“No es ningún secreto que el coste de la electricidad ha aumentado en España desde el año 2013, y con una mayor agresividad en los últimos meses”, aseguró Yaiza Castilla durante su intervención en el Pleno de la Cámara Alta. La senadora gomera inició su discurso aludiendo al alto coste de la energía eléctrica y la incidencia negativa que tiene para los bolsillos de las familias españolas. Así, recordó que la situación de encender la luz a un precio más elevado afectará a más del 50% de los hogares canarios, unos 700.000 que son los que están acogidos a la tarifa Precio Voluntario del Pequeño Consumidor.
En este sentido, Castilla destacó que el Gobierno ha de involucrarse y tomar medidas que eviten esta situación, y señaló que España es el tercer país europeo con el precio más alto del kilovatio hora, por encima de Francia y Alemania. En consecuencia, la senadora gomera precisó que éste es “un tema social de gran calado en el que las comunidades autónomas y el Estado deben ser capaces de coordinarse, atendiendo a criterios sociales”.
Del mismo modo, la representante de ASG instó a frenar el continuo y desproporcionado aumento en la factura de la luz de los hogares españoles, con auditorías de los costes energéticos y con la reforma del sistema tarifario actual, no solo atendiendo a criterios económicos y técnicos, sino incorporando además los criterios sociales que son esenciales. Igualmente, puntualizó Castilla, que el Gobierno debe “incorporar medidas que reduzcan el progresivo aumento de los precios, y se fijen iniciativas para ayudar a las personas que padecen la pobreza energética”.
La senadora también incluyó las energías limpias como alternativa para abaratar los costes. “Como miembro de un partido que promueve las energías renovables, estamos de acuerdo en la necesidad de realizar una transición energética nacional a este tipo de energías”, apuntó mientras recordaba las singularidades de los sistemas energéticos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Por último, Yaiza Castilla mostró su apoyo al acuerdo de cooperación entre las distintas comunidades autónomas y el Estado, adoptado en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos a fin de desarrollar el Real Decreto -Ley 7/2016 en aras de que los servicios sociales puedan intervenir con anterioridad a que se interrumpa el suministro a personas con dificultades económicas. “Es absolutamente necesario que todas las administraciones se involucren en el mercado de la energía eléctrica, fomentando mecanismos de protección para los consumidores”, concluyó.