El sindicato Intersindical Canaria (IC) ha exigido la suspensión de los sobresueldos por incentivos para los altos cargos del Servicio Canario de la Salud (SCS), que en 2015 se habrían repartido 800.000 euros extras por productividad.
Intersindical Canaria ha criticado en un comunicado que la Consejería de Sanidad mantenga invariable la «escandalosa» política retributiva hacia los altos cargos a pesar de la situación «límite» que atraviesa la sanidad pública canaria por la «prolongación» y «profundización» de los recortes laborales y asistenciales.
El sindicato ha explicado que un gerente de cualquier hospital de tercer nivel o área de salud de Canarias, aparte de su asignación como tal, vuelve a recibir anualmente sobresueldos que alcanzan los 36.000 euros, al igual que otros cargos de la Administración sanitaria como los directores de Gestión, directores Médicos o de Recursos Humanos.
IC ha indicado que para dar cobertura legal a esta medida, el Gobierno «se sacó de la manga» una instrucción (6/2012) con la que quería compensar la consecución de los objetivos asistenciales y presupuestarios, el especial rendimiento, el interés o la iniciativa en el desempeño del puesto.
Para la organización sindical, «se trata de conceptos mendaces y absolutamente desconocidos por los equipos directivos de la Consejería de Sanidad, que gracias al sobresfuerzo de los trabajadores se alcanza una atención sanitaria mínimamente digna pero con un mayor y progresivo número de fracasos asistenciales».
Según Intersindical, tales emolumentos explican que los equipos directivos «se afanen a diario en la tarea de seguir cerrando servicios asistenciales, recortando en gasto farmacéutico, dejando de contratar personal en unas ya más que esquilmadas plantillas, aumentando las cargas de trabajo hasta niveles esclavistas y recortando en derechos sociales».».
Por todo ello, desde IC exigen que queden en suspenso las asignaciones previstas por la Instrucción número 6/2012 del director del SCS, entendiendo que constituye «un sistema para dilapidar dinero público, con el que se está premiando y fomentando la más absoluta incompetencia a la hora de abordar un servicio que constituye un derecho fundamental de la ciudadanía».