“Las actividades de juego ilegal son a todas luces una acción insolidaria y muy perjudicial para los intereses legítimos de quienes ejercen la actividad de manera legal, además de claras estafas para el conjunto de los ciudadanos, que luego no pueden cobrar los posibles premios que les podrían tocar”, declaró hoy la diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, en Comisión parlamentaria.
Desde la formación política gomera se exige firmeza frente a estas prácticas, y se insiste en que la acción requerida no conllevaría una elevada consignación presupuestaria y sí supondría, en cambio, una considerable ayuda para el colectivo que representa la ONCE y la acción social que desarrolla.
ASG apuesta por aumentar el control judicial y fiscal, para que la recaudación derivada de actividades ilícitas – aproximadamente 13 millones de euros en 2014 – reviertan en el erario público y ayude a sufragar servicios sociales, la sanidad o la educación públicas.
“Estoy convencida de que si sumáramos todos esos millones al presupuesto anual de nuestra región las políticas sociales dirigidas a las personas con diversidad funcional mejorarían sensiblemente en Canarias”, afirmó Mendoza.
Insistió en que desde el Parlamento se debe exigir firmeza. “Tenemos que asegurarnos de que se insta a las administraciones competentes a llevar a cabo las medidas pertinentes”, dijo tras la intervención de José Antonio López Mármol, delegado territorial de la ONCE, ante la Comisión parlamentaria de Discapacidad.
“No nos andemos con medias tintas en asuntos de esta relevancia y asumamos que si todos los grupos políticos no coincidimos en un rotundo rechazo unánime al juego ilegal lo estaremos alentando y eso, señorías, afectaría todavía más a las familias y personas que usan la vía de comercializar el juego legal para compensar la falta de posibilidades asistenciales que actualmente ofrece la administración pública”, concluyó.