El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado este miércoles al diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, que, de modificarse, la Ley Electoral del archipiélago debe cambiarse en el Parlamento regional y que él no es quién para decir si debe hacerse o no.
No obstante, ha reconocido por «convincentes» algunos de los argumentos que ha esgrimido Quevedo para defender su tesis.
Ésta se la respuesta que ha dado el jefe del Ejecutivo a Quevedo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ante su reclamación de que se aproveche la tramitación en la Cámara de la reforma del Estatuto Canario para cambiar también su «injusto» y «antidemocrático» sistema electoral.
Exotismo y disparates
Para convencer a Rajoy de la necesidad de modificar la ley canaria, Quevedo le ha recordado que el sistema vigente desde hace 35 años produce «disparates» y «galimatías» como que el PP, segunda fuerza en Canarias, tiene 12 diputados, mientras que la tercera fuerza en votos (Coalición Canaria) cuenta con 18 escaños.
Quevedo ha emplazado también a corregir el «déficit democrático» y el «exotismo» que, a su juicio, suponen las barreras del 6 y el 30% que fija la norma electoral para entrar en el Parlamento regional, dependiendo de la islas, y ha añadido que allí «el valor de los votos es tal que el 18% de los electores tiene la mitad de los diputados y el 82% la otra mitad».
El diputado ha remarcado ante Rajoy que el Congreso tiene competencias para aprobar una nueva ley electoral porque ya lo hizo en el pasado y ha admitido, no obstante, que el tema se tiene que resolver en Canarias «a través de una ley que no se ha hecho porque no se ha querido».
En cualquier caso, ha insistido en que se puede aprovechar la tramitación del nuevo Estatuto para hacerlo. «Le pido ayuda para acabar transitoriamente con esta cuestión», ha rogado al presidente del Gobierno.
Rajoy ha reconocido su «cierta sorpresa» por el hecho de que el PP sea segunda fuerza en Canarias con 12 diputados y la tercera tenga 18, y ha admitido que es un argumento «convincente» para reclamar que se cambie el sistema, pero ha hecho hincapié en que esa decisión excede de sus competencias.
«Aquí estamos tramitando el Estatuto, pero en el Parlamento canario tienen una comisión de estudio sobre la ley electoral y lo sensato y lo razonable es que eso lo resuelva el Parlamento canario. Quien no puede hacerlo es el presidente del Gobierno, yo tengo otras obligaciones y otros problemas. No es sensato que yo tenga que decir cómo tiene que ser la Ley Electoral de Canarias», ha zanjado.