El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han acordado ayer dedicar una parte de los fondos del extinto IGTE para 2016 a aumentar la partida destinada al plan de empleo social, que permite a los ayuntamientos contratar a parados de larga duración y escaso recursos.
Actualmente la financiación del plan de empleo social son unos diez millones de euros, con los que se realizan más de 3.000 contratos laborales entre las personas más vulnerables socialmente.
Los ayuntamientos han transmitido al Gobierno que están en condiciones de gestionar hasta fin de año hasta 20 millones adicionales con cargo a los fondos del IGTE para realizar otras 6.000 contrataciones.
Esta propuesta será estudiada por el Gobierno de Canarias, que tiene previsto aprobar el próximo lunes el decreto para la ejecución de estos fondos, según se ha acordado en una reunión de la ejecutiva de la Fecam con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y los consejeros de Economía, Pedro Ortega, y de Presidencia, Aarón Afonso.
Aunque inicialmente estos fondos no estaban previstos para políticas activas de empleo, el hecho de que la partida para este año, unos 160 millones de euros, tenga que ser gastada antes del 31 de diciembre porque el sobrante no se puede incorporar a 2017, ha llevado a buscar esta posible fórmula para su ejecución.
En la reunión no se ha fijado una cantidad exacta, porque se va a estudiar la capacidad administrativa de los ayuntamientos para absorber y ejecutar los nuevos fondos, explicó el presidente de Fecam, Ramón Plasencia.
«Lo que se trata es de contratar al mayor número de personas con pocos recursos», dijo Plasencia, y señaló que las políticas activas de empleo entran en la filosofía del IGTE, que se pretende que sea un fondo para el desarrollo de Canarias.
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, señaló sobre este asunto que los ayuntamientos dicen que pueden gastarse entre 10 y 20 millones de euros adicionales a los 10 millones ya presupuestados en el plan de empleo social, pero habrá que estudiarlo y analizarlo para fijar las posibilidades de ejecución reales.
Además de destinar nuevos fondos a empleo social, el Gobierno y los municipios quieren articular otras fórmulas para poder gastar el dinero correspondiente a 2016 antes del 31 de diciembre y para que salga antes la convocatoria para 2017.
Otro de los asuntos abordados en la reunión y que preocupa a los municipios es qué pasaría con los programas y proyectos que se van a financiar con cargo al IGTE si, estando aún en ejecución, estos fondos dejaran de llegar en el futuro por una decisión unilateral del Estado, que es el que se los ha cedido a la Comunidad Autónoma.
El compromiso del Gobierno en ese caso es que todos los proyectos y programas propuestos y en ejecución por los ayuntamientos serían financiados hasta su finalización, aunque no se abrirían convocatorias para nuevas iniciativas.
Sin embargo, por razones de legalidad, esa garantía del Gobierno sería un compromiso político que no quedaría reflejado por escrito ni en el decreto ni en los convenios que se suscriban para la ejecución de los proyectos, dijo Barragán.
«No puede haber una cláusula por motivos legales, pero si ocurre buscaremos una manera de resolverlo, si están firmados los convenios buscaremos alguna fórmula de compromiso político para financiar los proyectos ya iniciados», explicó Barragán.
El presidente de la Fecam interpretó tras la reunión que ha quedado clara la garantía de financiación por el Gobierno de los proyectos iniciados en caso de que desaparezca el fondo.
Ramón Plasencia se mostró satisfecho con los compromisos del Gobierno con los municipios, que incluyen que el decreto que se apruebe la próxima semana se pueda revisar en cualquier momento en función de posibles problemas que surjan, ya que es su primer año de aplicación
«Se han recogido las sugerencias más importantes de la Fecam así que hemos dado el visto bueno al decreto con el compromiso de que pueda ser revisable en cualquier momento», subrayó. EFE
