“Es fundamental que se cumplan los plazos previsto y que culminen cuanto antes la interconexión eléctrica entre La Gomera y Tenerife”, asegura el máximo representante de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, quien informa de las iniciativas presentadas en Madrid y el trabajo conjunto que se lleva a cabo con el Gobierno regional.
Curbelo precisa que en todos los encuentros que se han mantenido con el consejero regional de Industria se ha hecho hincapié en la importancia del cable submarino que unirá las dos islas y con el que se acabará con el aislamiento eléctrico de La Gomera o, lo que viene a ser lo mismo, habrá más garantía de suministro para los residentes en la isla colombina.
Añade que el objetivo es reducir la dependen de un único sistema de producción, además de aportar ventajas de carácter ambiental y ahorro, sin olvidar la vertebración del territorio, tres aspectos a los que se alude en la moción que ASG ha registrado en el Senado y que también han sido expuestas ante el Ejecutivo regional.
“La interconexión tiene que venir acompañada de un cambio en el modelo energético, en el que también se trabaja, y que supone la integración de las energías renovables, para hacer más sostenible, eficaz y seguro el suministro eléctrico, tal y como se recoge en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 2014, y que tiene plazo previsto de terminación en este ejercicio”, indica.
Detalla también que, según comunicó Red Eléctrica, el proyecto suma una inversión cercana a los 180 millones de euros y contempla que la subestación de El Palmar, ubicada en San Sebastián de La Gomera, se enlazará con la de Chío, en Tenerife, con un cable submarino de 42 kilómetros y dos circuitos de 66 kilovatios.
“Ahora que ya existe Gobierno nacional en plenas funciones conviene dar un impulso decidido al proyecto de interconexión, para que se cumplan los plazos de terminación y para que los usuarios se beneficien cuanto antes de la reducción de los costes de generación”, concluye no sin antes aludir a la necesidad de resolver todos aquellos expedientes administrativos que hayan quedado pendientes y, en consecuencia, evitar que la obra quede paralizada.
