“El servicio de Dependencia en La Gomera está afectado por una baja laboral desde febrero”, explica Casimiro Curbelo, líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), desde la que se reclama que se descongestione el servicio.
Curbelo adelanta que en el Pleno del Parlamento, que comienza mañana, preguntará a la consejera regional responsable por la situación en la que se encuentran actualmente los medios de la Comunidad autónoma, qué soluciones tiene previstas y cuáles son los plazos que se barajan para realizar sustituciones como la que se requiere en La Gomera y que, según indican los implicados, supone retraso añadido a los muchos que ya sufre el servicio.
Recuerda que ASG ya pidió que descongestionara el sistema permitiendo los servicios sociales de cada isla, que son los más cercanos al ciudadano, realizasen las valoraciones. La respuesta fue que la propuesta era inviable, porque convertiría el sistema regional en un sistema con 7 criterios distintos. “Sin embargo, debemos insistir en esta iniciativa, pues se puede trabajar con criterios comunes y no hay mejor manera de resolver y garantizar una mayor agilidad”, afirma.
“La realidad actual en La Gomera se convierte en un auténtico drama para las personas afectadas y especialmente para los mayores, que después de trabajar toda su vida y haber contribuido a la construcción de nuestra sociedad ni siquiera reciben las prestaciones a las que tienen derecho”, lamenta.
El líder de ASG recuerda que Canarias no sólo se sitúa a la cola nacional en Dependencia, sino que, de acuerdo con el último observatorio estatal, al ritmo actual se tardarán 25 años en absorber la demanda; añade que, pese a la deficiente financiación estatal, es necesario adoptar medidas, y reitera la importancia de descentralizar para agilizar el servicio desde cada isla.
Llama la atención, además, sobre el hecho de que las prestaciones son aún más deficientes en islas no capitalinas, e insiste en que, según el funcionamiento actual, el equipo de valoración médico no se desplaza a El Hierro o La Gomera si no hay gente suficiente, lo que se traduce en un calvario de espera para algunas personas y, siempre, en la prolongación de la valoración, que pasa de meses a años.