Los padres de Nadia Nerea, la niña de Organyà (Lleida) afectada por una enfermedad rara a la que sus progenitores utilizaron para lucrarse, deberán abonar una fianza de 1,2 millones. El juez que investiga por estafa a Fernando Blanco y Marga Garau ha fijado en esa cifra la responsabilidad civil por la estafa. Y ha confirmado las medidas que impuso a ambos: la prisión provisional sin fianza para el padre por riesgo de fuga y la suspensión de la patria potestad para la madre.
Blanco y Garau impulsaron en 2008 una supuesta campaña de solidaridad con su hija Nadia, afectada de tricotiodistrofia, una enfermedad genética de las llamadas “raras”. Desde entonces han recaudado, solo a través de transferencias bancarias —sin contar los donativos en efectivo— más de 900.000 euros. Pero en lugar de destinar el dinero a los tratamientos médicos que, supuestamente, necesitaba Nadia, lo han empleado para disfrutar de un alto tren de vida. Así lo ha constatado la investigación judicial abierta tras las informaciones periodísticas que pusieron en duda la versión dada por los padres.
Tras tomarles declaración, el juez que investiga el caso, Ignacio Risueño, acordó el ingreso en prisión del padre. Una vez revelada la presunta estafa, y tal como descubrieron los Mossos gracias a los pinchazos telefónicos, Blanco intentó darse a la fuga. De ahí que el juez decidiera enviarle a la cárcel de Ponent (Lleida), donde seguirá encerrado porque en un reciente auto ha ratificado la medida. También lo ha hecho con la madre, a la que suspendió la patria potestad y otorgó un régimen de visitas con Nadia. La menor, entre tanto, permanece con su tía en Palma de Mallorca.
Un nuevo auto del juez obliga ahora a los padres a abonar, de forma solidaria, 1,2 millones de euros para afrontar la posible responsabilidad civil en caso de condena. Si no lo hacen, se procederá a embargar sus bienes hasta intentar alcanzar esa cantidad, informó ayer el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné.
La otra novedad es que dos presuntos afectados por la estafa se han sumado a la denuncia en el juzgado. Se trata de un particular que aportó 6.000 euros y de una empresa que entregó un total de 13.500, según explicó a Europa Press Alberto Martín, abogado de los padres. El letrado anunció que recurrirá la fianza al considerarla desproporcionada.
