Los jubilados venezolanos que viven en el extranjero han dejado de contar para Venezuela. Desde hace un año —y más en algunos casos— consultan a diario su saldo en el banco con la esperanza de haber recibido la pensión. Pero el ingreso nunca llega. El organismo encargado de transferirlas al exterior dejó de enviar el dinero que se han ganado durante toda una vida de trabajo sin ningún tipo de notificación. En un amplio reportaje publicado por el periódico El País, son miles en todo el mundo, 12.000 según cálculos de la Asamblea de Venezuela, controlada por la oposición, y asociaciones de venezolanos en el exterior. Más de la mitad de ellos vive en España, pero también hay una fuerte presencia en Estados Unidos, Canadá, Argentina o Italia. La Cancillería venezolana elude dar explicaciones sobre los impagos.
Estas son sus historias.
Ernesto Alegría, 84 años
María tiene hoy que hacer tres cosas: ir al banco, pedir comida en la iglesia y enterrar a su padre.
No necesariamente en ese orden.
El hombre que María va a enterrar esta tarde se llamaba Ernesto Alegría y era sastre de profesión. En los años 50 emigró a Venezuela para escapar de la España triste de posguerra. En América comenzó a trabajar en una gran empresa de confección de trajes para caballero y conoció a Inés Altuve, con la que a partir de ese momento tejió el resto de su vida.
María, la única hija de ese matrimonio, creció en un taller de costura que el matrimonio montó en Los Teques, a 25 kilómetros de Caracas.
Retirados tras 60 años de duro trabajo, la pareja se mudó a Madrid en 2011, donde vivirían con la pensión de jubilación que se habían ganado con tanto esfuerzo. Comenzaba una nueva vida para ellos, pero la hebra se rompió el año pasado. El viejo sastre tuvo un infarto, el tercero, sumado al síndrome mielodisplásico por el que necesitaba transfusiones de sangre periódicas. Por recomendación médica, en enero se mudaron de Aranjuez a San Juan de Alicante, confiando en que él, su esposa y su hija —ahora desempleada y dedicada a cuidarlo— podrían vivir bien con los 2.400 euros que recibían de pensión al mes, al tipo de cambio preferencial que recibían los jubilados en el exterior, unos 11 bolívares por euro. La devaluación por la tasa de inflación más alta del mundo (del 700% este año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional) hacía necesario este tipo cambiario especial. En el mercado no oficial, un euro equivale a unos 2.000 bolívares.
El dinero, sin embargo, dejó de llegar. La familia no pudo afrontar el alquiler, al otro lado del teléfono comenzaron a amenazarlos con demandas. El nombre de María Alegría entró en los ficheros de morosos.
La brisa alicantina no curó al sastre. La espera de una pensión que no llegaba nunca lo hundió en la depresión. En septiembre, una neumonía lo llevó al hospital y los médicos advirtieron a la familia de que el final estaba muy cerca.
—¿Qué pasó, pagaron las pensiones? —preguntó desde la camilla, antes de entrar en la neblina que se lo llevaría para siempre.
—Sí papá, las cosas se están solucionando. Quédate tranquilo, quédate tranquilo… —mintió María.
El 28 de octubre, el sastre murió.
María ha tardado una semana en poder enterrarlo. Su padre falleció en día festivo y, como ha conseguido que el Ayuntamiento se encargue del entierro, ha tenido que esperar a que abra la oficina municipal para llevar el cadáver de la morgue al cementerio.
Sin ceremonias. Solo su madre y ella, dos amigas de María y otras tres jubiladas venezolanas que se enteraron y fueron en solidaridad. El ataúd con los restos del sastre ha quedado en un nicho con una lápida de un material que podría ser plástico. Es provisional, hasta que la familia pueda pagar por una de verdad.
A las once de la mañana ya ha acabado todo. De camino a casa pasará por el banco para comprobar que, otro día más, no han recibido ninguna transferencia. En Cáritas le darán un kilo de arroz, leche, pasta, tomate frito, azúcar y una docena de huevos. Nada de carne ni fruta o verdura fresca.
Sí, lo volvería a hacer. María volvería a mentirle a su padre en el lecho de muerte. El viejo sastre merecía marcharse pensando que todo estaba bien.
Nadezka Medina, 71 años
Nadezka Medina es un manojo de nervios. Se le nota en las manos y en la cara de angustia, no puede disimularlo. Se quita las gafas para hidratarse los ojos con unas gotas que evitan que se le nuble la vista. Está en la sala de espera de las oficinas de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón y, cuando se anuncia el turno F-037, el suyo, reza en voz baja mientras se dirige a la mesa del funcionario que va a atenderla: “Padre nuestro, que estás en el cielo…»
—¿Usted ha trabajado aquí? —pregunta una funcionaria con tono cortante.
