Hace ya un año que está de baja la trabajadora del Gobierno de Canarias responsable de Atención a la Dependencia La Gomera sin que haya sido cubierto la plaza. Así lo afirmó hoy en el Parlamento el diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, quien evidenció la precariedad y reclamó soluciones.
Jesús Ramos asegura que el trabajo se mantiene gracias a la implicación de las corporaciones locales, pero la trascendencia del servicio obliga a la implicación plena de todas las partes implicadas. Recordó que el problema fue planteado a la anterior consejera de Políticas Sociales, y lamenta que siga sin resolverse.
Según el diputado, la situación ha desencadenado en una auténtica limitación, pues nada se puede resolver cuando en las dependencias correspondientes no hay ningún técnico en la materia. Alude al compromiso asumido por el Gobierno cuando ASG le trasladó el problema y subraya que entonces estaban y siguen paralizados 191 expedientes.
“Cerca de 200 gomeros están a la espera de la resolución del Gobierno para poder recibir la ayuda a la que tienen derecho y no tiene ningún sentido que a las dificultades que ya padece un dependiente se añadan problemas añadidos y, como en este caso, vinculados a la necesidad de traslado del equipo de valoraciones proveniente de Tenerife”, comenta.
Ramos insiste en la necesidad de completar los equipos insulares para poder descongestionar el sistema y solicitó una mayor y pronta implicación de la nueva consejera regional de Servicios Sociales, pues, pese a entender los importantes recortes que ha hecho el Estado, “Canarias debe cambiar el rumbo”, señala.
Hace hincapié en que el Archipiélago presenta la tasa más baja de beneficiarios potenciales realmente atendidos – solo el 4,37 por ciento – y la menor inversión pública por habitante -48 euros al año -, cuando la media nacional se sitúa en 8,47 por ciento y 122 euros. Las islas son, además, la comunidad con mayor lista de espera, un 43 por ciento de los solicitantes – 13.911 – y la que más beneficiarios tiene en un “limbo” jurídico, el 45,22 por ciento.
