El comportamiento muy habitual de algunas corporaciones económicas multinacionales les sitúa por encima de los intereses de la mayoría y de los estados donde intervienen. Les coloca, por tanto, por encima de la democracia y de los derechos de los pueblos. Se limitan a extraer beneficios de unos recursos naturales que no les pertenecen y a causar daños medioambientales irreversibles, sin que en muchas ocasiones las poblaciones locales se vean beneficiadas en modo alguno. Tenemos ejemplos de ello en numerosos países de distintas zonas del mundo.
En ese marco, en esa mentalidad, en esa práctica devastadora, en ese nulo respeto a los pueblos y sus instituciones; podemos enmarcar las recientes e insultantes declaraciones del presidente de Repsol Antonio Brufau que, una vez más, han causado un profundo rechazo e indignación en Canarias.
En estado de euforia por el reciente descubrimiento de importantes bolsas de petróleo en Alaska, Brufau se vino arriba y aprovechó la ocasión para ajustar cuentas y calificar de “tercermundista” el comportamiento de Canarias cuando Repsol comenzó a realizar prospecciones en aguas cercanas al Archipiélago. Desvalorizando el rechazo mayoritario expresado por la ciudadanía de las Islas y por el conjunto de las instituciones canarias, entre ellas, su Parlamento y su Gobierno así como la práctica totalidad de sus cabildos y ayuntamientos.
El proceso vivido en nuestra tierra hace muy pocos años cuando, en 2013, se anunció desde Repsol el inicio de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura impregnó la vida social y política en la anterior legislatura autonómica. Fueron momentos de una enorme presión, ejercida por la compañía y por la Administración estatal. El Gobierno central apoyaba de forma decidida las prospecciones en nuestro Archipiélago mientras que se comprometía con los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares, comunidades entonces gobernadas por el PP, a paralizarlas por sus posibles efectos negativos en el turismo; una actitud absolutamente incomprensible e injusta.
Pero fue, sobre todo, un momento de una masiva, pacífica y unitaria respuesta ciudadana y de las instituciones, que además confirmó la sensibilidad que existe en Canarias con los temas que afectan al territorio y al medio ambiente. Lo que debería hacer reflexionar a quienes hoy, a través de distintas propuestas legislativas, pretenden establecer una barra libre que permite todo tipo de actuaciones y pone en grave peligro el presente y futuro de Canarias.
50.000 empleos
En aquel momento, la compañía Repsol, con el apoyo permanente y entregado del entonces ministro Soria, intentó vender las bondades de las futuras extracciones. Algunos medios llegaron a hablar, sin sonrojarse, de la creación de hasta 50.000 nuevos empleos, el doble de todos los puestos de trabajo que Repsol tiene en sus centenares de explotaciones en más de una treintena de países. Como si aquí fueran a sacar el petróleo a mano y balde a balde.
Desde la petrolera nos intentaban convencer a los habitantes de esta tierra, mediante agresivas campañas mediáticas y publicitarias, de que el oro negro iba a incrementar de forma exponencial el PIB de las islas y convertirnos, de la noche a la mañana, en nuevos ricos. Y, por supuesto, de que los riesgos medioambientales eran prácticamente inexistentes.
Subvertir la verdad
Aunque para ello tuvieron que subvertir por completo la verdad. La ley de hidrocarburos española establece que más del 90% de los beneficios se lo lleven las empresas que realizan las extracciones que tendrían que pagar, qué menos, lo que corresponde en el impuesto de Sociedades. Al Estado. No a la comunidad canaria, por cierto.
Lo real, lo rigurosamente cierto, es que una empresa privada se llevaba el grueso de los beneficios del petróleo extraído y Canarias corría con todos los riesgos medioambientales de la operación. En caso de producirse un accidental derrame, no sería el primero ni el último, daría al traste con nuestra rica biodiversidad marina y causaría, asimismo, un daño incalculable a nuestra principal industria, el turismo. Menudo negocio.
Pero en los cálculos de la compañía, del Gobierno estatal y de Soria no estaba la ejemplar respuesta ciudadana que se produjo. Aunque los temas medioambientales –El Rincón, Veneguera, Vilaflor…- habían suscitado grandes movilizaciones en el pasado, el asunto del petróleo superó todos los pronósticos. Con enorme variedad de acciones reivindicativas, dentro y fuera del Archipiélago, que culminaron con manifestaciones, las más concurridas de nuestra historia, el mismo día, en los distintos territorios insulares.
Los estudios sociológicos también confirmaban el rechazo mayoritario (en torno al 75% de la población) a las prospecciones por parte de los canarios y las canarias de todas las islas, no solo de las más afectadas por su cercanía a las mismas. Los intentos de realizar una consulta para pulsar la opinión pública fueron frenados por el Gobierno del Estado con el argumento de su exclusiva competencia en materia de hidrocarburos.
Al final, no se respetó la voluntad ciudadana y Repsol comenzó unas prospecciones en noviembre de 2014 que abandonaría poco después, al entender que el volumen y la calidad de lo hallado no compensaba los costes de la operación extractiva.
Ahora, tras la indignación que han producido los exabruptos del presidente de Repsol, su falta de respeto a los hombres y mujeres de esta tierra y a sus instituciones representativas, es un buen momento para recordar las virtudes de aquella movilización unitaria y de la conciencia medioambientalista de la sociedad canaria. Aunó la defensa de la naturaleza y el medioambiente con la exigencia de la capacidad para decidir sobre aspectos que comprometían el presente y futuro de esta tierra, así como la apuesta por las energías renovables para las que tantas condiciones tiene Canarias.
Su expresado desprecio a esta tierra, a su gente y a sus instituciones, merece una contundente respuesta. Brufau se ha ganado, con creces, ser considerado una persona non grata en Canarias.