Se acerca el Día de la Constitución y, en verdad, son muchos los motivos para celebrar. El próximo martes se cumplirán 38 años de aquel 6 de diciembre en el que ratificamos la Carta Magna de 1978, que ha sido una herramienta fundamental para el progreso de nuestro país. Y es que, a lo largo de estas cerca de cuatro décadas, España ha avanzado como nunca.
En primer lugar, la norma suprema ha hecho que la Libertad se haya normalizado de tal manera que hoy suena extraño, y muy lejano, el tiempo en el que había que cuidar lo que se decía o se corría el peligro de desaparecer sin dejar rastro.
Y, además de conseguir la regularización de la convivencia pacífica, se han consolidado los servicios públicos fundamentales, entre los que destaca la enseñanza y el acceso a la formación superior, que nos han permitido formarnos para asumir los retos sociales.
Ha mejorado también el sistema de protección sanitaria y, por supuesto, las pensiones, entendidas como un seguro frente a riesgos laborales, la vejez o situaciones sobrevenidos por dependencia, en las que tenemos derecho a recibir una paga.
Aunque parezca increíble, el derecho al empleo remunerado y el salario mínimo interprofesional, que por fin empezará a subir, es otro de los grandes logros. Y, pese a todos los adelantos, ha llegado el momento de adecuar la Norma a las necesidades actuales de la sociedad española. La situación económica y política del país obligan a acometer esta difícil tarea.
La reforma de la Constitución es imprescindible para asegurar la supervivencia del sistema democrático más largo y fructífero de nuestra historia. Necesitamos recuperar y garantizar el estado del bienestar, construido con tanto esfuerzo y seriamente afectado por los recortes e imposiciones de los últimos ejercicios.
Hay que incorporar una regulación para la igualdad de género; insistir en la solidaridad interterritorial, y avanzar en el reconocimiento de las singularidades regionales. Es necesario conciliar la unidad con las tendencias separatistas y, por supuesto, anclar el REF, así como la condición ultraperiférica de Canarias, pero, por encima de todo, hay que asegurar un nivel mínimo de inversión pública en los servicios básicos, es decir en Educación, Sanidad y Atención Social.
Afortunadamente hoy contamos con potentes instrumentos con los que es posible apuntalar los pilares básicos de la Constitución. Y ese es el caso del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que reúne los ingresos del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE) y que, bien aplicado, puede suponer un auténtico impulso para las islas.
En Agrupación Socialista Gomera (ASG) estamos convencidos de que, más allá de las discrepancias o las utilizaciones partidistas que pretenden hacer algunos para asegurarse su cuota de poder, los 160 millones de euros anuales que suma el Fdcan representan una gran oportunidad para generar empleo, poner en práctica políticas de I+D+I y acometer las infraestructuras que tanto necesita nuestra tierra o, lo que viene a ser lo mismo, robustecer la justicia social y dar nuevos pasos hacia el progreso sostenible.
Avanzar y gobernar no equivale a romper, sino a caminar hacia adelante, mirando siempre por el interés general, que es precisamente lo que tenemos que aplicar a nivel nacional con la Carta Magna y también aquí, en Canarias, donde es imprescindible hacer valer el principio de equilibrio entre territorios.
De esa ponderación, y de la corrección del injusto sistema de financiación estatal que recibe el archipiélago, así como del buen uso de las herramientas a nuestro alcance, dependen las garantías del sistema público y la igualdad de oportunidades a las que todos los españoles tienen derecho.
Casimiro Curbelo, Diputado autonómico y presidente del Cabildo de La Gomera
