El turismo constituye, en el ámbito mundial, uno de los sectores económicos más potentes y en alza. Un sector en el que España y Canarias ocupan lugares privilegiados. En los últimos años con significativos crecimientos del número de visitantes, favorecidos por algunos factores externos. Entre ellos, los bajos precios del petróleo y la grave crisis de seguridad que padecen algunos países del Mediterráneo. Así como una mejora de la situación económica en los países emisores.
La Unión Europea viene instando, desde hace varias décadas, a que el turismo se convierta en un aliado del desarrollo sostenible. Algunas de los países, comunidades y ciudades turísticas más importantes de Europa y el mundo están abriendo reflexiones en esta línea. Y tomando decisiones para evitar masificaciones que dañen la calidad de sus respectivos destinos, causen problemas territoriales y medioambientales y deterioren la vida de residentes y visitantes.
En Canarias, sin embargo, se pretende andar por un sendero bien distinto. En el que no se produzca la menor intervención de los poderes públicos en defensa del interés general. En el que sea el mercado el único que ejerza el mando sobre asuntos que nos competen a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y en el que se deja en un segundo plano la sostenibilidad, la protección de la naturaleza, el equilibrio territorial y el bienestar de las comunidades locales.
El más reciente ejemplo lo constituye la propuesta del Gobierno canario de modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013. Con la que se pretende ofrecer barra libre en la construcción de nuevos establecimientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros en suelo calificado.
Tribunal Constitucional
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declara inconstitucionales algunos de los apartados de la ley (los a y c), pero no indica en qué sentido debe ser modificada la normativa.
En primer lugar, el Constitucional no discute las competencias autonómicas para legislar en esta materia. Suspende las limitaciones por razones económicas (la necesidad de contar con 5 estrellas o más). No pone en cuestión que puedan establecerse, por motivos medioambientales o urbanísticos, la exigencia de limitaciones para la implantación de nuevos establecimientos.
El TC no cuestiona, asimismo, que para mejorar la calidad turística se impulsen políticas de contención capaces de proteger el medio ambiente y la ordenación territorial y urbana. Reconociendo la legalidad del sometimiento a autorización previa “como mecanismo para garantizar un crecimiento controlado de la oferta de establecimientos turísticos que resulte compatible con la protección del medioambiente y de la ordenación del territorio”.
Masificación frente a sostenibilidad
El Gobierno canario realiza una interpretación interesada y acorde con sus más neoliberales planteamientos. Y aprovecha la sentencia para abolir cualquier limitación a la construcción de nuevos establecimientos de carácter alojativo.
El Ejecutivo de CC no tiene el objetivo de la calidad, ni del equilibrio territorial ni de la sostenibilidad económica y social del sector turístico. Su objetivo, más simple, es implantar la barra libre en la construcción de nuevas instalaciones hoteleras y extrahoteleras.
Colocan como única limitación la calidad edificatoria y la ecoeficiencia. Es decir, lo mismo que hoy se exige a cualquier nuevo edificio, como bien se señala en el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y en el informe del Consejo Económico y Social (CES).
Esta es, junto al Proyecto de Ley del Suelo de Canarias, que permite instalaciones turísticas en suelo rústico, y la ley turística de las islas verdes, que las permite en cualquier tipo de suelo y sin límites, la tercera norma gubernamental que propugna el desarrollismo para las islas, situando en crisis el principal reto para el sector, la renovación de las instalaciones obsoletas. Una clave para la mejora de la competitividad es la renovación de las ciudades turísticas degradadas y de las instalaciones hoteleras y extrahoteleras obsoletas.
Las tres normas citadas confluyen en apostar por un turismo de masas sin la menor limitación ni regulación.
Nueva Canarias, en consecuencia, ha presentado una enmienda a la totalidad a la reforma turística del Gobierno de Clavijo, al considerar que insiste en un modelo ultraliberal, desregulador, ajeno a la sostenibilidad y que consagra el turismo de masas al permitir la construcción ilimitada de nuevas camas en suelo calificado.
Discrepamos por completo de las formulaciones del Gobierno canario. Consideramos que los poderes públicos tienen la obligación de ordenar, regular y limitar el crecimiento por razones medioambientales, territoriales y de sostenibilidad. Es preciso insistir en la renovación y la rehabilitación, siempre aplazadas. Y en la calidad frente a la cantidad.
En definitiva, los poderes públicos tienen el derecho y el deber de ejercer la gobernanza del sector turístico en beneficio de la mayoría social, del territorio y del medio, de la mejora del empleo en el sector combatiendo la precariedad y los bajos salarios, de un mayor traslado de los beneficios que genera al conjunto de la sociedad de las Islas. Y de una sostenibilidad que garantice el presente y siente las bases para que pueda haber un digno futuro. Se trata de optar entre una marca Canarias basada en el turismo sostenible u otra sustentada en la masificación. Y CC y PP, las dos derechas, ya han elegido.
