Cinco tribunales de provincia liquidaron la tarde del jueves en Venezuela cualquier posibilidad de que se organice un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Casi al mismo tiempo juzgados penales de los estados de Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas han dictado medidas cautelares para suspender el curso del proceso mientras se investiga un supuesto fraude en la primera etapa, que consistió en la presentación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del uno por ciento de las firmas del padrón electoral.
La oposición se alistaba para el último paso -el consentimiento del 20% de las personas habilitadas para votar- entre el miércoles 26 y el viernes 28 de octubre, pero el proceso se ha suspendido hasta nueva orden. En un comunicado el CNE ha anunciado que acata las resoluciones de los cinco tribunales y ha hecho un llamado “al diálogo nacional como fórmula democrática por excelencia para preservar la paz y la estabilidad de la República”.
La decisión abre un período peligroso e incierto en la aguda crisis política y económica de la nación sudamericana. El referéndum revocatorio era visto como el último recurso para evitar una confrontación entre los venezolanos. Todos los esfuerzos para sentar a las partes a dialogar no se han concretado y nada hace suponer que ese proceso, impulsado por una misión de la Unión de Naciones Sudamericanas encabezada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), pueda continuar de persistir la aguda confrontación política.
La oposición se había aferrado al plebiscito para intentar un cambio de timón en la conducción de Venezuela, lastrada por una inédita crisis de todo signo: la inflación más alta del mundo, una violencia rampante, la imposibilidad de adquirir bienes esenciales para la dieta y el quiebre generalizado del pacto social entre sus habitantes. Pero no ha sido posible. El chavismo, que es minoría de acuerdo con todos los sondeos de opinión, aprovecha el control de las instituciones para atrasar la consulta hasta la exasperación de sus proponentes o para suspenderla, como ha ocurrido después de esta acción concertada del Poder Judicial.
Ha sido una tarde frenética en Venezuela. El primer indicio de esta acción concertada del régimen lo ofreció Tareck El Aissami, gobernador del estado de Aragua (centro de Venezuela), cuando escribió en Twitter: “Justicia. Tribunal Penal de Aragua anula el proceso de recolección de firmas y ordena reparar fraude cometido por la MUD”. Horas más tarde, y mientras Maduro encadenaba la radio y la televisión del país para anunciar un viaje al Medio Oriente, los mandatarios chavistas de Monagas, Apure, Carabobo y Bolívar se hicieron eco de dictámenes similares. Todos coincidían en que las resoluciones suspendían los efectos de la recogida de firmas de la primera etapa del proceso (1 por ciento del padrón de votantes, a finales de junio). El revocatorio no podía seguir adelante.
Hasta bien entrada la tarde no había información distinta a las emitidas por las partes favorecidas. El País confirmó con el diputado Andrés Velásquez la validez de la resolución del Tribunal Cuarto en funciones de control en el estado de Bolívar (suroriente de Venezuela) que suspende el proceso en esa entidad. Velásquez, líder de la MUD en esa provincia, y sus compañeros Raúl Yusef y Braulio Merino son presentados en la querella como presuntos coautores de los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso, suministro de datos falsos al Poder Electoral agravado y agavillamiento.
El diputado Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo, ha instado a los tribunales a procesar a los responsables. “Esperamos que se ordene su detención y vayan a prisión por lo que han hecho al pueblo”, afirmó en un mitin en Maturín, la capital del estado de Monagas”.
El chavismo siempre denunció que entre las firmas presentadas por la MUD como punto de partida del proceso había muchas identidades falsas. Durante varias semanas, mientras el CNE certificaba que fuesen válidas, la nomenklatura amenazaba con acudir a los tribunales para ordenar que se suspendiera el proceso. La rápida respuesta de los tribunales garantiza que Maduro permanezca en el cargo y espere un mejor momento para medirse en una elección.
Entrada la noche del lunes la oposición no había hecho una declaración conjunta. Velásquez informó que se encontraban analizando las sentencias. Antes de que se conociera la decisión del Poder Electoral el gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles afirmaba que los tribunales “no podían parar el proceso electoral del pueblo”. Ese razonamiento era similar al expresado por algunos abogados sorprendidos por la incursión de un juzgado penal en asuntos electorales. La MUD incluso se podía jugar la carta de reunir el 20% de las rúbricas en aquellos estados donde el proceso seguiría adelante, y desconocer la resolución del Supremo que obligaba a presentar las firmas en todas las provincias
Pero después de la noticia, que luce como el jaque mate del referéndum, su tono cambió. En dos trinos resumió sus preocupaciones y lanzó una alerta “Alertamos al cuerpo diplomático. El Gobierno empuja a un escenario muy peligroso y de aumento de la crisis”. Y agregó: “Y sépanlo Maduro y su combo, incluyendo a Lucena (presidenta del CNE). Este no es el país de 2013. Esta es otra Venezuela donde el 80% quiere cambio. Se comieron la luz”. En el lenguaje carcelario el que se come la luz ha cometido una falta muy grave.
