La crisis empieza a remitir. Así lo afirma el Banco de España, que esta semana ha apuntado un crecimiento regional por encima de la media. El empuje de los servicios ha traído un aumento el 3,5 por ciento del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre. Se trata, sin embargo, de una mejoría que todavía no se llega a sentir.
Lo que la gente de a pie ve y padece cada día es la crudeza de otros indicadores como el del empleo pues, pese a la reducción del paro registrada en agosto, más de 230.000 personas los canarios siguen sin tener trabajo.
El desempleo se mantiene cercano al 30 por ciento de la población activa y terrible es también la situación de las personas dependientes, con una lista de espera que no se resolverá hasta que pasen 25 años. ¿Qué decir, además, de la Sanidad pública?
Aún resuenan los ecos de las dramáticas cifras expuestas en el último pleno del Parlamento. Más de 95.000 personas esperan por una consulta. Y más de 30.000 aguardan una intervención quirúrgica, que suele demorarse más de cinco meses.
El consejero de Sanidad ha hablado de recortes presupuestarios que harán que las listas de espera vuelvan a aumentar de aquí a final de año. Y los gerentes de los hospitales advierten que no cubrirán las bajas laborales ni las jubilaciones. Tampoco contratarán personal eventual.
Son medidas de ajuste y es que no se trata de un problema de gestión. Es un problema de dinero. Canarias sufre las consecuencias no sólo de la crisis sino también, y de manera muy significativa, los efectos de una deficiente financiación estatal.
Son 111 millones de euros los que el Estado ha dejado de ingresarnos tras la eliminación del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), y cientos también los millones que no se reciben para la atención a la dependencia. Tampoco es mejor la financiación sanitaria, como no lo es la de ningún otro servicio público.
El Gobierno del Estado ha escamoteado al archipiélago más de setecientos millones de euros anuales de las transferencias ordinarias y muchos millones más del convenio de carreteras o el de infraestructuras turísticas. Hay informes que apuntan que se debe a las islas 2.500 millones de euros por servicios efectivamente prestados y no valorados.
Hablamos de dinero para crear puestos de trabajo, para sanidad, educación o asistencia social, que tienen una financiación estatal de 300 euros per cápita inferior a la media nacional. El sistema nacional actual no es equitativo ni mucho menos justo. Nuestra gente lo pasa mal.
Pese a las señales positivas que empieza a emitir la economía, aún queda mucho camino por delante. Es imprescindible, por tanto, que nos avituallemos para la marcha y para alcanzar la meta final, que no es otra que la mejora de los servicios, del empleo, de las infraestructuras, y, en definitiva, el bienestar ciudadano.
Agrupación Socialista Gomera (ASG) lo ha dejado claro en la Cámara autonómica: si para España resulta fundamental que haya un nuevo Gobierno, para Canarias es la vida. Necesitamos que haya un nuevo Gobierno que apruebe unos nuevos presupuestos estatales; un gobierno capaz de reparar la traumática injusticia que ha padecido nuestra tierra, un gobierno que sepa entender y comprometerse y, sobre todo, capaz de tratar a los canarios como se trata a la media de los españoles continentales.
Los representantes públicos de las islas tenemos que dejar de pelear entre nosotros y unirnos para reclamar a Madrid que ponga remedio a la situación de postergación y maltrato. Exigir, en definitiva, el dinero de los canarios.
Casimiro Curbelo
Diputado autonómico y presidente del Cabildo de La Gomera