—Soy pensionista venezolana y no estoy recibiendo la pensión…
—Pues si ya tiene la pensión allí, aunque no la cobre nosotros no podemos hacer nada. Aquí le damos pensión si ha trabajado en España, si no ha trabajado no —responden desde el otro lado de la mesa, e informan secamente a Medina de que está en la ventanilla equivocada.
En realidad debería solicitar la renta mínima en la Oficina de Empleo, y no allí. Ha estado perdiendo el tiempo.
—Pero no soy la única, somos miles en esta situación… —replica la mujer, desorientada ante un entramado burocrático que no comprende.
Esta profesora jubilada de 71 años, que trabajó desde los 19 en su país, pasa la mañana de un organismo a otro para solicitar una ayuda económica que le saque del desamparo. Es rica en bolívares devaluados en su añorada Venezuela, pero en España, donde vive desde hace un lustro, depende de unas amigas para poder comer: le quedan 100 euros en el banco. Su abultada pensión está secuestrada al otro lado del Atlántico: 138.000 bolívares mensuales (unos 12.000 euros, al tipo de cambio preferencial de los pensionistas en el exterior) por cuatro ayudas distintas —dos de ellas por viudedad— que dejó de recibir a partir de julio de 2015.
En la Comunidad de Madrid residen al menos 1.220 jubilados venezolanos, según un documento oficial del consulado venezolano de enero de 2016. Muchos de ellos se han agrupado en la Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos en la Comunidad de Madrid (ASOPEJUVECMA), que ha solicitado ayuda al Gobierno regional. En una reunión organizada por la administración el pasado 3 de octubre, varios funcionarios se limitaron a remitir a los asistentes —unos 200 afectados— a los requisitos generales para solicitar una pensión no contributiva, o una renta mínima que les proteja de la exclusión social a las que les condena su país.
Nadezka Medina vuelve a su casa, vacía. Hasta hace dos semanas, vivía con dos amigas venezolanas y las hijas de estas, que se han mudado para reunirse con otros familiares. “Había cinco personas, y ahora quedé en silencio”, dice Medina sentada en el sofá, frente a una mesita en la que destaca una Biblia negra que lee con frecuencia. En los últimos meses una de sus amigas la ayudaba con la comida, pero ahora ha tenido que pedir un préstamo rápido de 1.600 euros con un tipo de interés anual del 20% para abonar los dos últimos meses de alquiler. Unos intereses que rozan la usura. “No puedo seguir pidiendo préstamos. Tengo que dejar el piso porque no puedo pagar”. Por suerte, Medina puede mudarse a casa de su hija y tres de sus nietos. “Ahora es mi hija la que me va a ayudar”.
Ante la urgencia de su situación, Medina ha cambiado una parte de sus ahorros en bolívares por euros con el hijo de una amiga venezolana que se los traerá en su viaje a España. Eso, o viajar ella misma al país y traer el dinero en una maleta, son sus únicas opciones. La devaluación de la moneda nacional por la tasa de inflación más alta del mundo —del 180% en 2015, según el Banco Central de Venezuela— hace que, con un tipo de cambio en el mercado no regulado que en noviembre llegó a superar los 2.000 bolívares por euro, le llegue “una miseria”. “220.000 bolívares se han quedado en unos 200 euros [de acuerdo al tipo que operaba en octubre]”, afirma Medina, que habría obtenido una cantidad mucho mayor si la transacción se hubiera realizado a través del CENCOEX, que establece —o lo hacía cuando transfería las pensiones al extranjero— un tipo de cambio protegido (de unos 11 bolívares por euro) para los jubilados y estudiantes en el exterior. “Con ese tipo de cambio preferencial habría obtenido una cantidad de unos 20.000 euros”, asegura.
Algunas noches, esta profesora jubilada se despierta sobresaltada haciendo cuentas. Entonces vuelve al mantra que la ayuda a superar la incertidumbre de su precaria situación: “La fe en Dios todo el tiempo”.
Blanca, 79 años
La trabajadora social llega a las ocho en punto de la mañana. Le abren la puerta y la asistenta recorre el pasillo que le lleva hasta la habitación de Jorge, postrado en una cama desde que sufriera un segundo ictus hace más de tres años.
