El Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición no de ley por la que insta al Gobierno de Canarias a articular una serie de medidas encaminadas a agilizar las devoluciones de las cantidades abonadas como consecuencia del cobro irregular de intereses hipotecarios tras la declaración de nulidad de las cláusulas suelo.
El portavoz de Consumo, Gustavo Matos, explica que mediante esta iniciativa se solicita al Ejecutivo regional que, en el ámbito de sus competencias en materia de protección de consumidores y usuarios establecidas en el Estatuto de Autonomía y desarrollada por la ley del estatuto de consumidores y usuarios, despliegue una batería de acciones, entre ellas la formalización con los colegios de abogados de Canarias de un convenio de colaboración para el asesoramiento y orientación de personas afectadas.
También pide que, en coordinación con las oficinas municipales de información al consumidor, se cree un protocolo de asesoramiento y orientación a la ciudadanía en materia de reclamación de cantidades derivadas de la posible nulidad de cláusulas suelo. Insta también al Gobierno a que refuerce los servicios de orientación y mediación para la resolución extrajudicial de estas reclamaciones y, asimismo, desarrolle campañas de información y divulgación sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y el modo de reclamar las cantidades.
El incremento de la colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios de Canarias en el ámbito de la protección y orientación de la ciudadanía en relación con la devolución de cantidades derivadas de la nulidad de cláusulas suelo es otra de las acciones propuestas por el PSOE, señala Matos.
Como recuerda el diputado, el pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia en la que resolvió a favor de que la nulidad de las cláusulas suelo en los créditos hipotecarios conforme a los determinado en su momento por el Tribunal Supremo de España tuviera efectos retroactivos desde la constitución de la hipoteca y no sólo a partir del fallo del alto tribunal español. “Con ello se resolvió una cuestión reclamada por asociaciones de consumidores y usuarios, por distintos profesionales del Derecho e incluso como ya habían resuelto algunas audiencias provinciales españolas”, destaca.
En este punto, precisa que a partir de ese fallo del Tribunal de Justicia Europeo, se abre ahora el debate de cómo llevar a la práctica la devolución de las cantidades. Recuerda que en Canarias, se calcula que más de 100.000 personas podrían estar afectadas por este tipo de cláusulas y ser en potencia posibles beneficiados del fallo que determinó la retroactividad. Por tanto, insiste en que el Gobierno de Canarias debe desplegar, en el marco de sus competencias, una actividad que facilite a los afectados el cobro de esas cantidades, “ya que las entidades bancarias ya han adelantado que no procederán a una devolución colectiva de las cantidades y que esperarán a que cada uno de los afectados inicie sus respectivas reclamaciones a los efectos de fijar caso a caso la citada devolución”.
Gustavo Matos afirma que esta estrategia del sector financiero “supone un evidente intento de minimizar el impacto de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo, tratando de desalentar que se produzca una reclamación masiva de las cantidades, ello en la medida en la que al tener que resolverse caso a caso habrá un porcentaje de ciudadanos que no reclamen ante lo aparentemente engorroso y costoso de iniciar un litigio en los tribunales para la devolución de las cantidades”.
