En España había 71 millones de cuentas corrientes en 2015. En mayo del año pasado, los bancos bloquearon las cuentas de los clientes que no entregaron fotocopia del DNI tal y como exigía la ley contra el blanqueo de dinero. Tras muchas llamadas, cartas y mensajes, a partir de enero de 2016 iniciaron la segunda fase: la cancelación de cuentas. Se han cerrado más de un millón de ellas, probablemente cerca de dos millones, aunque no hay cifras oficiales. Ancianos, inmigrantes y clientes que han cambiado de lugar de residencia forman el retrato robot de los afectados.
“No ha pasado en un caso ni en dos. Ha habido muchos clientes con este problema y estamos con un plan de llamadas a la desesperada porque, a partir de ahora, empezamos a cerrar las cuentas bloqueadas, una operación más compleja”, explica con resignación el director de una oficina bancaria. Algunas entidades, ante la magnitud de la tarea, han subcontratado equipos de apoyo a los empleados del banco. Algunas entidades hablan del 1% de los casos; otras admiten que han sido el 4%. El Gobierno dio cinco años para recolectar los carnets, pero cuando llegó la fecha final, llegaron las prisas y se pidió una ampliación de plazo, que no se concedió.
En las cartas de los bancos de diciembre pasado se advertía de que “de acuerdo con los procedimientos anunciados, le recordamos que si en seis meses desde el bloqueo ya realizado de sus posiciones, no actualiza esta información, nos veremos obligados a iniciar los trámites para cancelar su relación con la entidad”
Esto ocurrió con clientes de elevada edad, el caso más común. “Es posible que muchos hayan fallecido ya, pero que sus familiares no lo han comunicado, y por lo tanto no les podemos dar por muertos”, recuerdan en un banco. En las entidades que proceden de cajas de ahorros, se han dado más casos de clientes sin DNI, muchos de ellos extranjeros “porque existía una relación de proximidad que facilitaba que se trabajara sin entregar el documento”, admiten en otra entidad que ha absorbido una gran caja.
Los bancos no han cerrado todas las cuentas a la vez. “Se empezaron a cancelar las cuentas sin identificar con saldos en descubierto que estaban inactivas. Posteriormente las que tenían hasta cinco euros, luego hasta 10, hasta 100… Y se ha ido elevando el listón ya por encima de los mil euros”, explican en una gran entidad que pide el anonimato. “Con esto ya está terminado el programa de cancelación masiva o industrial”. Otras entidades empezaron por la cancelación de todos estos contratos inoperativos, “empezando por las cuentas que ya llevan más de 2 años sin saldo”.
20 años de custodia
Después pasaron a un proceso más artesano, porque eran cuentas que no se pueden cancelar “masivamente”, ya que tenían mayor dificultad de tratamiento: son cuentas con productos asociados en situaciones con cierta complejidad. Por ejemplo, hay titulares asociados que son terceros clientes (muchos de ellos identificados) distintos de los de las cuentas. Otras veces son cuentas que tienen tarjetas asociadas (muchas que no se utilizan), seguros, valores, planes de pensiones (muchos de ellos sin saldo)… y así una enorme casuística. “Es un proceso lento”, admiten en la entidad.
Un tercio de estas cuentas tienen productos asociados que no se pueden cancelar de forma masiva o están en descubierto. También reconocen que se han producido abandonos de cuentas con “saldos considerables, por extraño que parezca”. ¿Y qué pasa con el dinero no reclamado de las cuentas canceladas? Fuentes de un gran banco explican que “las cantidades quedan en anotaciones contables dentro de la entidad, debidamente identificadas para relacionarlas con los titulares de origen de las cuentas y el número de las mismas de dónde proceden. Permanecen en la entidad en custodia durante 20 años. Si los titulares reclaman sus cantidades, se las devolvería, lógicamente, tras la oportuna identificación. Pasado este tiempo, se mandan a Hacienda”.