De lunes a viernes, la trabajadora social ayuda a Blanca, la madre de Jorge, a mover a este hombre alto, de 57 años, que debe de pesar 90 kilos. Entre las dos lo levantan como pueden, lo duchan, lo visten, lo peinan y, cuando están preparados, los tres salen a dar un paseo.
La vuelta no es muy larga, subir la calle y bajarla, no más de 15 minutos. Porque la trabajadora social debe irse a atender a otros pacientes. Entonces vuelven a casa, bajan a Pedro de la silla de ruedas en la que lo habían montado entre las dos con tanto esfuerzo y lo vuelven a tumbar en la cama.
Una hora después de haber llegado, cuando la trabajadora social se despide, madre e hijo se quedan solos para el resto del día.
Blanca, la madre, en realidad se llama María Claudina pero como era la más blanca de sus hermanos, todos la llamaban Blanca. Durante medio siglo estuvo casada en Venezuela con un inmigrante español, Pedro. Tenían una finca en el estado Portuguesa y les daba gusto vivir de lo que cultivaban en la tierra. Regentaban también un supermercado. Blanca atendía la caja registradora y los cinco hijos que tuvieron les ayudaban.
Cuando se hicieron mayores los hijos, y ellos de paso también, la familia se mudó a España. Hay una foto de ese día que tomó otro pasajero: Blanca está en su asiento, con los auriculares puestos, el avión cruza el Atlántico; está atendiendo a la pantalla donde seguramente esté viendo una película pero parece darse cuenta de que van a tomarle una foto y sonríe a la cámara. No hay nada forzado en el gesto. Es la imagen de una señora feliz.
Sin embargo, todo se torció al llegar. Su marido murió a los pocos años y no les dio tiempo a hacer todos los planes que traían en la cabeza.
No había terminado de superar la pérdida cuando Jorge sufrió el primer ictus. Al dolor físico, su hijo le tuvo que sumar el emocional. El matrimonio con su segunda esposa se rompió en este proceso y entonces solo le quedó una madre que lo quiere horrores.
—¿Verdad que nadie te quiere más que tu madre?— le pregunta Blanca con trampa, porque la pregunta lleva implícita la respuesta.
Jorge no responde.
—¿Quién te quiere? —insiste Blanca.
Entonces Jorge se pone a llorar.
En la mesa del salón, Blanca tiene propaganda de créditos exprés. Su dinero en 24 horas, usted pida y nosotros se lo damos. Devuélvalo en cómodos plazos, sin avalista. Rápido, rápido, no se lo piense más.
Blanca los hojea y se lo piensa. En el último año solo ha recibido dos pagos de la pensión de 1.300 euros mensuales que le corresponde. En enero y en abril. Si no fuera por el apoyo de otros hijos ya la habrían desahuciado porque no tiene para pagar el alquiler. Blanca pensaba que la vejez era un lugar confortable al que iba a llegar con todo resuelto. No ha sido así.
Los médicos dicen que es difícil, pero no pierde la esperanza de que Jorge vuelva a caminar. Entonces podrán andar más de 15 minutos, podrán volver a ver la televisión juntos como hacían antes del segundo ictus, ir al parque, a los centros comerciales, a ver el fútbol, tomar cerveza.
Los médicos le han dicho que es importante que jorge mantenga el cerebro activo, así que Blanca se coloca a un lado de la cama y comienza a hacerle preguntas.
—¿Quién es Blanca?
—Mamá —responde Jorge arrastrando las palabras.
—Muy bien….
—¿Y Pedro?
—Papá.
—Vaya, otra que sabes. ¿Y Daniela?
Jorge se queda callado.
—¿Daniela?
Nada.
—Tu hija, tu hija se llama Daniela.
—Y….
Entonces es Blanca la que no termina la frase. Iba a decir el nombre de la segunda esposa pero como no sabe si le hace bien o le hace mal mejor cambia la pregunta.
—… ¿y Claudia?
—Mamá.
—No, Claudia es tu sobrina, la hija de tu hermano Pedro.
Jorge se ríe.
Ahí va una última pregunta.
Una facilita. Los dos se saben de memoria la respuesta, pero aún así, Blanca la vuelve a hacer:
—¿Quién te quiere a ti más que a nadie?
Beatriz de Venancio, 61 años
—¿Aló?
Bety contesta el teléfono mientras busca una iglesia.
—Yo estoy en la calle ahora. Estoy… buscando unos alimentos, unas caridades… ¿Qué te parece?
