Ya lo dijo el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el acto en el que traspasó a Soraya Saénz de Santamaría las funciones de negociación política con las Comunidades Autónomas: «España tiene una de las mejores Administraciones Públicas del mundo y es tiempo de dignificar la función pública». Y ayer, su recién elegida secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se reunió con los representantes sindicales de los funcionarios y empleados públicos para decirles que sí, que les van a compensar por el sacrificio de los últimos años. Por ello, y aunque la situación de las cuentas del Estado no es la mejor y se avecina un nuevo ajuste impositivo, ya trabajan en una revisión salarial, en la posibilidad de implantar de manera integral una jornada de 35 horas y en una Ley de Función Pública.
«Hemos tenido una reunión de más de una hora con la nueva secretaria de Estadoy nos ha transmitido la voluntad del Gobierno, del ministro Montoro y de ella misma de negociar y llegar a acuerdos. Además, el Ministerio quiere que mantengamos dentro de poco otro encuentro, pero en esta ocasión con el ministro», explica a EL MUNDO Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Los sindicatos, por su parte, le han recordado a Collado que «el recorte de 2010 sigue estando vigente». Estos recortes a los que el máximo dirigente de uno de los principales sindicatos del sector público se refiere son las reducciones salariales que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión la tomó el Ejecutivo del PSOE en uno de los peores momentos de la crisis económica, ysupuso una bajada de sueldos de un 5% que Rajoy y Montoro todavía no han compensado.
Por ello, los representantes de los trabajadores quieren que la compensación vaya más allá de un 1%. «Queremos que sea una subida vinculada a la legislatura y que permita recuperar de forma gradual la reducción del 5% del sueldo que se sufrió en 2010″, explica Borra.
Jornada de 35 horas
Asimismo, en la reunión también se abordó la necesidad de imponer una jornada laboral de 35 horas. Esto es algo que el Parlamento de Andalucía ya ha aprobado para los trabajadores públicos de la región, y en la votación tanto el Partido Popular como Ciudadanos se abstuvieron. Con este precedente, parece factible que esta medida se implante también a nivel nacional.
El desarrollo de una Ley de Función Pública fue otro de los aspecto que se trató, así como la posibilidad de implantar un sistema de evaluación de los trabajadores públicos. Esta es una petición que se ha realizado en más de una ocasión desde los sindicatos, ya que así se podría medir realmente qué trabajadores realizan un buen desempeño y cuáles no. Sería, en su opinión, una forma de acabar con la mala fama y los prejuicios que existen sobre buena parte de los empleados de la Administración.
En todo este proceso negociador, considera CSIF, también juega a favor de los funcionarios la nueva distribución de carteras ministeriales. El hecho de que el Ministerio de Hacienda sea ahora también de Función Pública y siga en manos de Montoro, demuestra que el Gobierno de Rajoy quiere ahora potenciar y cuidar al sector público en una Legislatura en la que serán necesarios muchos pactos
