La Comisión de Fomento de la Cámara Alta rechazó este martes, como consecuencia del voto en contra del PP, la moción del senador del PSOE por la Comunidad Autónoma, Julio Cruz, por la que se insta al Gobierno de España a revisar urgentemente el contrato de obligación de servicio público en relación con las rutas de conexión de La Gomera, de tal forma que se aumenten las frecuencias aéreas de La Gomera con Tenerife y Gran Canaria, así como los horarios y las tarifas.
Durante la votación, el grupo Popular argumentó su negativa a apoyar la propuesta con el ya manido pretexto de la necesidad de estudiar la situación general de las conexiones aéreas en Canarias en la Comisión Mixta, “lo que se traduce en ‘nada’, en cero propuestas y en cero interés por dar soluciones a la difícil situación en materia de conectividad que sufren los gomeros y gomeras”.
Tras aceptar dos enmiendas del Grupo Mixto, la iniciativa contemplaba una serie de medidas, la primera de ellas la petición de conexiones directas y diarias con Gran Canaria con un horario que permita que el primer avión de la mañana llegue a esa isla antes de las 10:00 horas. En el caso de Tenerife Norte, planteaba que el primero llegue antes de las 9:00 horas a Tenerife. En ambas rutas, se proponen vuelos desde y hacia La Gomera en esos horarios, así como que entre el primer avión de la mañana y el de la tarde se permita una estancia de un mínimo de siete horas en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
Con la moción se pedía, asimismo, que se establezca una tarifa máxima adecuada y competitiva a pagar por el residente canario equivalente a la subvencionada del AVE en territorio peninsular por los mismos kilómetros recorridos. “La subida de precios resulta escandalosa”, subrayó Cruz, e informó de que para un residente con una subvención ya descontada del 50 por ciento, un viaje de ida y vuelta es de 72 euros con Tenerife y de 91 euros con Gran Canaria, “mientras que de Madrid a Valladolid, que es más o menos la misma distancia en línea recta, el billete cuesta 30 euros sin subvención alguna”.
Otro punto de la propuesta pasa por la investigación de las causas de los incumplimientos y cancelaciones que se han venido produciendo de manera reiterada en los últimos meses, depurándose las responsabilidades que pueda haber y articulándose las medidas técnicas y económicas que garanticen una mayor operatividad del aeropuerto de La Gomera y eviten las cancelaciones continuas por la compañía adjudicataria de la obligación de servicio público.
Al respecto, Julio Cruz hizo hincapié en que en los últimos cuatro meses, se han producido 40 cancelaciones -16 solo en diciembre- que han afectado a más de 1.200 pasajeros, mientras que en 2016 fueron más de 90 los vuelos cancelados. “Resulta absolutamente necesario que se investiguen los motivos por los que se producen estas cancelaciones y se depuren las responsabilidades pertinentes”, insistió.
Por último, se pedía un aumento de la subvención del transporte aéreo interinsular para los pasajeros residentes de las islas no capitalinas al 75 por ciento, tal y como ha promovido el PSOE desde el Parlamento de Canarias con la aprobación, en la última sesión plenaria, de una proposición no de ley socialista encaminada a este objetivo.
5,8 MILLONES CONSIGNADOS EN LOS PGE
En su intervención en el Senado, Julio Cruz recordó que las obligaciones de servicio público están declaradas por el Consejo de Ministros desde junio de 2006 y su objetivo es garantizar una prestación mínima de servicios aéreos regulares en términos de continuidad, de regularidad, de tarifas y de capacidad mínima. Indicó que antes de la declaración de OSP, esas prestaciones las hacían varias compañías de forma directa y en competencia con otras empresas, pero en 2011 dejaron de prestarlas y las abandonaron, “de ahí la necesidad de que el Estado hiciera un contrato de obligación de servicio público, poniendo recursos para garantizar que esos servicios se prestan a los ciudadanos”.
Así, en 2014, esas frecuencias se adjudicaron a Binter Canarias por dos años y recientemente, en 2016, se sacó de nuevo a licitación y se adjudicó a Naysa. “No obstante, la realidad es que esa obligación de servicio público no se cumple en La Gomera. Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se dispone de una partida de 5,8 millones de euros para una obligación de dos rutas diarias entre La Gomera con Tenerife Norte y con Gran Canaria, pero la de Gran Canaria no se hace directamente, sino vía Tenerife Norte, y en ambas rutas los horarios son inadecuados porque no responden a las necesidades de los usuarios”, expuso.
El senador del PSOE insistió en el deber de que los recursos públicos sirvan para cumplir el objetivo para el que fueron diseñadas las obligaciones de servicio público. “No es una cuestión política, sino simplemente que, pese a haber una obligación de servicio público, La Gomera continúa especialmente perjudicada, aun teniendo un aeropuerto al que se le puede sacar mayor competitividad”.
COHESIÓN TERRITORIAL, ECONÓMICA Y SOCIAL
Julio Cruz recordó que en Canarias hay declaradas trece rutas aéreas como obligaciones de servicio público, entre las que figuran Tenerife Norte-La Gomera (y viceversa) y Gran Canaria-La Gomera (y viceversa), ambas con una frecuencia mínima de dos idas y dos vueltas diarias. “Se trata de rutas fundamentales para garantizar la conectividad de La Gomera con el resto de Canarias y con el exterior, e imprescindibles para la cohesión territorial, económica y social del archipiélago”, afirmó.
Sin embargo, continuó, la realidad es que solo se mantienen dos frecuencias y solo en conexión directa a Tenerife Norte, mientras que para viajar a Gran Canaria es necesario hacer escala en Tenerife. En cuanto a los horarios, el senador subrayó que no se adecuan a las necesidades de los usuarios y solo responden a los intereses de la compañía adjudicataria, que utiliza las horas valle del resto de rutas para conectar La Gomera.
“Así, el primer avión llega a La Gomera a las 10:00 horas de lunes a domingo y la primera salida desde La Gomera a Tenerife es a las 10:30, de tal forma que si viaja a Gran Canaria, llegaría a las 12:30 como muy pronto. En cuanto a la salidas, desde Gran Canaria el límite máximo sería a las 16:00 hacia Tenerife para enlazar en el vuelo único que sale a las 17:00 horas desde esta isla hacia La Gomera”, expuso.
Por todo ello, Cruz insistió en que las frecuencias, horarios y tarifas incumplen el objetivo del sistema de obligaciones de servicio público cuyo objetivo es facilitar la movilidad de los canarios concibiendo las siete islas como una unidad administrativa, económica y política.
Agregó que se quiebra también de manera flagrante el cumplimiento del principio de solidaridad, con atención particular a las circunstancias derivadas del hecho insular, algo que debe garantizar el Estado y que reconocen la Constitución Española y los tratados de la Unión Europea. “Es el momento de que el Gobierno de España proceda a resolver este problema y dé respuesta a las necesidades de La Gomera”, remarcó.
