Las administraciones públicas tienen a cerca de 400.000 personas trabajando con contratos temporales o interinos. Muchas de ellas llevan años encadenando estos contratos y su trabajo corresponde, en realidad, a puestos estructurales. En septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiró a España de las orejas por cubrir empleo estructural con personal temporal e instó a las administraciones a tomar medidas. ¿Qué puede hacer el Gobierno para solucionar esta situación?
Según informa el periódico digital ‘El Diario’, UGT y CCOO coinciden en reclamar un plan de empleo que permita convertir esas plazas en estructurales y que respete los principios de acceso al empleo público: publicidad, mérito, igualdad y capacidad. Se trataría de un proceso similar a los que tuvieron lugar en algunas administraciones en los años noventa. Entonces, la sanidad llegó a regularizar de este modo a casi la mitad de su personal.
Las administraciones convocarían una oferta de empleo público extraordinaria para esas plazas. Las personas que las ocupan y que tienen un contrato temporal o interino podrían presentarse a esa oferta, aunque no tendrían asegurada la plaza. Es decir, el proceso implicaría hacer esas plazas estructurales, pero no daría directamente a los trabajadores que las ocupan ahora la categoría de laborales o funcionarios. Esas personas tendrían que presentarse a la oferta de empleo pública y, quien la supere, tendrá la categoría de laboral o funcionario.
Esta oferta pública de empleo puede hacerse a través de una oposición o de un concurso oposición. Esta segunda opción implica que, además de un examen, se tienen en cuenta otros méritos, como la antigüedad en el puesto o los años de experiencia.
UGT es partidaria de que este proceso se haga mediante concursos oposición que permitan incluir criterios que faciliten el acceso a las plazas a las personas que las han ocupado hasta ahora. CCOO, sin embargo, cree que depende de cada puesto: en algunos casos, dicen, tiene sentido el concurso oposición pero en otros, en los que, por ejemplo, se hayan convocado con anterioridad procesos de este tipo y el personal haya podido optar a una plaza, quizá sea más apropiada la oposición o el concurso oposición. En cualquier caso, CCOO apuesta por que sea la mesa de cada ámbito (Administración General del Estado, local, universidades…) la que identifique los puestos y decida cómo debe ser el proceso.
UGT calcula que unas 395.071 personas tienen contratos temporales o interinos en las administraciones. En la Administración Pública Estatal la tasa de temporalidad es del 2%, pero llega al 25,5% en las comunidades autónomas. Entre el personal estatutario de la sanidad hay un 36,5% de temporalidad y un 21,3% entre los docentes no universitarios. La tasa es del 23,8% en la justicia y del 8,3% en la administración local.
Los dos sindicatos insisten en que el Gobierno debe atajar este problema y permitir que las administraciones convoquen la oferta pública de empleo. Subrayan que al tratarse de plazas que ya están siendo ocupadas no implica un aumento del gasto público y no hay, por tanto, excusa para no hacerlo.
