La juez Victoria Rosell renuncia a repetir en las listas de Podemos el próximo 26 de junio. Así lo comunicó en una carta enviada este viernes al grupo parlamentario de la formación emergente, y ha confirmado el partido este sábado con un comunicado. La magistrada, denunciada por el exministro de Industria José Manuel Soria por un presunto caso de prevaricación y cohecho, fue la cabeza de lista por Las Palmas el pasado 20 de diciembre.
En la misiva, muy emotiva, Rosell repasa el caso del que, según su relato, ha sido víctima. Mientras no se archive el procedimiento penal contra la juez, según el código ético de Podemos no puede optar a un cargo público. Por tanto, explica que renuncia a volver a concurrir encabezando esa candidatura, a pesar de haber recibido el respaldo público del líder del partido, Pablo Iglesias. La juez espera ser llamada a declarar como investigada (imputada, según la antigua denominación) en cualquier momento y de hecho ha pedido, si no se archiva de plano la causa, prestar declaración voluntariamente cuanto antes, según informa a sus compañeros. Siete meses después de pedir excedencia en la judicatura, la magistrada regresa a su trabajo y agradece a sus compañeros el apoyo recibido en unas circunstancias que, asegura, han sido difíciles y especialmente dolorosas. La carta deja claro, además, que mantiene intacto su compromiso con el proyecto de Podemos.
La juez, que ha solicitado regresar a su puesto en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, no solo no irá en las listas, sino que no podrá colaborar con Podemos en la campaña electoral, porque participar en actos públicos políticos es una falta muy grave para un magistrado.
El objetivo de la renuncia, según ha informado la formación, es el de «defender su inocencia y honorabilidad en los tribunales». El partido califica su investigación como «fruto de la cacería política de la que ha sido víctima desde el mismo momento en que anunció su incorporación a este proyecto político». Según una fórmula frecuente entre los dirigentes de Podemos, «una maquinaria del fango». «La organización respeta la decisión pero expresa una vez más su máxima confianza en Victoria Rosell, por quien apostó para este proyecto de cambio por la ejemplaridad de su carrera», señala esta fuerza en un comunicado. Rosell es un «ejemplo de ética» al renunciar a su aforamiento, y ahora al renunciar a ir en las listas «para no dañar el proyecto». «Ha sido un honor. Bravo por tu coherencia. No pararemos hasta que puedas regresar con nosotros», ha escrito Pablo Iglesias en Twitter.
A finales de abril, la magistrada renunció a su escaño en la Diputación Permanente del Congreso y, tras la disolución de las Cortes, perdió el aforamiento que le daba su condición de diputada. El caso, por tanto, pasó del Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La justicia debe determinar si la diputada de Podemos prevaricó para favorecer negocios de su pareja durante su etapa como juez en Las Palmas. Según la querella del exministro de Industria, Rosell retrasó una causa en la que estaba imputado por delitos fiscales el empresario Miguel Ángel Ramírez, que, según la investigación,mantiene «relaciones económicas» con la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa. Cuando Soria presentó la querella se sabía que Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, había alquilado una emisora de radio propiedad de Sosa unos días después de que Rosell dejara el juzgado para presentarse a las elecciones. Pero durante una declaración judicial posterior, el empresario aseguró que sus negocios con Sosa venían de antes y abarcan la etapa de Rosell como juez.
Esta semana se ha conocido, además, que la fiscalía de Las Palmas ve indicios de delitos por parte de Salvador Alba, el juez que sustituyó a la diputada de Podemos cuando esta dejó el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas para presentarse a las elecciones del 20-D. La fiscalía ha enviado un escrito al juzgado en el que pide que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Según el ministerio público, el juez sustituto pudo cometer al menos un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. A esta conclusión ha llegado la fiscalía tras analizar el contenido de las grabaciones de una conversación entre el magistrado y el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas e imputado en un caso que se instruye en ese juzgado. En la conversación grabada, Alba, supuestamente, prepara con Ramírez una declaración que iba a servir al juez para redactar un informe sobre Rosell que le había solicitado el Tribunal Supremo para decidir si abría una causa contra la diputada. Para Podemos, se trata de una actuación que «socava el Estado de derecho».