Sí se puede muestra su sorpresa y su preocupación tras descubrir que el informe oficial que envió el Cabildo de La Gomera dentro del trámite de consulta institucional en el procedimiento de tramitación del anteproyecto de la Ley del Suelo, figure con el sello y la firma de la empresa de un urbanista muy conocido y no con el sello e insignias oficiales de la Institución.
El pasado 14 de marzo la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias concedió a los cabildos un plazo de 15 días, que fue prorrogado 8 días más a solicitud de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, para formular las observaciones que se estimasen en relación con el Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias. El objetivo era conocer la visión y las propuestas de los distintos cabildos antes la polémica Ley que se pretendía aprobar.
Los diferentes cabildos, salvo el de Lanzarote y Fuerteventura, presentaron las oportunas alegaciones, y el único cabildo donde no fue ratificado el informe por su Consejo de Gobierno fue el Cabildo gomero.
El informe presentado se trata de un encargo del Cabildo de La Gomera a la consultora JDA ASOCIADOS & S.L. CONSULTORES firmado por Javier Domínguez Anadón, conocido defensor del anteproyecto de Ley del Suelo. El informe presentado ante el Gobierno de Canarias conserva el encabezado de la consultora y la firma del redactor.
Para Sí se puede es muy llamativo que el cabildo gomero sea el único en el que su órgano de gobierno colegiado no ratificara el informe y que lo presentado no sea fruto de las aportaciones de los diferentes departamentos que conforman el Cabildo.
“No parece muy lógico que sea una consultora externa quien elabore un informe que se supone da la visión del cabildo sobre una futura Ley del Suelo que nos afectará de manera muy directa. Entendemos que el proceso tendría que haber sido que los diferentes técnicos y departamentos de la institución hubiesen presentado sus aportaciones ya que son ellos quienes conocen la realidad insular para posteriormente elaborarse el informe. Tampoco parece muy normal, a tenor de lo que ha ocurrido en los otros cabildos, que el informe final no se haya ratificado por el órgano colegiado de gobierno” explica Rubén Martínez, consejero de Sí se puede.
El portavoz continúa: “Podríamos entender a tenor de ello que el informe presentado es la visión de una consultoría cuyo redactor es un reconocido defensor público de dicho anteproyecto y que solo ha sido ratificado por el presidente del cabildo. La visión de dos personas no puede representar la totalidad de una institución. Es más, entendemos que el informe tendría que estar avalado por los Servicios técnicos-jurídicos del Cabildo, que de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución española, son los que deben velar por el interés general y el cumplimiento de la legalidad”.
En el texto presentado se hacen afirmaciones que parecen obedecer más a rencillas personales que a análisis y aportaciones serias. En ese sentido se afirma: “El estado de cosas ha sido inspirado a nuestro entender, por élites academistas minoritarias que han encontrado acomodo en los centros clásicos del poder en estos últimos años y que han hecho del Archipiélago una especie de laboratorio personal donde poner en práctica sus particulares concepciones respecto del espacio de todos (…)”.
Para Sí se pude es una muestra más de la dejadez del equipo de gobierno y del presidente del cabildo, Casimiro Curbelo. “Estamos ante la opinión de un señor particular sin que en ningún momento los servicios técnicos y jurídicos del cabildo, ni tan siquiera los órganos colegiados de gobierno, asuman, dicho escrito. Además, se presenta como un adjunto remito sin que nadie avale, salvo el redactor que es ajeno a la institución, dichas propuestas. En definitiva, una persona que habla en nombre de toda la institución y que tan siquiera trabaja en ella.”
