los pronósticos son desalentadores. El Fondo Monetario Internacional ya ha vaticinado un aumento de 700% de la inflación para este año en el país suramericano.
La crisis económica no es la única debilidad del gobierno de Maduro. Luis Almagro, secretario general de esta organización internacional, ha asegurado que considera convocar un consejo de emergencia para evaluar la situación de Venezuela: “Trabajo en un informe sobre derechos humanos, Poder Judicial, presos políticos, escasez de alimentos y medicinas, equilibrio de poderes, equilibrio de poderes y corrupción”, indicó el viernes en su cuenta de Twitter.
Venezuela, en alerta
El reciente derrumbe de los gobiernos seguidores de Chávez en América Latina ha puesto en alerta al gobierno de Venezuela. Tras la derrota de los aliados de izquierda en Argentina y Brasil, el gobierno venezolano ha denunciado con frecuencia que se fragua en Estados Unidos un supuesto plan de golpe contra Maduro.
Según el sucesor de Chávez, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez es el cabecilla de este plan que supuestamente pretende erradicar a los gobiernos de izquierda en el continente. “Venezuela está siendo en este momento amenazada internacionalmente (…) El día de hoy (viernes) en Washington hubo una reunión de conspiración contra Venezuela», dijo.
El mandatario acusó una vez más a la oposición venezolana de estar involucrados en el supuesto plan: “Se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana, envalentonados por el golpe de Estado en Brasil”.
