La Fundación César Manrique ha presentado un documento con 94 alegaciones a Ley del Suelo que tramita el Parlamento de Canarias. Entre ellas se incluyen varias para que el planeamiento insular tenga competencias para reclasificar como suelo rústico un suelo previamente clasificado como urbanizable o para atribuir nuevas categorías a los suelos rústicos; y también para que sean los planes insulares los que definan el modelo territorial y las zonas reservadas a usos turísticos así como su delimitación.
Según informa www.diariodelanzarote.com, la Fundación defiende que las competencias municipales tengan menor rango que las autonómicas e insta a que el organismo encargado de la redacción de la evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación no recaiga sobre la Administración municipal redactora sino que se sitúe en un ámbito jerárquico superior de carácter autonómico.
Más de una decena de esas enmiendas están dedicadas al suelo rústico y a los asentamientos rurales: el mantenimiento y la conservación como deber del propietario; la delimitación y ordenación de los asentamientos rurales; de adición de usos prohibidos; modificación en cuanto a usos ordinarios, usos residenciales, usos complementarios, usos autorizables y límites de actividades autorizables en suelo rústico.
También presentaron tres enmiendas destinadas a los principios de ordenación de usos del suelo que incluyen la voluntad de mitigar el calentamiento global. Otra decena de enmiendas está referida al planeamiento insular, motivadas por el propósito de reforzarlo frente al debilitamiento que propugna la Ley del Suelo. Así, se defiende la potestad de los planes insulares para la ordenación de los recursos naturales y para delimitar los sectores de suelo urbanizable.
Contra los instrumentos excepcionales
Otra parte importante de las enmiendas presentadas por la FCM combate los denominados proyectos singulares de interés regional e insular, que son instrumentos excepcionales al margen del planeamiento, procurando limitar su alcance, con efectos perniciosos para el suelo rústico y la construcción dispersa. Plantean enmiendas de modificación que supriman determinadas actuaciones como las deportivas, sanitarias y turísticas.
Además, se propone la reducción de los proyectos singulares a la iniciativa pública suprimiendo la privada; y se incluyen propuestas de modificación para que determinados proyectos lleven implícita la declaración de utilidad pública, interés social, necesidad de ocupación o carácter de urgencia. Casi una veintena de las enmiendas planteadas por la FCM están relacionadas con los Espacios Naturales Protegidos de la Red canaria y los Espacios Naturales que forman parte de la Red Natura 2000 europea.
La FCM defiende que la ordenación de los espacios naturales prevalezca en cualquier circunstancia sobre la planificación sectorial; presenta modificaciones para que fondos económicos insulares se destinen a actuaciones de regeneración y reforestación; otras, relacionadas con artículos de la Ley del Suelo que permiten establecer usos como residencial, siendo inadecuado e incompatible, a juicio de la FCM en Parques y Reservas Naturales.
Hay enmiendas de modificación y de supresión en las que se justifica que la competencia para formular los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales, así como la modificación y aprobación de dichos instrumentos debe recaer en el Gobierno de Canarias y no en los Cabildos. Del mismo modo, se propugna que la ordenación urbanística municipal esté supeditada a la ordenación ambiental, y se agregan enmiendas de adición en las que se determina que se deben incorporar a la Ley del Suelo las infracciones y las sanciones que se deriven de las indisciplinas urbanísticas cometidas en espacios naturales de la Red canaria y de la Red europea.
«Proyecto indeseable para Canarias»
Finalmente, hay enmiendas de supresión y adición dirigidas a incluir en la Ley del Suelo la vigencia de las Directrices de Ordenación General. Otras enmiendas hacen referencia a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, al planeamiento del suelo urbano, al cómputo de la dotación mínima de espacios libres por habitante o sugerencias relacionadas con la accesibilidad a los servicios de la Administración para disminuir la movilidad y la emisión de gases.
La Fundación César Manrique considera que la Ley del Suelo elaborada por el Gobierno que preside Fernando Clavijo “es un proyecto indeseable para Canarias que tendrá efectos nocivos tanto para el paisaje como para la ordenación del territorio y la calidad de vida de los ciudadanos de las Islas”. Por ello, continúa solicitando “su retirada para abordar un proceso participado y una nueva redacción, sobre nuevas bases, que no le dé la espalda a la cultura territorial de las islas, atienda al cambio climático, a la racionalidad territorial y a la capacidad de carga, y anteponga la identidad del paisaje, los recursos naturales y la sostenibilidad de las Islas a los intereses abusivos y especulativos del dinero”.
