Tras 24 intensas horas resistiéndose, Rita Barberá aceptó este miércoles el ultimátum del PP, pero a medias. La exalcaldesa comunicó por la tarde que se daba de baja del partido cuando el PP, que no las tenía todas consigo, ya había avisado al Comité de Derechos y Garantías para darla de baja si ella se negaba a hacerlo voluntariamente. El partido asegura que le hubiera gustado que Barberá dejara también el Senado, pero ella planteó desde el principio que el escaño era suyo y que no renunciaría a él. Sigue en la Cámara alta, ahora en el grupo mixto, y de momento, conserva su aforamiento. Está a un paso de la imputación por presunto blanqueo.
NO DIMITIR”. Rita Barberá lo escribió así, en mayúsculas, en el comunicado con el que, pasadas las cinco de la tarde, comunicó al PP que, como le habían pedido, se daba de baja en el partido, pero que no renunciaba a su escaño en el Senado. “Expreso mi voluntad de permanecer en él, tal como me ampara la ley, porque de lo contrario, podría entenderse como una asunción de culpabilidad”, afirma. Desde el martes, la dirección del PP le había pedido que diera “un paso atrás”, pero ella se negó en rotundo: “Es mi escaño”, les dijo, según fuentes de la dirección popular.
El Supremo situó a Barberá el martes al borde de la imputación por presunto blanqueo de capitales en una pieza separada del caso Taula de corrupción. Casi todo su antiguo equipo de concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, que gobernó durante 24 años, está ya imputado. Al no renunciar al acta, y seguir de senadora por designación autonómica desde el Grupo Mixto, Barberá conserva su aforamiento por lo que responde ante el Tribunal Supremo. La instrucción de la causa, corresponderá, por reparto, a Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La exalcaldesa criticó con dureza a Pumpido en esa etapa y ahora podría pedir su recusación.
Ante la negativa a dar un paso atrás y renunciar al escaño, la dirección del PP le pidió entonces que se diera de baja en el partido para no seguir perjudicando a sus siglas en la recta final para intentar formar Gobierno y en plena campaña electoral y vasca. Y Barberá, que ha sido afiliada del PP y antes de AP durante casi 40 años, se resistió también a dar ese paso. Lo hizo hasta el último minuto. Cuando ya el partido había avisado al Comité de Derechos y Garantías para darla de baja si ella no lo hacía voluntariamente. A la hora de comer le dieron un ultimátum y a las 17.30 ella envió el comunicado con su decisión: una retirada a medias.
“He solicitado mi baja del PP porque así me lo ha pedido el partido, y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales”. La frase va dirigida no solo a la oposición, que lleva meses pidiendo su cabeza, sino contra algunos compañeros de partido. Alfonso Alonso, candidato a lehendakari del PP, había dicho por la mañana: “Nos estamos jugando mucho y no nos merecemos ir con este perjuicio a cuestas”.
El texto donde Barberá comunica la “dolorosa decisión” de darse de baja del partido incluye una amenaza. La exalcaldesa asegura que irse del PP le permite “actuar en plena libertad, sin estar sometida a disciplina alguna” para defenderse en los tribunales de “las personas que hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia”. El PP interpreta que esas líneas van dirigidas, sobre todo, a Ciudadanos.
La dirección popular se puso en contacto el martes con el partido de Albert Rivera para trasladarles la situación. El pacto anticorrupción entre el PP y Ciudadanos obliga a suspender a los cargos públicos imputados por corrupción. Barberá aún no lo está.
Mariano Rajoy, que debe en gran parte a Barberá, su amiga personal, el haber sobrevivido a su momento más delicado en el PP, el congreso de Valencia de 2008, evitó este miércoles, como el día anterior, pronunciarse sobre el asunto. Por la mañana, de campaña en Galicia, no respondió a los periodistas y tampoco lo hizo por la tarde, en la presentación del libro del ministro Luis de Guindos. Durante meses defendió a Barberá porque no había sido imputada. En 2009 llegó a decir que había una “campaña inquisitorial” contra ella y contra Francisco Camps. El pasado marzo, el PP decidió abrirle expediente y Rajoy anunció que tomaría “las medidas que haya que tomar”.
