Los cabildos canarios, con la excepción de Gran Canaria, han sellado este viernes en el Parlamento su apoyo al inicio de la tramitación de la ley del suelo, destacando la «valentía» del Gobierno por impulsar este proyecto con el fin de desarrollar el sector primario y simplificar la tramitación normativa.
En la comisión de Cabildos Insulares, el presidente grancanario, Antonio Morales (NC), ha sido el más crítico, solicitando una «modificación significativa» del proyecto de ley buscando la «sostenibilidad y el consenso», ya que esta ley puede «deteriorar» el archipiélago y «dividir» a la gente. «La biodiversidad es nuestro recurso natural, una fortaleza de nuestro progreso», ha señalado.
Morales ha comentado que en el pasado, la legislación territorial y el REF han logrado «las unanimidades más fructíferas», por lo que ha apelado a los diputados a «legislar sin romper los consensos» ya que aún «hay tiempo para corregir posturas».
En esa línea, ha incidido en que «la prisa es mala y hay que avanzar con sosiego» para lograr la cohesión insular y regional, advirtiendo de que «no se puede desarticular Canarias en 88 planeamientos» cuando las islas avanza hacia una «unidad de mercado archipiélagico».
Morales ha pedido que no se deroguen las directrices, sino revisarlas para «dejarlas sin vacíos», y se ha mostrado a favor de la evaluación ambiental de la Cotmac porque «el medio ambiente no puede quedar en manos del libre mercado».
La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende (AHI-CC), ha remarcado que la recesión económica «ha ahondado más» la brecha económica entre las islas pobres y las ricas, y en el caso de su isla, además, con un 67% de paro juvenil.
Ha valorado la «valentía» del Gobierno por impulsar esta ley que quiere hacer frente al «problema estructural» de la «maraña» legislativa en las islas, si bien ha alertado de que el potencial de los cabildos queda «descafeinado» y en los municipios pequeños puede haber carencia de personal y técnicos
Allende ha pedido que en la tramitación se dejen a un lado los «prejuicios que entorpecen» y que han hecho que los problemas del territorio estén «enconados».
Marcial Morales (CC), titular del Cabildo de Fuerteventura, ha explicado que en las últimas décadas solo se ha podido aprobar un Plan General en la isla debido a un marco normativo que «desanima» a los gestores públicos.
Al igual que Allende, ha destacado la «valentía» del Ejecutivo canario por intentar acabar con las «cargas y obstáculos» que «impiden» un desarrollo racional y sostenible con un «buen y útil instrumento» que en todo caso, admite «matizaciones y mejoras».
UNA LEY QUE «NO CRIMINALICE» A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
El presidente gomero, Casimiro Curbelo (ASG), ha apelado a que la ley salga con «máximo consenso» para corregir el error de que Canarias esta organizada «de forma inadecuada» desde hace 15 años porque «ni los mismos expertos se ponen de acuerdo».
Según Curbelo, «se ha legislado mucho y el territorio es ingobernable», con leyes que «alejan inversión y generan inseguridad jurídica», por lo que ve en esta ley una «apuesta valiente» que simplifica y racionaliza la tramitación.
Además, sobre la Cotmac, ha sido rotundo: «Ha sido el Tribunal de La Inquisición, con una discrecionalidad injustificada, excesos, y con el lamentable demérito de tener el rechazo unánime de todas las administraciones canarias».
El presidente de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), ha destacado el «apoyo oficial» de la corporación por más que en la isla haya «dudas», algunas emanadas por la posición «ambigua» del PSOE que encarna la diputada autonómica Dolores Corujo.
Para San Ginés, la ley no va a implicar que se cometan «barbaridades» en el territorio, que en todo caso, ya es una materia «muy judicializada» en Canarias, al tiempo que pidió respeto para los técnicos de cabildos y ayuntamientos ante el posible cambio de función de la Cotmac.
Anselmo Pestana (PSOE), presidente del Cabildo de La Palma, ha resaltado que ha habido 16 modificaciones legislativas en los últimos 16 años en Canarias y muchas planes «han acabado en los tribunales», por lo que ahora ve «coherente» que los cabildos tengan competencias sobre el territorio, si bien tiene «dudas» sobre el papel de los municipios pequeños.
El presidente accidental del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu (PSOE) –Alonso se encuentra de viaje en Madrid–, ha comentado que esta ley es «clave» para potenciar el sector primario y para responder a las necesidades de una «sociedad cambiante».
Ha criticado que solo 10 municipios de la isla estén adaptados a la normativa actual, ha abogado por una «ley clara» que «no criminalice» a la administración local, y reclamado más fondos para la Apmun con el fin de combatir la indisciplina urbanística.
LA LEY «RESUCITA» EL DESARROLLISMO
La diputada del Grupo Mixto (ASG), Melodie Mendoza, ha dicho que es «prácticamente imposible» superar todos «los filtros» de la normativa canaria, y cuando lo hacen, acaban sancionados en los tribunales, lo que «desincentiva» la inversión.
El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha criticado que se use como «pretexto» al sector primario para sacar adelante la nueva ley porque Canarias tiene «problemas estructurales» derivados del «uso intensivo» del territorio.
Rodríguez se ha preguntado «qué tiene que ver lo del muro y el riego con la desestructuración de Canarias», y ha criticado que la ley renuncie al «proyecto común» de Canarias al derogar las directrices y «debilitar» los informes medioambientales, y «dé todo el poder» a los ayuntamientos.
Natividad Arnáiz, de Podemos, ha dicho que esta ley «resucita» el desarrollismo de los años 70 y 80 y beneficia a los grandes empresarios, apoyando su intervención en las declaraciones públicas del presidente canario en las que decía que «gobernaba para los empresarios».
Ha dicho que los cabildos pierden competencias en una «verdadera desregulación» del territorio que se ha impulsado sin un participación ciudadana. «La presión ciudadana es para que se retire, solo la apoyan las elites económicas», ha señalado.
Miguel Jorge, del Grupo Popular (PP), ha defendido que no haya «agobios ni prisas» en la tramitación de la ley, y ha incidido en que la normativa urbanística en Canarias se ha convertido en un «obstáculo» y una dificultad para la ordenación del territorio.
«NO ESTÁ EN RIESGO CANARIAS», SEÑALA CC
Para Jorge, el proyecto de ley «va en la buena dirección» porque simplifica y da «capacidad legal» a ayuntamientos y cabildos, aparte de que se «reformula» la Cotmac, que está dirigida «con discrecionalidad» por los funcionarios.
El portavoz socialista, Iñaki Lavandera, ha comentado que hay un «consenso» en torno a la «maraña normativa» del archipiélago, con muchas leyes y «fronteras confusas», lo que implica que sea difícil aprobar planeamientos.
Ha valorado que no se modifiquen los espacios naturales y no se clasifique nuevos suelo turístico, destacando el esfuerzo de «aglutinar» en una sola ley la protección del territorio, pero ha advertido de que para los socialistas es «irrenunciable» que haya un «órgano independiente» desde la Comunidad Autónoma que evalúe los proyectos.
El portavoz nacionalista, José Miguel Ruano, ha dicho que «no está en riesgo Canarias» por impulsar este proyecto de ley, y ha puesto sobre la mesa las ventajas de modificar la Cotmac porque en muchas ocasiones ha incurrido en «discrecionalidad».
Ha criticado a NC por lanzar «mensajes falsos» a la sociedad y ha apelado al «consenso», aunque sin dilatar el proyecto demasiado tiempo, y está abierto a que se modifiquen e introduzcan mejoras, pero sin perder la filosofía de la ley.
