Casimiro Curbelo, líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG) y portavoz del Grupo Parlamentario Mixto que integra esta formación política, aseguró que quienes se oponen a la nueva Ley del Suelo no son conscientes de la realidad de Canarias y el entramado normativo que padece la administración, las empresas y el ciudadano.
Afirmó que la multiplicidad de leyes y administraciones competentes en la ordenación territorial han impedido el desarrollo de actividades e incluso provocado el abandono de terrenos agrícolas, que podrán recuperarse gracias al proyecto de Ley que hoy inició el debate parlamentario, pues simplifica los trámites y facilita abrir empresas que ayuden a rentabilizar las explotaciones agrarias.
Concretó que la nueva Ley permitirá instalaciones como una bodega, que sea punto de venta de vino de un viñedo; una quesería, para vender el queso que se produzca en una ganadería, o un invernadero para mejorar el cultivo de flores. “Son sólo unos ejemplos, en los que también es posible aludir a que se evitará el calvario que hoy supone reconstruir un bancal o un cuarto de aperos”, detalló.
El representante de ASG insiste en la importancia de compaginar producción y comercialización, además de facilitar un mejor reparto de la riqueza, de modo que no sólo se localice en las zonas turísticas o ciudades, sino también en las áreas rurales. Hizo hincapié en que, en todo caso, está garantizada la protección medioambiental y de los espacios naturales de Canarias.
Aseguró que no tienen razón quienes aseguran que se trata de una Ley cargada de cemento. “Al contrario, los que respaldamos esta nueva Ley estamos cargados de racionalidad”, dijo para calificar de oportuno el proyecto de Ley y anunciar el voto contrario de ASG a las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de Podemos y Nueva Canarias.
El respaldo positivo no impidió a Curbelo apostar por aprovechar el período de presentación de enmiendas parciales que se abre ahora y se prolongará hasta diciembre para mejorar todo lo necesario, como podría ser la dotación de una ficha financiera para que el Gobierno pueda apoyar a las corporaciones que lo necesiten.