El Pleno del Congreso ha acordado este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para frenar el calendario de implantación de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza). La iniciativa ha sido admitida a trámite con los votos de todos salvo el PP e inicia ahora un largo procedimiento hasta que sea aprobado definitivamente en el que los populares pueden dilatar los plazos y que no estará concluido antes de cuatro meses. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha respondido anunciando la convocatoria de una conferencia sectorial para el 28 de noviembre “para llegar a un acuerdo para suspender los efectos académicos hasta que haya un pacto nacional por la educación”, como se comprometió Rajoy. El Gobierno aprobará un decreto ley en las primeras semanas de diciembre para suspender de manera inmediata los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.
La toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para frenar la aplicación de la LOMCE es la primera votación de proposición de ley que pierde el PP, frente a socialistas, Podemos, Ciudadanos y los partidos independentistas y nacionalistas, desde la investidura de Mariano Rajoy.
Es la primera proposición de ley en contra una de las normas estrella aprobadas por los populares con su mayoría absoluta y en solitario que se acepta tramitar en el Pleno desde que se constituyó el nuevo Gobierno. Es la primera vez que se pone en cuestión por la mayoría absoluta de la Cámara una norma fruto del rodillo del PP.
También es la primera proposición que el Gobierno vetó para intentar frenarla, pero que la Mesa permitió tramitar en contra del PP y que ahora se admite en el Pleno. La opción del Ejecutivo de impedir su tramitación por afectar al Presupuesto queda derrotada por todos los demás partidos
Es la primera muestra del tipo de oposición por el que ha optado el PSOE tras su traumática abstención en la investidura, que se basa en combinar iniciativas de lo que su portavoz Antonio Hernando definió ayer como «revertir las políticas más dañinas del PP, con acuerdos con los populares y con una posición institucional. Esta última le enfrenta a Podemos en decisiones como la de respetar el acuerdo de reparto de las presidencias de comisiones y no impedir que Jorge Fernández sea presidente de la de Exteriores. Lo que para el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, es «un chollo de oposición» y la “triple alianza” entre PP, PSOE y Ciudadanos
La estrategia de los acuerdos se ha plasmado en una proposición no de ley sobre violencia de género aprobada por unanimidad, tras pactarla con el PP, que incluye la exigencia de un pacto de Estado, dotación presupuestaria y una subcomisión que estudie medidas contra los crímenes machistas.
Para el PSOE la iniciativa sobre la LOMCE es una muestra de cómo se puede condicionar la acción de un Gobierno en minoría, aunque para Podemos sea insuficiente porque no deroga la norma.
Sin valor académico
Mariano Rajoy ya anunció que las reválidas no tendrán valor académico, pero la iniciativa, defendida por el socialista Manuel Cruz, supone frenarlas totalmente cuando se apruebe definitivamente la norma no antes de cuatro meses. «Queda suspendido el calendario de implantación de la Ley», asegura su artículo único, seguido de una disposición que insta al Gobierno a buscar «un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora de nuestro sistema educativo, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley básica de educación que suponga la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y contenga las medidas acordadas».
La tesis de los socialistas es que no es posible derogar la ley, porque quedaría un vacío legal, y por eso es necesario frenar su aplicación y luego elaborar con un pacto una nueva que le sustituya progresivamente.
De la LOMCE (conocida como ley Wert) queda solo por implantar la reválida de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato. El ministro Íñigo Méndez de Vigo ha anunciado que el 28 de noviembre llevará a la conferencia sectorial de Educación la suspensión de los efectos académicos de la reválida que anunció Rajoy, hasta que haya un pacto nacional. Ese acuerdo se plasmará en un decreto en diciembre para suspender esos efectos académicos.
Es decir, si antes no se ha aprobado una reforma legal, a finales de este curso habrá reválida pero sin efectos académicos y una selectividad semejante a la que existía hasta ahora.
La proposición que se tramita es también la primera fricción entre Gobierno y Ciudadanos tras la investidura, porque el pacto entre ambos hablaba de frenar la norma y ayer los populares votaron en contra.
El arma ahora del Gobierno y el PP es la del tiempo, es decir, el dilatar la tramitación en el Congreso y luego en el Senado. Hasta que se apruebe definitivamente el texto admitido ayer a trámite, se mantienen en vigor en todos sus términos la LOMCE y todas las normas de desarrollo que ha aprobado el Gobierno.
El PP, según ha explicado su portavoz Rafael Hernando, sostiene que antes de frenar la LOMCE es necesario poner en marcha un pacto de Estado sobre educación y, por eso, han votado en contra.