Solo la paciencia -¿o la indolencia?- y la resignación -¿o la supuesta bonanza?- de la población pueden explicar la pasividad ante la subida de las tarifas eléctricas. Apenas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, transmitió alguna esperanza de reducción o estabilidad porque, claro, va a llover y entonces sí que bajará la luz. A la espera, se han sucedido a diario, casi por horas, las informaciones sobre los picos de incrementos sin que se hayan registrado especiales reacciones de protesta o malestar. El ministro del ramo, José Nadal, llegó a anunciar un aumento anual de unos cien euros en el recibo. Toma pan y moja. Como si no hubieran bastado las subidas de 2013 a 2014: del 35% en enero al 65% en febrero.
Así las cosas, además de una mayor sensibilidad ciudadana, se requiere una información más detallada y asequible para conocer mejor las entretelas de este problema o de este negocio. Se habla de la necesidad de una reforma profunda del mercado eléctrico pero también deberíamos interesarnos más por la eficiencia energética y cuidar nuestros hábitos como consumidores. Si es cierto que estamos abonando incluso por la energía que no consumimos, nunca mejor lo de apaga y vámonos.
Está claro que solo una auditoría energética de los costes integrados en el recibo, exhaustiva, transparente y comprensible, nos permitiría saber más conscientemente el terreno en el que nos estamos desenvolviendo, algunos, desde luego, con extremas dificultades. ¿Cuál es el coste real de la energía que consumimos? Se supone que, a partir de esa auditoría, será posible afrontar la pretendida reforma del mercado eléctrico. Cierto que hay muchos y poderosos intereses en juego -los márgenes de los beneficios, aunque sea de contabilidades oficiales, ya son escandalosos- pero los consumidores se merecen un respeto y una consideración. Porque ya es hora de saber con claridad cuánto cuesta producir energía eléctrica, qué es lo que se paga y qué se recibe a cambio.
Habrá que estar atentos esta semana a lo que ocurra en el Senado donde la socialista tinerfeña, Olivia Delgado, además de reiterar la necesidad de esa auditoría, tendrá a su cargo la defensa de una iniciativa que pretende que el Gobierno adopte medidas urgentes para atajar la subida del precio de la dichosa luz. Hay otra meta trazada en la moción: impulsar un denominado Pacto de Estado de la Energía, fraguado sobre la base del diálogo entre el gobierno, grupos políticos y agentes sociales que, teóricamente, habría de dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años y así facilitar la transición hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables.
La oportunidad, independientemente de que se alcance ese Pacto, parece pintiparada para avanzar, para transmitir una señal tranquilizadora a los consumidores. La reforma del mercado eléctrico debe orientarse a la compatibilización de las necesarias inversiones a largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética con un mercado de corto plazo que procure, según se explica en la moción de los senadores socialistas, “la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable”.
El caso es que o se adoptan medidas para impulsar y apoyar las renovables, la eficiencia energética y el autoconsumo, de modo que entremos en un nuevo modelo más sólido y competitivo, o los ciudadanos y consumidores seguirán sufriendo intempestivas subidas en sus pagos obligatorios.
