Hubo un tiempo en que España fue referente europeo. A nuestro país miraban muchas naciones cercanas, e incluso del otro lado del Atlántico, que aplaudían los avances en derechos sociales, evolución y perspectivas de progreso.
La crisis internacional frustró el crecimiento; torció el camino, y ha llevado al país a la triste realidad de índices negativos que hoy padecemos en Empleo, Educación, Sanidad o Servicios Sociales, una situación que ya no puede prolongarse por más tiempo.
España debe volver a avanzar, y para hacerlo hay que formar gobierno. De nada servirán los “brotes verdes”, si no existe un ejecutivo capaz de tomar decisiones, que son inaplazables para que prospere cualquier indicio de recuperación.
Todos los partidos políticos nacionales están llamados a la responsabilidad; deben olvidarse de estrategias y oposiciones en una primera votación o abstenciones en la segunda. Nada de eso tiene sentido en unos momentos en los que lo obligado es alcanzar el acuerdo que permita afrontar retos y dar respuesta a las demandas sociales.
La población está harta. Lo que quiere es que le resuelvan sus problemas; que haya trabajo, que puedan acudir al médico cuando lo necesitan, que sus hijos puedan disfrutar de una buena formación, poder acceder a una vivienda y finalmente disfrutar de una jubilación digna. Esas son las prioridades y no podemos olvidarlas, porque la política no tiene sentido sin los ciudadanos.
Las formaciones han perdido credibilidad. El crédito se da a las personas o las políticas, vengan de donde vengan. Los ciudadanos no acuden a votar movidos por profundos convencimientos ideológicos y, por tanto, estamos obligados a dejar atrás planteamientos radicales y atender la situación real de cientos de miles de personas, que sufren verdaderas dificultades e incluso carecen de los recursos mínimos imprescindibles.
No cabe anclarse en líneas rojas o posiciones fijas infranqueables. Eso es lo que en realidad muestra el barómetro del CIS, cuando apunta que sólo el 5 por ciento de los españoles muestra preocupación por el gobierno. Hay que escucharse y ceder para sumar. Nunca obstaculizar. Por ningún lado, pues tan improductivo es encasillarse en una victoria que no garantiza la formación de un gobierno, como poco útil mantener una oposición frontal.
Se corre el riesgo de unas terceras elecciones generales y otros seis meses de un gobierno en funciones, con programas paralizados tan importantes y necesarios como los Planes de Empleo, la Atención a la Dependencia o los convenios con las comunidades autónomas, para asegurar servicios e infraestructura.
Están pendientes, además, los compromisos asumidos con Europa. Y aquí, en nuestras islas, sumamos también una imperiosa necesidad de que se modifique la parte económica del REF y se revise la financiación autonómica, para que Canarias deje de estar a la cola y reciba, al menos, la media de inversión estatal por comunidades autónomas.
Sin unos recursos mínimos, difícil es y será el camino para los territorios capitalinos y más difícil aún, para La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura o La Graciosa. El Ejecutivo regional trata de paliar la situación, y ahí se encuadra, por ejemplo, el crédito extraordinario de 123 millones de euros, para pagar a los funcionarios y mejorar servicios públicos, que respaldó ASG en el Parlamento. Pero sigue siendo imprescindible que se devuelva al archipiélago el dinero que se nos debe.
Se requiere, en definitiva un gobierno nacional que responda y, si no hay opción de pactos, se tiene que dejar gobernar a quien ha obtenido mayor respaldo. No debemos someter al país a otros 200 días de provisionalidad. En consecuencia, apostemos por el diálogo; definamos un programa que aporte las soluciones que el pueblo reclama y recuperemos la senda del progreso.
Casimiro Curbelo
Diputado autonómico y presidente del Cabildo de La Gomera