El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha acusado este lunes al Gobierno de Fernando Clavijo de utilizar los recursos del IGTE para «reconstruir» las estructuras de CC en las diferentes islas y para «comprar» el apoyo el presidente de La Gomera, Casimiro Curbelo.
En declaraciones a los periodistas, Morales ha explicado este lunes que el pasado viernes decidió no asistir a la firma de los convenios de transferencia de recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) a los cabildos porque considera que ese acto era «un paripé», «una ópera bufa», y que no podía contribuir con su presencia a que tuviera «apariencia» de consenso y normalidad.
Morales sostiene que el reparto del Fdcan es arbitrario, quiebra las reglas que hasta se aceptaron por todos cuando el Estado condonó la otra mitad del IGTE e introduce en la distribución de fondos un principio que cree muy injusto, el equilibrio de la triple paridad.
El presidente del Cabildo defiende que el resultado de ese criterio ha sido que van a quedar desatendidos los problemas de las mayoría de los ciudadanos y las necesidades de las «grandes bolsas de pobreza» que se concentran en las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, y todo ello por razones «clientelares».
«Estos fondos se están utilizando para hacer partido, para reconstruir las antiguas AIC (Agrupaciones Independientes de Canarias, gérmenes de la actual CC), para comprar voluntades de ayuntamientos y cabildos y para hacer puro clientelismo político desde Coalición Canaria. Y para comprar también la voluntad del presidente del Cabildo de La Gomera y garantizar un Gobierno estable», ha denunciado Morales.
Por ello, ha rechazado que se tilde de «insularista» la postura de Gran Canaria, ya que, a su juicio, la que está practicando el insularismo y poniendo en cuestión «la cohesión de Canarias» es CC, con iniciativas como el Fdcan o la reforma de la Ley del Suelo.
En esa línea, ha calificado de «falta de respeto» que el Gobierno de Clavijo o los dirigentes de CC le señalen a él como responsable de lo que ha ocurrido con el Fdcan, cuando ha recordado que todo el Cabildo de Gran Canaria, menos el único consejero de CC, y 18 de los 21 ayuntamientos se han pronunciado en contra del reparto aprobado.
Por ello, ha insistido en que el Cabildo de Gran Canaria piensa llevar a los tribunales el reparto del Fdcan si sus servicios jurídicos lo consideran viable, porque reconoce que los cambios introducidos con la enmienda del PP «han vestido de cierta legitimidad a las acciones del Gobierno».
«Hay que limitar el uso indiscriminado de los recursos públicos, para no favorecer políticas clientelares, para no permitir que con dinero público se compren voluntades de presidentes de cabildos, de ayuntamientos o de otras instituciones», ha añadido.
Morales sostiene que habría que haber repartido el 100 por cien de los recursos del Fdcan conforme al criterio del REF, no solo el 58 por ciento, y alega que, en ese caso, Gran Canaria habría recibido unos 60 millones de euros anuales.