El periodo de pago a proveedores de las administraciones públicas en Canarias se situó en 66 días en 2016, cinco días más que el año anterior –un 8,2% más–, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) hecho público este jueves.
Por instituciones, el Cabildo de La Gomera es el más cumplidor con una media de 25 días, seguido de Fuerteventura (46), Tenerife (47), Gran Canaria (58), El Hierro (61) y Lanzarote (64). No constan datos de La Palma.
En cuanto a las dos capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria registró un plazo medio de 58 días, y Santa Cruz de Tenerife, otros 72.
En el caso de las empresas privadas, las de Canarias son las segundas que más se retrasan en los pagos con un total de 80 días, solo por detrás de las extremeñas.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajdores Autonómos (ATA), Lorenzo Amor, ha insistido en la necesidad de establecer sanciones a la demora en el pago de las facturas a su colectivo, sobre todo al 80% de las administraciones públicas que en 2016 incumplió el plazo legal pagando de media en 72 días y a las grandes empresas que sobrepasaron los 100 días.
En este sentido, Amor insistió en que no se van a cansar de repetir, año tras año, la importancia de tomar medidas sancionadoras para quien incumple la ley.
El presidente de la asociación aseguró que la Ley de Morosidad española tiene un «triste récord» debido al gran número de «insumisos». Solo en el sector público, el 80% de las administraciones no paga en el plazo legal.
Asimismo, las diferencias son muy significativas si se pone el foco en los distintos niveles de las administraciones. La ley establece el plazo de 30 días al sector público para pagar los servicios que les prestan los autónomos.
Sin embargo, la administración central paga de media en 43 días, las autonómicas pagan sus facturas en 64 días y las locales lo hacen en 80 días.
Excepto en el caso de las administraciones locales que pagan de media peor este año que el anterior (un retraso de 13 días con respecto a 2015), tanto las autonómicas como la central han mejorado sus plazos, aun así, no los han reducido lo suficiente como para reducir la media, que se encuentra en 72 días, 42 días por encima de la ley.
Concretamente, la administración autonómica que más tarda en pagar es Murcia (99 días de media), un mes más que la media española, seguida de la Comunidad Valenciana (95 días de media) y de Baleares (84 días de media).
Las comunidades que mejor comportamiento registran en cuanto al plazo de pago de facturas a los autónomos son País Vasco (30 días de media) y Navarra (30 días de media). Ambas comunidades han reducido los plazos en el último año en más del 38%.
En cuanto a las administraciones locales, los municipios más morosos en cuanto al plazo de pago y, además, reincidentes con respecto a los datos precedentes son Alcorcón (449 días de media), Algeciras (404 días de media) y Gandía (345 días de media). Los que menor plazo de pago registran son los municipios de Fuengirola (12 días de media) y Segovia (15 días de media).
Por todo esto, ATA denuncia que al igual que los autónomos tienen que pagar hasta un recargo del 20% por no pagar los seguros sociales en los plazos establecidos, el sector público debe hacer el mismo esfuerzo y ser penalizado por saltarse la ley.
MOROSIDAD PRIVADA
La morosidad entre empresas privadas, de media, se establece en 74 días, frente a los 60 días legales.
De igual modo, hay diferencias entre comunidades, siendo aquellas afincadas en Navarra y País Vasco las que menos se demora al pagar a sus proveedores autónomos. De hecho, las empresas de la Comunidad Foral lo hacen menos de una semana más tarde, en 65 días de media.
Del informe se desprende también que las grandes empresas y aquellas cotizadas en el Ibex 35 son más morosas que las pequeñas, duplicando incluso los plazos legales, ya que pagan de media en 119 días. Mientras que, por su lado, los autónomos pagan en 43 días de media, las microempresas lo hacen en 47 y las pequeñas empresas, en 54 días.
Unos datos que, según ATA, vuelven a poner en evidencia que en España sale gratis no pagar. Por un lado no tienen sanción aquellos que incumplen la ley, y por otro, tampoco tienen premio los que sí la cumplen. Amor indicó que el funcionamiento es «sencillo» y se llama flujo de caja, «antes de darle el dinero al proveedor, lo tengo yo».