El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves en el debate de investidura que deja sin efecto académico las reválidas educativas, la última medida de la LOMCE que entra en funcionamiento este curso. La prueba de Bachillerato se mantiene como examen de acceso para la Universidad y no será obligatoria para los alumnos que no quieran cursar estudios universitarios y la de ESO se convertirá en una prueba de diagnóstico.
Las reválidas entran en funcionamiento este curso aunque de forma piloto, es decir, sin que sea necesario aprobarlas para sacarse el título. Su anuncio, que llega un día después de una protesta con manifestaciones en más de 40 ciudades, no implica que se eliminen estos exámenes externos sino que no será necesario pasarlos para poder seguir estudiando hasta que, al menos, se cierre un nuevo acuerdo educativo que España nunca ha conseguido hasta la fecha.
Aunque Rajoy dijo el miércoles en la primera sesión del debate de investidura que ese pacto debería cerrarse antes de seis meses, un portavoz del Ministerio de Educación añade que, se tarde lo que se tarde en llegar a ese hipotético pacto, el anuncio de este jueves altera el calendario previsto: el efecto de las reválidasqueda congelado indefinidamente.
«Las reválidas no tendrán efectos académicos hasta que no se llegue al pacto nacional por la educación que propuse ayer [por el miércoles]», ha dicho Rajoy. Cientos de miles de personas salieron el miércoles a la calle y decenas de miles de alumnos faltaron a clase en la primera huelga del curso convocada, entre otros motivos, contra estas evaluaciones externas que han sumado un amplio rechazo de sectores muy distintos. Los convocantes de esa protesta, de hecho, consideran «insuficiente» el anuncio de Rajoy y piden que elimine las evaluaciones totalmente.
El presidente ha señalado que estas pruebas, que deben hacer los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, “no serán necesarias para obtener el título pero sí para ir a la Universidad”. La evaluación de Bachillerato sustituye a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad, a partir de este curso. La normativa prevé que sea el curso que viene (2018) cuando los alumnos tengan que aprobar ambas pruebas para obtener el título y poder seguir estudiando. Y sobre esto va el anuncio del presidente en funciones.
El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado tras el anuncio del presidente que la prueba de Bachillerato «será muy similar» a la antigua Selectividad y que la orden ministerial que aún deben aprobar sobre este examen incluirá «ejemplos y simulaciones» para los estudiantes, por lo que ha pedido «tranquilidad y sosiego» a las familias, en declaraciones a la cadena Ser.
La propuesta de Rajoy no supone que se eliminen definitivamente estas evaluaciones, fijadas por ley y que se mantendrán en cualquier caso como pruebas de diagnóstico, es decir, exámenes sin efectos académicos para el alumno pero con los que se mide la evolución general, como ya pasa con las prueba de 3º y 6º de primaria que también han cosechado un amplio rechazo, entre otros motivos, porque parte de la comunidad educativa teme que se puedan utilizar para hacer rankings de centros.
Méndez de Vigo ha defendido que aplicadas como pruebas de diagnóstico «sirven para evaluar porque evaluar es bueno».»Todo aquello que no se evalúa se devalúa», ha añadido el ministro, que asegura que estas pruebas servirán para detectar si los centros aplican «las enseñanzas correctas», o para «detectar» a los alumnos que requieran ayuda y «prestársela». El ministro en funciones, a la salida del debate de investidura, ha explicado que el PP quiere «crear un clima» que haga posible el pacto.
Según Méndez de Vigo, la decisión también es consecuencia del acuerdo de investidura que su partido cerró con Ciudadanos. También lo ha relacionado con la iniciativa del portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, que en su intervención parlamentaria le ha pedido al presidente: “comprométase hoy, comprométase ya a paralizar las reválidas”. Ha sido una de las medidas más contestadas, para la que todas las comunidades autónomas (incluidas las cinco gobernadas por los populares) habían pedido una moratoria.
Dejar sin efecto el calendario de la ley
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) incluye el calendario de aplicación dentro de la propia normativa, una medida que aplicó el PP para blindar la normativa después de que su anterior ley educativa, la LOCE de Pilar del Castillo, fuera derogada de forma casi inmediata cuando hubo cambio de gobierno. Es decir, con la ley en la mano, este curso las pruebas no eran todavía necesarias para obtener el título y el curso que viene todos los alumnos tienen que pasarlas con una nota mínima de cinco para poder seguir estudiando.
Un portavoz del Ministerio de Educación ha explicado que la intención del Gobierno es modificar el calendario de la ley orgánica de educación mediante un real decreto que ya tienen preparado porque está incluido en una disposición «que no tiene carácter orgánico». Quieren aplazar la fecha fijada para que las pruebas tengan valor académico (2018, el curso que viene) hasta que se alcance el pacto educativo.
El citado portavoz asegura que ese real decreto se aprobará «de forma inmediata» en cuanto haya un nuevo gobierno. También promete sacar en ese plazo y con carácter de urgencia la orden que regula el contenido de las pruebas para este curso. La de Bachillerato es la nueva Selectividad y, aunque tendrá menos cambios de los previstos por el anterior ministro José Ignacio Wert, sí supone más exámenes y pruebas sobre asignaturas de cursos previos cuyos detalles los centros desconocen dos meses después del inicio de curso.
Posturas «maximalistas» con la LOMCE
El líder de los populares se ha referido también a las palabras del portavoz del PSOE sobre su intención utilizar el pacto para derogar la LOMCE. A juicio del presidente del Gobierno en funciones, el acuerdo entre todas las fuerzas «no debe consistir en derogar» una ley ni «en posturas maximalistas». Ha recordado que eso lo hizo el PSOE con la LOCE del PP «a las 48 horas de que un Gobierno comenzara a serlo» y «no sirvió para nada, ni puso un cimiento razonable para construir en el futuro». El Congreso aprobó en abril la tramitación de una iniciativa para paralizar la reforma educativa del PP.
