La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández (PSC), ha afirmado hoy que su socio en el Ejecutivo regional, CC, ha roto el pacto y la confianza está quebrada entre ambas formaciones «y no sólo por lo que pasó el martes», en alusión a la censura en Granadilla de Abona.
Patricia Hernández, que también es consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, señaló en declaraciones a los periodistas que es «evidente y se ha expresado con claridad» por parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSC que la confianza con CC «está quebrada», y será el Comité Regional el que decida la postura final de los socialistas.
En esa reunión, previsiblemente el 8 de octubre, el Comité adoptará la decisión necesaria que estime el partido y sobre este asunto Hernández recordó que es «sumamente disciplinada con la organización», y mientras, seguirá trabajando «por el interés de los canarios».
Añadió que la situación interna de los partidos no debe afectar a los ciudadanos y respecto a su intervención en el Comité Ejecutivo Regional celebrado ayer, precisó que no dijo que no era feliz con su socio de gobierno, sino que no le parece «fiable».
«En las dos últimas semanas la situación no era buena y ha habido tensiones en diferentes temas por parte de ambos socios, especialmente en materia sanitaria y la financiación de este área», agregó Patricia Hernández.
Preguntada por su interlocución con los miembros de CC en el Gobierno regional, subrayó la vicepresidenta que «por supuesto» habla con las consejeras de Educación y de Hacienda (Soledad Monzón y Rosa Dávila, respectivamente) y «faltaría más» también con el presidente Fernando Clavijo, puesto que «en las tareas de gobierno seguimos trabajando y hablando».
Incluso «en medio de la moción de censura» en Granadilla su departamento anunció que se había pasado «la barrera» de las 3.000 altas en dependencia, en unas semanas se incorporarán inspectores de trabajo al plan contra la explotación laboral y se trabaja en la ley de Servicios Sociales, añadió Hernández.
Al respecto, consideró que «lo que ocurre en los órganos internos de los partidos no puede ni debe afectar a los ciudadanos».