La reforma del vigente sistema electoral de las Islas es inaplazable si queremos mejorar la calidad de nuestra vida democrática. Posibilitando que el Parlamento de Canarias se parezca lo más fielmente posible a lo que expresa la ciudadanía en las urnas –no dejando fuera por las muy elevadas barreras a partidos con amplio apoyo, como le sucedió a Ciudadanos, con más de 50.000 sufragios, en los comicios de mayo de 2015- y mejorando la proporcionalidad del voto entre los distintos territorios. No es de recibo esa desproporcionalidad de 1 a 17 entre El Hierro y Tenerife, ni que un escaño le cueste a Podemos y a Nueva Canarias (NC) 19.000 votos y a otras formaciones 1.300.
Tres décadas después de su aprobación con el primer Estatuto de Autonomía, considero necesario superar la triple paridad. Tuvo su sentido en el nacimiento del proceso autonómico, dados los enormes desequilibrios existentes entonces entre las islas capitalinas y las no capitalinas. Hoy no se justifica. La situación ha cambiado mucho desde entonces en infraestructuras viarias, aeroportuarias, educativas o sanitarias, y en calidad de vida. Y, por supuesto, en la economía, con el espectacular desarrollo experimentado por Lanzarote o Fuerteventura, cuyos PIB per cápita están entre los más altos de Canarias.
Además, la atención a la situación de los hombres y mujeres de Canarias que soportan desigualdades territoriales o sociales, vivan donde vivan, en las islas periféricas o en los barrios de nuestras grandes urbes (que acumulan los mayores niveles de pobreza), debe llevarse a cabo con equidad en los distintos territorios y sectores sociales, con el desarrollo de la economía y políticas sectoriales equilibradas. Esta comunidad cuenta con un cuerpo legislativo que posibilita asignar recursos en función de las necesidades de la gente.
No puede ni debe depender solo de la mayor o menor representación de cada isla en el Parlamento. Como he señalado en alguna ocasión, si los problemas se resuelven en base al número de diputados, llevándolo al absurdo habría que multiplicar por 10 el voto de desempleados o personas en situación de pobreza para afrontar sus graves problemas. O llevaría a que Canarias exigiera tener 30 o 40 escaños en lugar de sus actuales 15 representantes en el Congreso para poder ser escuchada y atendida. Sin embargo, lo que reclamamos no son más diputados sino una ley de financiación que nos sitúe, el menos, en la media estatal y garantice los servicios públicos.
Comisión de estudio
Tras muchos esfuerzos la comisión de estudio para la reforma de nuestro sistema electoral comienza su andadura. A la misma serán invitados, junto a los partidos que integran la Cámara, organizaciones que, en su momento, superaron el 3% canario o el 15% insular en las elecciones autonómicas. Junto a Demócratas para el Cambio, que desarrolla un importante trabajo a favor de la reforma del sistema electoral canario; y que ha impulsado la constitución del Pacto por la Democracia, del que forman parte distintos colectivos y la práctica totalidad de las formaciones políticas, a excepción de CC y PSOE.
Además, cada uno de los grupos parlamentarios aportará expertos que cualifiquen el debate. Cinco CC, cuatro PSOE, tres PP, dos cada uno Podemos y NC, y uno ASG. Una distribución discutible, con cupos, en vez de facilitar las más plurales aportaciones al debate. Esta comisión de estudio culminará con la elaboración de un dictamen que pasará al pleno del Parlamento de Canarias.
Hay antecedentes. En el año 2001 se estableció una comisión de estudio, sin que se lograran las mayorías reforzadas que se precisan para modificarla (40 votos). NC presentó en 2007 una propuesta de reducción de las barreras en el Congreso de los Diputados pero finalmente el Gobierno de CC procedió a retirar la propuesta de reforma estatutaria. Lo planteó el PSOE en el Parlamento canario en 2009 y, posteriormente, Nueva Canarias en la pasada legislatura. Centrándose ambos solo en el establecimiento de una única barrera insular del 5%. En uno y otro caso no se consiguió el objetivo.
En estos momentos hay una elevada exigencia ciudadana de mejora de la representatividad y la participación, cuestionando el propio sistema electoral estatal mucho más proporcional que el nuestro. También en Canarias, planteando que se aborden modificaciones que redundarán en más y mejor democracia para el Archipiélago.
Mayoría social
Existe una mayoría social favorable al cambio. Los partidos que han planteado en sus programas modificaciones en el actual modelo suponen el 82% de los votantes, frente a la organización (CC) resistente a efectuar modificaciones.
Dos son los temas esenciales: barreras electorales y proporcionalidad. Respecto a la primera, inicialmente eran del 3% archipielágico y del 20% insular (que es la circunscripción en Canarias), pero la reforma estatutaria del 96 las elevó al 6% y al 30%, respectivamente. Parece razonable que se fijen barreras similares a las existentes en las otras comunidades autónomas, que oscilan entre el 3% (Cataluña, Euskadi y Castilla La Mancha) y el 5% (Galicia, Baleares y Madrid); y hacerlo únicamente en la circunscripción, cada isla, y no con doble barrera. Este es el cambio más sencillo y que suscita mayores niveles de acuerdo.
El otro afectaría a la proporcionalidad, donde Canarias bate récords. Si en otros lados la diferencia entre el valor del voto de una circunscripción u otra oscila entre 2 y 4, en Canarias llega hasta 17. La triple paridad hace que el 83% de la población que reside en las islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, cuente con la misma representación, 30 escaños, que la que vive en el resto del Archipiélago (el 17% de la población). Hay un amplio abanico de opciones para mejorar esa desproporcionalidad actual.
Los trabajos de la comisión deben ser una oportunidad para el debate, el estudio de alternativas y la búsqueda de consensos que mejoren de forma sustancial un sistema electoral, el canario, claramente injusto y desequilibrado. La nueva normativa electoral debería encontrarse ya en vigor cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas, en mayo de 2019. No debemos olvidar, además, que las sociedades más democráticas se encuentran mejor capacitadas apara avanzar política, económica y socialmente.
