El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ha condenado a siete años y medio de inhabilitación al exalcalde de la ciudad, Enrique Pérez Parrilla, y al exconsejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Rubén Placeres, ambos del PSOE, por abrir el Teatro Insular sin la debida seguridad.
La misma condena, por prevaricación, se impone al exconcejal de Urbanismo de Arrecife, Ubaldo Becerra, del PIL (Partido de Independientes por Lanzarote), que también medió para que el teatro pudiera abrir a pesar de que existían informes de técnicos municipales y de una aseguradora que señalaban riesgos de seguridad.
Los hechos se produjeron el 4 de febrero de 2009, día en el que tenía que celebrarse en el recién reformado Teatro Insular de Arrecife un concierto de la cantante portuguesa Teresa Salgueiro, programado por el Cabildo de Lanzarote y La Caja de Canarias.
Sin embargo, ese espacio cultural, propiedad del Cabildo, carecía de licencia de apertura y el Ayuntamiento de Arrecife se negaba a dársela porque tenía informes negativos de sus servicios municipales y de una aseguradora, que había detectado que sus medidas contra incendios eran «insuficientes» y podrían dar lugar a «graves daños materiales y humanos» en caso de que se declaraba un fuego.
Según relata la sentencia, la misma mañana del día del concierto, nervioso por que seguían sin licencia, el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote comenzó a llamar de forma insistente al concejal de Urbanismo de Arrecife, «con el que tenía cierta relación de confianza», para intentar que se permitiera la apertura.
El concejal Ubaldo Becerra se puso a su vez en contacto con el alcalde de la ciudad, Enrique Pérez Parrilla, para instarle a que dictara la licencia, a lo que este respondió que él no iba a firmar nada habiendo informes negativos. Sin embargo, el consejero del Cabildo insistía al concejal y este volvió a interpelar al alcalde.
La Guardia Civil escuchó la secuencia completa de llamadas porque tenía intervenido el teléfono del concejal de Urbanismo dentro de las investigaciones del «caso Unión» -una trama de presunta corrupción municipal- y pudo oír cómo el alcalde y él llegaban a la conclusión de que lo menor era «hacerse los locos», permitir que el concierto se celebrara y no enviar a la Policía Local, porque presuponían que «no iba a pasar nada».
Sin embargo, el consejero del Cabildo siguió insistiendo y el alcalde de Arrecife se avino a dar un permiso verbal, a pesar de que la secretaria municipal, presente en las conversaciones, le dijo que no podía hacerlo, ya que «había un informe negativo con un montón de condiciones» que cumplir con carácter previo.
El Juzgado avala la legalidad de cómo se destaparon estos hechos, porque las escuchas a Becerra por el «caso Unión» estaban autorizadas por un juez e investigaban varios delitos, entre ellos, la prevaricación, el mismo detectado en el «caso Teatro».
La magistrada Aitziber Leaga concluye que las pruebas aportadas en este proceso ponen de manifiesto «una actuación municipal que resulta ser voluntaria y poco cuidadosa con los límites impuestos por la legalidad administrativa».
La sentencia subraya que el alcalde y el concejal «desoyeron a su técnico sobre la denegación de la licencia hasta no cumplir con lo establecido en su informe, e incluso a la propia secretaria del Ayuntamiento, que hasta en dos conversaciones telefónicas interviene para advertirles de que existe un informe negativo».
En cuanto al consejero del Cabildo, también le considera culpable de prevaricación, porque, recuerda, «por mucho que el Ayuntamiento hubiese autorizado de manera ilegal la apertura del teatro, en sus manos estaba atender los informes de su persona de confianza (el director del teatro) y no realizar ningún acto o espectáculo sin la oportuna licencia de apertura que cumpliera con toda la documentación exigida por el propio consistorio».
