El secretario general de CCOO en Canarias, Carmelo Jorge, ha manifestado este martes que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), ha engañado a los sindicatos en la negociación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y le ha advertido de que «volveremos a vernos en el camino. Seguro».
Al hablar del reparto de los 160 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias para este año Carmelo Jorge ha comenzado diciendo «arrieros somos», para recordar a continuación que desde el Gobierno canario se llamó a UGT y a CCOO, así como a los representantes empresariales.
La llamada fue para ejercer una presión conjunta frente al Gobierno central para recuperar el dinero del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas para un fondo de desarrollo, y añadió que los cabildos no participaron en ese proceso.
El dirigente de Comisiones Obreras (CCOO) señaló que cuando llegó el momento de repartir los fondos, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha seguido «única y exclusivamente» su criterio, para agregar que «volveremos a vernos en el camino. Seguro. Y con nosotros por lo menos ha dejado de contar para este tipo de experimentos».
Carmelo Jorge opinó que la primera vez que «nos engañan es responsabilidad de quien nos engaña, pero la segunda sería responsabilidad nuestra», y comentó que «parece que lo puedo decir más alto, pero más claro no».
Estas declaraciones las realizó Carmelo Jorge tras una rueda de prensa convocada junto al secretario general de la UGT en Canarias, Gustavo Santana, para explicar la campaña de movilización del 15 de diciembre para demandar un reparto más equilibrado de la riqueza y de la atención a los desempleados y víctimas de la recesión económica.
Carmelo Jorge declaró que los sindicatos «no sólo no estamos de acuerdo» con el reparto de los fondos aprobado por el Consejo de Gobierno sino que «ha habido un retroceso muy importante tanto en el reparto como en la política».
Explicó que al inicio del proceso el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, propuso la triple paridad como criterio de reparto de los fondos, y agregó que tanto empresarios como sindicatos, universidades y ayuntamientos se opusieron a ese planteamiento.
«Se modificó, o al menos se dijo que se había modificado el criterio, pero en el último tramo del proceso y frente a la presión de los cabildos» se observa que sale la triple paridad con «exactitud», afirmó el dirigente de Comisiones Obreras.
Carmelo Jorge apuntó que, en opinión de los sindicatos, el criterio de reparto debió ser el que se acordó de asignar los proyectos en función de un criterio de rentabilidad social, de generación de empleo y de capacidad para producir modificaciones en la competitividad de la economía canaria, con independencia del territorio.
«Ese fue el acuerdo en el que coincidimos empresarios, Federación Canaria de Municipios (Fecam), universidades y sindicatos», aseguró Carmelo Jorge, quien subrayó que posteriormente esa decisión se modificó «exclusivamente por la presión de los cabildos», para volver a un pleito.
Ahora se ha vuelto al «insularismo más rancio», afirmó el secretario general de CCOO en Canarias, quien ha considerado que llegados a esta situación hubiera sido mejor haber invertido los fondos en servicios públicos, pues de ese modo ya se habría utilizado.
Insistió Carmelo Jorge en decir que desde el principio se consideró que el destino de ese dinero debían ser los servicios públicos pues, destacó, ante una situación de emergencia social y con necesidad de generar empleo «estuvimos dispuestos a aceptar» que se destinase a esa finalidad.
«Pero no estamos dispuestos a que haya un reparto territorial en función de la presión política que pueda ejercer cada cabildos, y que se usen criterios de los años 70» del siglo pasado, apostilló Carmelo Jorge.
En su opinión no es sentado que un dinero con el que no contaba nadie, «pues ni un Cabildo hizo previsión» de ingresar dinero del Fdcan, ahora sea para una situación que parece que hay una «banda de los piratas y el que coja el cofre más pequeño es el bobo de la película».
Estimó que «para tener este espectáculo sería muchísimo mejor» que el dinero se invirtiese en servicios públicos como enseñanza y sanidad, que es «de donde salen los fondos, pues se detraen de la transferencia que se hacía a la Comunidad Autónoma para financiar los servicios públicos esenciales, fundamentalmente sanidad y educación».
Carmelo Jorge aseguró que «no es verdad eso de que» se trata de dinero del Régimen Económico y Fiscal (REF).
El secretario general de la UGT en Canarias, Gustavo Santana, dijo que tenía la misma posición que Carmelo Jorge y añadió que el proceso se inició en un Consejo Asesor del presidente del Gobierno en el que se consultó sobre la viabilidad de poner en marcha un gran fondo de inversión.
La finalidad era iniciar un proceso de reconversión «llamemos» industrial en Canarias respecto a proyectos que se quisieran ejecutar en base al principio de igualdad, que generara diferencia y además fomentara proyectos vinculados al empleo y en un futuro cercano al estable, manifestó Gustavo Santana.
La situación, en palabras del secretario general de la UGT canaria, «se ha desnaturalizado» con el tiempo por la participación «interesada especialmente» de los cabildos, que este lunes, en su opinión, «rompieron cualquier tipo de respeto institucional en el Parlamento de Canarias para discutir una cuestión que ya había sido debatida en dos comités de selección».
Gustavo Santana criticó que se incluyan como proyectos para el Fondo de Desarrollo de Canarias obras en aparcamientos e instalaciones eléctricas o de reposición de luminarias.
A su juicio se ha entrado en una espiral en la que se hace un «flaco favor» al Fdcan, de forma que si se continúa por este camino «posiblemente» deje de existir, y afirmó que sería mejor destinar esos 160 millones de euros, vía presupuesto de la Comunidad Autónoma, a garantizar la suficiencia de los sistemas educativo y sanitario.
Gustavo Santana hizo un llamamientos a los cabildos y al Gobierno de Canarias para que no continúen por la deriva «insularista» y aseveró que las corporaciones insulares «han sido los únicos que se han excluido del consenso».