A Bety la ha llamado una amiga que vive en Estados Unidos y está preocupada por su situación. Desde finales de 2014, la venezolana dejó de cobrar la jubilación. Desesperada, recurrió a Cáritas, donde una vez al mes hace fila antes de las nueve y media de la mañana para poder llevar a casa un poco de arroz, leche, aceite, sal, azúcar, salsa de tomate y galletas.
Le han dicho varias veces que no tiene de qué avergonzarse, que todos pasamos malas rachas y a veces necesitamos un empujón. Sí, todo eso lo sabe, pero aún así le duele en el orgullo hacer cola para pedir limosna.
12.000 JUBILADOS EN EL MUNDO
Según la declaración de Emergencia Migratoria Humanitaria que aprobó el pasado 27 de septiembre la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, hay más de 12.000 pensionados y jubilados venezolanos repartidos por el mundo. Alrededor de 9.000 viven en España, según los datos de las asociaciones de jubilados y pensionados que se han creado en el país.
El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), encargado de transferir divisas al extranjero, dejó de hacerlo hace un año —en algunos casos desde julio de 2015 o incluso antes— sin haber dado explicaciones hasta la fecha. El dinero de los jubilados está depositado en cuentas del Gobierno. Para recuperarlo, tendrían que viajar a Venezuela y solicitar que las pensiones vuelvan a ser depositada en sus cuentas del país sudamericano, pero entonces perderían la condición de jubilados en el exterior, y no podrían sacar del país sus ahorros por la restrictiva política monetaria venezolana.
En caso de hacerlo ilegalmente y recurrir al tipo de cambio del mercado negro, descubrirían que sus billetes tienen un valor no mucho mayor al del papel por la brutal devaluación de la moneda.
Bety cuelga el teléfono tras despedirse de su amiga y acelera el paso hasta la parroquia de San Agustín, en Alcobendas. No es a la que suele ir, pero otra amiga, también venezolana, también jubilada, vino a apuntarlas a las dos en la lista de beneficiarios.
O al menos eso es lo que ella cree.
Llega y se pone a la cola. Antes estaba del otro lado, de los que atienden a los que están esperando: era funcionaria. ¡Ay, qué buenos tiempos! A diferencia de muchos otros compatriotas, no se fue de Venezuela por cuestiones políticas. Fue el destino. Se casó con un hijo de españoles que habían emigrado y tuvo una estrecha relación con sus suegros. Incluso después de romper el matrimonio. Cuando los padres de su exmarido volvieron a Galicia, ella los visitaba de vez en cuando como turista, hasta que decidió instalarse en España. Jubilada a los 55 años, de acuerdo con la ley venezolana, cobraba 5.000 euros cada seis meses.
—Yo tenía derecho también a la pensión de la seguridad social, pero nunca la tramité, porque me pareció que no era lo correcto si ya cobraba la otra.
Su hija, que estudió en Madrid y tiene la nacionalidad española por su padre, se vino con ella poco después.
—Pagábamos a mitad y mitad; 600 euros de alquiler, el mercado, los gastos de la casa los dividíamos entre las dos.
Pero en 2015 no volvió a recibir ni un euro, a pesar de que tenía en orden sus documentos con el Cencoex, el ente encargado de transferir las divisas a los venezolanos en el extranjero. Bety dejó de poder poner su parte en el alquiler y la compra para la casa. Fue entonces cuando su amiga le sugirió ir a Cáritas.
—Mi hija me dijo: No mamá, no tienes por qué. Pero le dije: una ayuda es una ayuda, yo quiero colaborar con algo, aunque sea con lo que me dan, un arroz…
Cuando la puerta de la parroquia al fin se abre y empiezan a llamar a los registrados, el nombre de Beatriz de Venancio no aparece.
Ni rastro.
La trabajadora social le explica que la cita se tiene que solicitar personalmente, que su amiga no puede ir una amiga a pedir por las dos.
La manda de vuelta a casa, pero le dan cita para la próxima semana.
Antes de que se fuera, la trabajadora social le ha estado preguntando cuál es su situación. A ella tanta pregunta no le ha hecho gracia.
—A veces uno tiene que soportar que te vuelvan a preguntar si estoy mejor. Yo le digo a la trabajadora: mi problema es que yo vivía con una pensión, y yo ahora ya no la tengo. ¿Se puede imaginar lo que es tener un dinero y luego ya no tenerlo?
Bety sale de la parroquia con el carro de la compra vacío. Ha perdido toda la mañana, ha sido un fracaso. Bety no puede más. Bety está agotada.
—¡No hay derecho!