Ni el guión del mejor thriller ha plasmado mejor las conspiraciones dentro de un cuerpo policial que la sentencia del Caso Ladrillo. Es cierto que la realidad siempre supera la ficción, y estoy convencida de que si los americanos acceden al veredicto, lo convierten en la peli o serie del año. Si fuera simplemente eso, un entretenimiento sin consecuencias en la vida real hasta compraría la entrada. Sin embargo, este thriller canario tiene víctimas reales: los agentes de la Policía Canaria a los que el Gobierno Autonómico ha dejado de lado.
Hace unos días pregunté precisamente sobre esto a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad sobre las actuaciones que iban a adoptar después de conocer el veredicto. Su respuesta fue que no iban a hacer nada. Es decir, que actuarán cuando la Justicia se pronuncie, o lo que es lo mismo, acatarán las sentencias –como no podría ser de otra forma-. Pero esa no fue mi pregunta.
Realmente estaba relacionada con los hechos y situaciones que se habían producido en el seno del Cuerpo General de la Policía Canaria, y que habían transcendido durante la investigación y el proceso judicial del citado caso.
Las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación recogieron conversaciones entre el comisario del cuerpo y el subinspector hablando de “cargarse” a algunos agentes mediante expedientes disciplinarios. Una purga que se hizo realidad. Durante las semanas siguientes a esas conversaciones se incoaron 21 expedientes disciplinarios, sancionando a los agentes.
Éstos, que vieron vulnerados sus derechos, acudieron a la Justicia, y les dio la razón en todos y cada uno de los casos. A pesar de esta persecución, la Administración recurrió estas sentencias, y volvemos a tener entre nuestras manos dictámenes firmes favorables a los agentes, aunque ahora las costas las pagamos todas y todos.
Durante el juicio, el comisario Jefe de la Policía Canaria, es decir el máximo responsable de la misma, declaró a favor del subinspector. Argumentó que existía una conspiración sindical, y que los agentes implicados en todo este thriller se habían inculpado para perjudicar al subinspector. Tengo que reconocer que este punto de la trama suena algo increíble porque ¿cómo van a ponerse de acuerdo los agentes y arriesgarse a tener una sentencia en su contra? ¿Para qué van a mentir a la Justicia si podían salir mal parados? ¿Y todo esto para perjudicar a un subinspector?
Pero aquí no acaba todo. Tras las denuncias de varios agentes por acoso laboral, un comité de expertos de la Administración elaboró un informe en el que realizaban 17 recomendaciones para mejorar el clima laboral en el seno del Cuerpo General de la Policía Canaria. El Gobierno no ha puesto en marcha ninguna. Lo que demuestra que no tiene ningún tipo de intención en mejorarlo.
Lo que sí que ha hecho, sin embargo, es cesar hace pocas semanas al director general de Seguridad y Emergencias. Se han cargado a alguien que al parecer había demostrado su intención de cambiar el “status quo” en el que parece que se ha instalado la Policía Canaria. Con todo esto, ¿qué título tendría la trama? ¿Hablamos de mafia en la Policía Canaria?
En Podemos tenemos claro que este no es el modelo de Policía Autonómica que queremos. Los canarios y canarias asumen el coste que supone tenerla, y por ello se merecen un cuerpo que responda a las necesidades de la ciudadanía. Que sea profesional y moderna, alejada de las maneras y formas del pasado en las que parece que la han asumido. Pedimos que se planifique con objetivos alcanzables y ajustados a los medios humanos actuales, que son 68 agentes.
Seguimos sin entender la inactividad de este Gobierno que lo hace cómplice de la situación que viven los agentes de la Policía Canaria. Queremos que actúen. Que asuman su responsabilidad, que dejen de mirar hacia otro lado porque así no se resuelven los problemas, sino que lo único que consiguen es seguir alimentando la “mafia” en la Poli Canaria.
Concepción Monzón
Diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias