El pleno del Cabildo de La Gomera ha rechazado hoy instar al Gobierno de Canarias a que reabra el periodo de información pública del anteproyecto de la ley canaria del suelo por un plazo de seis meses, tal y como solicitaba en una moción el consejero de Sí se Puede, Rubén Martínez.
La propuesta fue rechazada con los votos del grupo de gobierno, formado por Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Coalición Canaria (CC) y las abstenciones del PSOE y PP.
Rubén Martínez defendió la necesidad de ampliar el plazo para llevar a cabo un debate amplio de todos los sectores interesados y para poder presentar alegaciones individuales y colectivas.
Advirtió de que el anteproyecto de ley está realizada por juristas, rompe con el marco jurídico anterior que se basaba en la sostenibilidad y apuesta por el desarrollo.
A su juicio, el anteproyecto de ley tiene que ser conocido por la población, para lo que pidió que las instituciones fomenten y posibiliten el debate.
«Estamos hablando de la planificación futura de Canarias con solo dos meses de información pública y en La Gomera nos la jugamos», dijo Rubén Martínez, para quien es esencial que ese plazo se amplíe y que la población interactúe.
El portavoz del PSOE, Jaime Noda, justificó su abstención en que la institución insular no tiene competencias en la tramitación del anteproyecto de ley.
En su opinión, deben ser los plenos municipales los que decidan y actúen sobre los territorios, y calificó el anteproyecto de ley como «el mal menor de lo que hasta ahora hemos tenido, que era un batiburrillo de leyes».
Para el portavoz de ASG, Emiliano Coello, en Canarias el concepto de proteger se ha transformado en el de prohibir y lo que se plantea ahora es clarificar, simplificar y proteger.
Según el presidente insular, Casimiro Curbelo, las competencias desde el punto de vista urbanístico deben estar en manos de los ayuntamientos, y «lo que no se puede es volver locos a los ciudadanos para levantar un paredón», señaló.
Curbelo quien dejó claro que la ley va a permitir que todas las competencias en materia urbanística en suelo urbano y rústico estén en manos de los ayuntamientos. EFE
