Agrupación Socialista Gomera (ASG) insistirá de nuevo en el próximo pleno del Parlamento en la defensa de las islas no capitalinas y la igualdad de oportunidades para todos los residentes en el archipiélago, con independencia del lugar de residencia. Así lo informa el portavoz de la formación política, Casimiro Curbelo, quien avanza los asuntos que centrarán la acción del grupo parlamentario.
Curbelo indica que en la sesión plenaria, que tendrá lugar mañana y el miércoles, ASG demandará que se garantice la igualad de oportunidades en empleo, especialmente para los jóvenes y las políticas activas dirigidas a los desempleados de larga duración, mayores de 45 años y mujeres; en educación – se tratarán las ayudas al transporte para universitarios y alumnos de formación superior-, y servicios públicos como la sanidad mortuoria, entre otros asuntos.
Precisa que una de las preguntas que ASG planteará irá dirigida al consejero de Sanidad, al que se pedirá más plazo y ayuda económica para que los ayuntamientos puedan acomodarse al Decreto 132/2014, que fija las condiciones técnico-sanitarias que han de cumplir velatorios, tanatorios, crematorios, cementerios y demás lugares de inhumación, lo que obliga, por ejemplo, a separar los habitáculos de féretros y veladores.
Los representantes de ASG apuestan por una mayor colaboración entre administraciones para asegurar el cumplimiento de esta y cualquier otra normativa, de modo que se minimicen los inconvenientes y aseguren los derechos que tienen tanto los habitantes de Tenerife o Gran Canaria como los que viven en La Gomera y El Hierro.
El máximo representante de la formación política gomera recuerda que, tal y como se advirtió la semana pasada, las islas con menos población corren el riesgo de quedarse fuera del Programa de Empleo Juvenil y así se planteará mañana a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
“Debemos buscar soluciones”, declara antes de recordar que la normativa actual fija como entidades beneficiarias de las ayudas a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares y comunidades autónomas con población superior a 50.000 habitantes. Se aboga, por tanto, por un cambio de norma para que territorios como La Gomera, con poco más de 20.000 habitantes, y El Hierro, con 9.000, puedan optar a recibir recursos.