La Guardia Civil está llevando a cabo desde primera hora de la mañana un nuevo golpe contra la corrupción, una macro operación llamada TERMYCA en la que está previsto que se produzcan 12 detenciones, 48 registros simultáneos y 15 requerimientos que afectarán a 23 ayuntamientos de diversos puntos de España -y gobernados por distintas siglas-, principalmente de Cataluña, Madrid y Baleares, aunque también alcanza a consistorios de Castellón, Huelva, Guadalajara y Granada.
Hasta el momento ya se han producido siete detenciones. Entre los detenidos se encuentra Josep Manel Bassols, el que fuera presidente de la campaña de Puigdemont y arrestado en su día en la operación Petrum sobre cobro de comisiones ilegales en Convergencia i Unio. Además, también han sido arrestadosAndreu Martí, ex alcalde de Atmella y posteriormente empresario, Jaume Beltrán, Blas Acosta, Xavier Xifrá, Oriol Mestre, Manuel Delgado, Ramón Solé, Antonio Martos, Carles Bock y Lucía Mora. Se espera que se produzcan más detenciones a lo largo de la mañana.
Se están practicando simultáneamente 48 entradas y registros: 14 en domicilios, siete en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, siete en entidades públicas y ocho en los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón (de la Comunidad de Madrid) y Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar, de Cataluña.
Al mismo tiempo se formulan 15 requerimientos de documentación a los Ayuntamientos de: Barcelona, Linars del Vallés y Masquefa (Barcelona), La Seu d’Urgell (Lerida), Calonge y Girona (Gerona), Cambrils (Tarragona), Alaior y Soller(Baleares), Velilla de San Antonio, Collado Villalba y Getafe (Madrid), Benicassin (Castellón), Armilla (Granada) y Palos de la Frontera (Huelva).
Cuatro de los registros se han producido en Andorra. La extensión del fraude ha necesitado de un operativo de unas 400 personas, primero para investigar y luego para realizar la intervención estrictamente operativa. Según las fuentes consultadas, a raíz de una denuncia efectuada en 2014, se detectó que en los ayuntamientos afectados se estaba realizando un mal uso de las Entidades Públicas Empresariales Locales (EPEL), unos instrumentos perfectamente legales cuyo objetivo es optimizar la gestión de los fondos públicos. En este caso, según la investigación, las EPEL acabaron configurando un «entramado fraudulento» gracias a la asesoría de dos empresas muy concretas, EFIAL y CGI.
Consta la elaboración de informes inexistentes o la asignación y contratación de servicios irreales que garantizaban que el dinero de los contribuyentes acabara «desviado» para conveniencia, al menos, de los responsables de las dos empresas citadas. Gran parte de los fondos ilícitamente obtenidos eran enviados a Andorra a través de complejas operaciones mercantiles. Tras una operación de ingeniería financiera, EFIAL fue absorbida por CGI y lo que empezó en Cataluña se extendió a otras comunidades. La vocación de fraude era tan indisimulada en algunos casos que en el cuadro directivo de algunas de las Entidades Públicas Empresariales, constaban dirigentes de EFiAL CONSULTORÍA SL. Se investigan delitos de blanqueo de capitales, Malversación de fondos, Prevaricación , cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude e infidelidad en la custodia de documentos.
