Los datos son contundentes. En Canarias hay 2,1 millones de habitantes y sumamos 286.000 desempleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), cerca 233.000, de acuerdo con los registros de las oficinas de los servicios públicos de empleo, difundidos esta misma semana.
La realidad de las islas es realmente dramática. Más del 26 por ciento de la población activa está en paro y, en consecuencia, son miles las familias que tienen verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. Pero es que, además, se contabilizan 52.000 hogares sin ningún ingreso y, según el último informe difundido por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, hay 598.000 residentes en riesgo de pobreza.
Las estadísticas evidencian también que cerca de 160.000 mayores reciben una pensión insuficiente para afrontar sus gastos cotidianos, y servicios esenciales como la Sanidad pública tampoco funcionan como debieran. Se contabilizan unos 100.000 pacientes están en lista de espera para ser sometidos a una intervención quirúrgica.
El relato, al que podrían incorporarse otras muchas cifras, es desolador y, aún así, hay razones para la esperanza y el optimismo, pues tan cierta como los números apuntados es la evolución positiva que actualmente experimenta la economía de nuestra comunidad autónoma.
El Gobierno ha aumentado la recaudación por impuestos y dispone de un añadido de 160 millones de euros, correspondientes al extinto Impuesto de Tráfico de Empresa (ITE), con los que es posible plantearse los presupuestos regionales más expansivos de los últimos cinco años. Así los ha clasificado el presidente del Ejecutivo regional al presentar a sindicatos y empresarios las cuentas para 2017, sobre las que ha avanzado, además, que se dispondrá de 250 millones de euros más para el gasto.
Se trata, sin duda, de una feliz noticia, pues desde la Administración autonómica, como desde el resto de las entidades públicas, estamos obligados a sumar para cambiar la realidad canaria. Todos los representantes públicos debemos remar al unísono para sacar adelante acciones que permitan reactivar la economía y generar empleo; acciones que prioricen la atención a los más necesitados y, por supuesto, acciones que conduzcan a una mejor redistribución de la riqueza que posee el archipiélago.
Agrupación Socialista Gomera (ASG) aplaude las previsiones apuntadas por el titular del Gobierno autonómico, quien ha asegurado que el 80 por ciento del gasto presupuestario se destinará a servicios básicos esenciales, y que su objetivo es rebajar el paro por debajo del 25 por ciento, con la creación de 20.000 nuevos puestos de trabajo.
Consideramos un acierto toda iniciativa que se destine a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las islas, igual que estamos convencidos de que el empleo se genera con inversión. Desde lo público se tiene que impulsar la actividad y dinamizar la economía, además de afianzar la tendencia positiva de crecimiento y avanzar en el modelo de progreso sostenible que se requiere, y que está vinculado a la protección del medio ambiente y las energías limpias.
Los objetivos se alcanzarán si se aplica la transversalidad y se coordinan todas y cada una de las políticas que se pongan en marcha desde el Gobierno regional, contando también con los cabildos y los ayuntamientos.
Hacer y estar en la política no es más que trabajar con inteligencia para servir a los ciudadanos y, por tanto, la primera tarea del conjunto de las administraciones públicas y agentes sociales tiene que ser volcarse en los servicios públicos esenciales: la Sanidad, la Educación y la Asistencia Social. Comprometer el gasto necesario para dar respuesta a las necesidades de las personas y trabajar para impulsar progreso y desarrollo.
Casimiro Curbelo
Diputado autonómico y presidente del Cabildo de La Gomera