A día de hoy no contamos con un nuevo Plan Canario de Vivienda, que correspondería al período 2017-2020”, dijo la diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza durante la última sesión plenaria del Parlamento, en la que apuntó que Canarias debe incrementar el parque público de viviendas en todas las islas.
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Melodie Mendoza afirmó que han aumentado las necesidades sin que, lamentablemente, el Gobierno haya logrado sacar adelante una nueva iniciativa ajustada a las demandas de la sociedad canaria y el mercado inmobiliario y, en consecuencia, preguntó a la consejera de regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda si habrá Plan Canario de la Vivienda en 2017 y si éste se adaptará a las necesidades de todos los territorios insulares.
La representante de ASG pregunto, además, si ya se está aplicando el nuevo sistema de baremación que elimina los sorteos, para hacer más hincapié en las condiciones socioeconómicas de los solicitantes.
Recordó que, según ha reconocido el director general de Vivienda, la lista de espera para acceder a una vivienda social sumaba alrededor de 14.000 residentes canarios el pasado mes de abril, mientras que la previsión de construcción apenas se sitúa en 759 pisos de protección oficial.
Los datos oficiales apuntan, además, que el parque público de viviendas del Gobierno de Canarias está constituido por 27.000 unidades, de las que se asegura que todas están entregadas a excepción de aquellas que van quedando vacías. “Se ha indicado también que hay unas 30 casas con okupas y no sabemos si, aparte de construir viviendas, baraja usted alguna otra alternativa para dar respuesta a la larga lista de espera”, dijo.
Mendoza insiste en que son muchos los asuntos sin resolver, pero matiza, no obstante, que Agrupación Socialista Gomera mantiene la confianza que en su día otorgó al Gobierno. “Esperamos que pronto sea una realidad el nuevo Plan Canario de Vivienda, que debe llevar a incrementar el parque público de viviendas sociales en todas las islas, ya sea a través de nuevas construcciones o con acuerdos con entidades financieras, pero siempre teniendo en cuenta las circunstancias sociales, la realidad del solicitante y el derecho general a una vivienda digna”, concluyó.