CARLOS SOSA.- Fernando Clavijo y su equipo más allegado soñaron siempre con el momento de sacudirse de encima al Partido Socialista. Nunca pensaron, sin embargo, que la tarea resultara tan complicada: los socialistas se resistieron más de lo humanamente admisible y, a pesar de la incesante escalada de engaños, de insultos, de humillaciones, de amenazas y de navajazos en la plaza pública, solo tiraron la toalla cuando se alcanzó el punto de no retorno. La estafa mayúscula que ha supuesto el reparto mil veces retorcido de los fondos del extinto IGTE y la complicidad que iba a suponer para el PSOE abrazar definitivamente la deriva insularista de Coalición Canaria (sector ATI) hacían inviable mantener la dignidad en la misma mesa del Consejo de Gobierno.
Eso sí, los socialistas se marcharon dejándole aprobado a Fernando Clavijo el presupuesto para 2017, un error de estrategia del que se arrepentirán unos cuantos meses. Era la de los presupuestos una magnífica oportunidad para someter al presidente y a su partido a la confianza del Parlamento canario, con un PP que había enmendado las cuentas en su totalidad, y con un Fondo de Desarrollo Regional (Fdecan) que finalmente se ha consolidado como engañifa. Con los presupuestos en el alero y toda la oposición (salvo la Agrupación Socialista Gomera) en contra, al Partido Popular no le habría quedado otro remedio que retratarse por primera vez en esta crisis gubernamental.
Porque la segunda ocasión que se avecina no va a resultar tan evidente de cara a ese propósito: el Partido Popular de Asier Antona no solo respaldará la Ley del Suelo (actualmente en tramitación parlamentaria) sino que lo hará aplaudiendo con las orejas, en plena sintonía con los poderes empresariales que claman por la barra libre en el planeamiento, en el suelo rústico, en las operaciones estratégicas y en la ausencia total de control de legalidad.
Será sin embargo la de la Ley del Suelo un termómetro magnífico para medir la temperatura dentro de Coalición Canaria. La amplia contestación social que ha despertado entre los profesionales del territorio, entre los movimientos ambientalistas y en toda la izquierda social y política coloca en una posición embarazosa a los sectores más progresistas del partido. Tendrán que afanarse mucho para explicar a sus bases cómo es posible que se ceda ante las presiones empresariales y de la derecha más recalcitrante de Canarias en una cuestión tan estratégica como el territorio, circunstancia a la que habrá que unir el riesgo cierto de que la ley sufra un revolcón judicial a la primera de cambio. O a la segunda.
Fernando Clavijo y Coalición Canaria han asumido en solitario una responsabilidad que tendrán que administrar con mucha templanza, una virtud que desde luego no han demostrado durante la presente legislatura. Sus arietes más significados (Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife; Rosa Dávila, consejera de Hacienda, y el propio Clavijo) han mantenido un talante que nada tiene que ver con la política del diálogo requerida para Gobiernos en tan flagrante minoría. Han dinamitado casi todos los puentes y no pueden pretender ahora venderle a la ciudadanía que tras la marcha del PSOE lo que llega es la estabilidad, porque es justo lo contrario.
Empezaremos a apreciarlo en la tendencia que marquen los nombramientos para sustituir a los altos cargos socialistas. Nadie pidió a CC que proclamara al mundo que esos nombramientos no estarán condicionados por sus propias miserias internas, pero lo hizo. Ya veremos. De momento digamos que resultó patético el palco de autoridades del último partido del CB Gran Canaria en el Arena, plagado de dirigentes nacionalistas ávidos de dejarse ver por el presidente para que los tenga presentes en sus plegarias.
Otros más alejados geográficamente ya han dejado caer sus preferencias, como Antonio Castro Cordobez, que quiere ser el próximo Diputado del Común en sustitución de Jerónimo Saavedra, ya en funciones, que abandonará el cargo el próximo mes de marzo. Hasta es posible que Fernando Bañolas haya vuelto a poner sobre la mesa su deseo de ser presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para que ese organismo vuelva a la locura.
¿Estabilidad? En realidad eso es lo que está deseando Coalición Canaria en instituciones colocadas en el disparadero por su negligencia, como La Laguna, como el Cabildo de Tenerife o el ayuntamiento de su capital. Las cuentas salen a la perfección y solo falta que se alineen convenientemente los astros para que se produzca la hecatombe y se demuestre que el juego de trileros desarrollado en el Gobierno no merecía la pena.
Luego vendrá el Parlamento, con una oposición de izquierdas perfectamente aleccionada (27 diputados de 60) tratando de invertir el discurso mediático de Clavijo y del PP (29 diputados), con Casimiro Curbelo haciendo de contrapeso tridimensional, tripartito y tri-paritario (3 diputados de 60), pero con una mayoría social (82% de los votos reales) lejos de las tesis de Coalición Canaria, presionando para que esta pesadilla acabe ya de una vez.
Será el momento entonces de las operaciones políticas de calado, aquellas que tienen que ver con una reforma en profundidad del Estatuto de Autonomía (ahora en las Cortes) que incluya un cambio en el sistema electoral canario para erradicar esta disfunción que venimos sufriendo desde que aceptamos resignadamente lo que con el paso del tiempo se ha convertido en una tiranía política. En las Cortes suman de sobra para arrancarlo el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Sólo con una gesta así podrán los socialistas resarcir a sus votantes canarios de la depresión en la que andan sumidos por la disparatada gestión que ha