El juez Álvaro Martín ha emitido este miércoles el auto de procesamiento para los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 24 ex altos cargos del Gobierno en la rama política dlecciones, el procesamiento de los dos dirigentes históricos del PSOE –que fueron ministros y presidentes federales del partido y que ahora se sentarán en el banquillo de los acusados- puede dañar a los socialistas en su principal bastión para el 26-J, Andalucía.
La anterior cúpula del Gobierno andaluz ha sido encausada, y junto a los expresidentes afrontan el banquillo seis exconsejeros: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Además, en el auto figuran encausados por prevaricación y malversación tres exviceconsejeros, tres directores generales y otros seis cargos directivos de la Administración, entre los que destaca el ex interventor general Manuel Gómez.
El instructor finaliza con su auto la rama que analiza el procedimiento de pago de los ERE, un fondo para empresas en crisis dotado por la Junta andaluza con 855 millones entre 2001 y 2010. El juez considera que la cúpula del Gobierno diseñó un sistema de pago para esquivar los controles de la Intervención General. La juez Mercedes Alaya señaló a los principales líderes del Gobierno andaluz como responsables ya en 2012, y posteriormente el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro compartió su tesis de la prevaricación pero descartó la malversación. Más tarde, el caso regresó a finales de 2015 a Sevilla tras perder los expresidentes su aforamiento en el Congreso y el Senado, y la juez María Núñez compartió brevemente este criterio hasta que varios meses después designó a Martín, su juez de refuerzo, al frente de la pieza clave de la macrocausa.
Tanto Chaves como Griñán, de 71 y 69 años y ambos jubilados, abandonaron la vida política hace un año tras su imputación en el alto tribunal, y ahora afrontan un futuro judicial en el que solo se juegan su honor y una mancha que oscurecería toda su carrera política. La prevaricación administrativa no contempla pena de cárcel, sino inhabilitación para cargo público, y ambos están retirados de la primera línea política. El de hoy es solo el primer paso de un largo recorrido judicial con parada en la Audiencia de Sevilla, que celebrará el juicio, y final en el Supremo tras los recursos de defensas y acusaciones.
Esta pieza clave que se acaba de cerrar marcará el destino de las otras que incluye la macrocausa –con un total de casi 300 imputados-, y su resolución en Sala afectará a las penas o absoluciones de muchos de los políticos y técnicos implicados por las diferentes ayudas –más de 200- concedidas desde 2001 por el Gobierno andaluz. Cuando acudieron a declarar ambos expresidentes se ratificaron en su declaración ante el Supremo, en la que ambos rebatieron la mayor: la ilegalidad del fondo de los ERE.