Han trabajado toda su vida. Muchos incluso desde que sólo eran niños y, sin embargo, hoy no cuentan ni con 13 euros diarios. No es la realidad de ningún país subdesarrollado. Sucede aquí en la moderna y avanza Europa, en España y lo sufren 23.923 jubilados canarios, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Se suman, además, las ayudas económicas por invalidez, dotadas con similar cuantía, y que vinculan a unos 20.000 residentes en las islas. El resultado convierte al archipiélago en una de las regiones con más pensiones no contributivas, es decir, aquellas que apenas superan los 350 euros mensuales, y frente a las que esta semana nos posicionamos en el Parlamento.
La Cámara autonómica aprobó, por unanimidad, una iniciativa del Grupo Nacionalista cuya finalidad es asegurar unos ingresos mínimos que eviten la exclusión y no sentencie a malvivir a abuelos, padres pero, sobre todo, abuelas y madres, que con su esfuerzo y sacrificio han ayudado y aún ayudan a construir la sociedad que hoy tenemos.
Las pensiones no contributivas recaen, especialmente, en mujeres que han trabajado, pero no cotizado. Y esa es precisamente una de las claves del problema: el trabajo sin cotizar en el campo, en el mar, en la limpieza y siempre en una economía de subsistencia, a la que se añade la obligada emigración en otros tiempos también difíciles.
Para esas personas se pide una pensión mejor. Agrupación Socialista Gomera (ASG) y todos los grupos políticos representados en la Cámara autonómica nos unimos para instar al Gobierno regional a que promueva ante el Estado el incremento progresivo de las cuantías.
Tal y como recoge la proposición no de ley aprobada en el Parlamento, las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia aún cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.
Desde ASG apuntamos, además, que la mejora de las pensiones, las no contributivas y las contributivas, que suman del orden de 300.000 personas en toda Canarias, debe incluirse en la agenda canaria que se negocie con Madrid.
Afectados y colectivos sociales advierten desde hace años de que los pagos estipulados por el Estado no llegan para cubrir el alquiler o la hipoteca, el agua, la luz y la comida, una terrible realidad que se agravó con la crisis y el incremento del desempleo, haciendo de las prestaciones un ingreso vital para la subsistencia de miles de familias.
Pero por si la situación no fuera ya lo suficientemente dramática, la Comisión Europea sostiene que España va a recortar más. Se prevé que la Seguridad Social pase de pagar jubilaciones medias del 82 por ciento del último salario al 49,7 por ciento.
Los analistas coinciden en que si se cumplen las previsiones, un jubilado se convertirá directamente en pobre, ya que cobraría 600 euros. Lo que no han dicho es en qué se convertirán los no contributivos, cuya prestación no llega a los 400 euros mensuales.
El panorama es desalentador, pues en otro informe se apunta que muchos de pensionistas acuden de manera asidua a los comedores sociales. Tratan de ajustar sus cuentas y así las frutas y verduras frescas se convierten en un lujo; la carne y el pescado se comen esporádicamente y son muy frecuentes las comidas preparadas que sólo deben calentarse y, por tanto, gastan menos gas o electricidad.
La traumática realidad impone una transformación del modelo. Debe haber un pacto de Estado que garantice a todos los ciudadanos unos ingresos mínimos equivalentes a los 655,20 euros mensuales del salario mínimo interprofesional. Es una cuestión de justicia social.
Casimiro Curbelo
Diputado autonómico y presidente del Cabildo de La Gomera